Educación en México: cuando el territorio decide el destino

Durante años hemos discutido y analizado la educación en México como si fuera un promedio nacional. Cobertura, inversión, resultados. Un número que sube o baja y con eso creemos entenderlo todo. El problema es que los promedios esconden más de lo que revelan. El más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2026, lo deja claro: el territorio sigue siendo uno de los mayores determinantes del destino educativo de una persona. En otras palabras, origen sigue siendo destino.

No se trata solo de si un niño o una joven va o no a la escuela. Se trata de dónde vive, cuánto tarda en llegar, si su escuela tiene internet, si el calor extremo interrumpe las clases, si hay transporte, si el edificio resiste una lluvia intensa. En resumen, la educación también depende del código postal.

La región ha logrado avances importantes en solo algunos indicadores. Por ejemplo, la educación primaria está cerca de la universalización y ese es un logro que no debe minimizarse. Sin embargo, conforme avanzamos en la trayectoria educativa, el sistema se vuelve frágil. La educación secundaria, media superior y superior siguen siendo los grandes cuellos de botella. Y no es un fenómeno homogéneo: las brechas se amplían cuando miramos el mapa con lupa.

En México, los datos son reveladores. El país invierte entre 3.2 y 3.9% del PIB en educación, por debajo del promedio regional (4.3%) y de la OCDE (4.8%). Pero el dato más revelador es cuánto se invierte por estudiante. En primaria, México destina alrededor de 1,500 dólares por alumno, frente a más de 3,100 en América Latina y más de 9,000 en los países de la OCDE. La diferencia no es marginal: es estructural.

Este bajo nivel de inversión se traduce en trayectorias educativas incompletas que no se sustituyen con becas al menos que éstas estén alineadas a incentivos de aprendizaje o permanencia. Aunque la primaria está casi garantizada, muy pocos estudiantes —especialmente en zonas rurales— logran llegar a la educación superior. Y cuando miramos los aprendizajes, la alerta es aún mayor. Las evaluaciones internacionales muestran que una gran proporción de estudiantes termina la secundaria sin alcanzar los niveles mínimos de competencias académicas básicas, particularmente en matemáticas y comprensión lectora. En contextos rurales, la situación es crítica: no solo se abandona más, también se aprende menos.

Aquí es donde el informe del BID aporta algo fundamental: la perspectiva geoespacial. No basta con saber qué está mal; necesitamos saber dónde está mal. El análisis territorial permite identificar con precisión dónde se concentran las barreras: falta de infraestructura, mala conectividad, distancias excesivas, escuelas expuestas a riesgos climáticos, zonas urbanas segregadas o comunidades rurales aisladas. Barreras que los promedios nacionales simplemente invisibilizan.

¿Por qué esto importa para quienes toman decisiones? Porque invertir sin esta información es hacerlo a ciegas. Asignar recursos de manera pareja en contextos profundamente desiguales no es neutral: reproduce la desigualdad. La evidencia muestra que educar en zonas rurales o remotas suele ser más costoso, no más barato. Escuelas pequeñas, dispersas, con mayores desafíos logísticos. Cuando no se reconoce esto, el resultado es predecible: menos infraestructura, menos docentes especializados, menos oportunidades de aprendizaje.

La lección es clara: la política educativa del siglo XXI no puede diseñarse desde el escritorio sin mirar el territorio. Necesitamos pasar del promedio al mapa, de la repartición de recursos a la focalización inteligente, de la inercia presupuestal a la eficiencia con equidad.

Para México, esto implica al menos cinco decisiones urgentes. Primero, incorporar de manera sistemática el análisis territorial en la planeación educativa. Segundo, priorizar inversión adicional en los territorios donde el rezago es estructural, especialmente en secundaria. Tercero, invertir mejor y rendir cuentas claras: infraestructura, conectividad y transporte escolar donde más impacto tienen. Cuarto, integrar educación y gestión de riesgos climáticos; la escuela también se ve afectada por el calor, la lluvia y la geografía. Y quinto, fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos para usar datos y evidencia en tiempo real.

La educación no falla de manera abstracta. Falla en lugares concretos, para personas concretas. Seguir ignorando el territorio es aceptar que el origen determine el destino. Si de verdad queremos hablar de movilidad social, competitividad y desarrollo, el primer paso es sencillo, aunque incómodo: mirar el mapa y decidir en consecuencia.

Porque en educación, como en tantas otras cosas, no todos parten del mismo lugar. Y mientras no lo reconozcamos, seguiremos sorprendidos por resultados que, en realidad, estaban escritos en el territorio desde el inicio.