Moncloa confía en que Podemos recule, pero Junts no traga el sapo
El Gobierno ha puesto este martes sus cartas encima de la mesa, a la espera de que su plan surta efecto. El tiempo apremia. El objetivo es aprobar las medidas que la Cámara le tumbó la semana pasada: la revalorización de las pensiones y el escudo social proveniente de tiempos de la pandemia. Por eso, a Sánchez «no le quedó más remedio», según explican en el Ejecutivo, que trocear el dichoso decreto «ómnibus» y separar la subida de las pensiones, de las mínimas y de las no contributivas, del resto: la suspensión de los deshaucios y lanzamientos, la garantía de los suministros de luz, agua y gas y la prórroga de los descuentos del bono social para las personas en situación de vulnerabilidad.
Los obstáculos son dos partidos más que beligerantes con la política del Gobierno: Podemos y Junts. Moncloa espera que los morados reculen y los posconvergentes, que ayer advirtieron que tumbarían el decreto del escudo social, permitan la aprobación de ambos.
El PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo en la mañana de ayer, justo antes de entrar en el Consejo de Ministros. Los socios de los socialistas presionaron para que no separaran las medidas sociales del resto de medidas fiscales, en su mayoría exenciones para los afectados por la dana de 2024 en el Levante y los incendios del pasado verano en la España interior. De esa manera, en el Ejecutivo esperaban que Junts, que asumían que tenía «tragarse un sapo», se lo tomar.
Es más, según ha sabido este diario, es lo que fueron pregonando a Sumar. En el Ejecutivo sabían que los de Carles Puigdemont, con quienes han negociado directamente, tendrían enfrente a la banca catalana, gran tenedora de vivienda, si decidían permitir la aprobación del decreto que paraliza los desahucios. Poco importa que el Gobierno se viera obligado a premiar al PNV al modificarlo para que solo los tenedores de tres viviendas o más, sean los que no puedan desprenderse de aquellas personas que demuestren situación de vulnerabilidad ante el juez y hayan incurrido en impago del arrendamiento.
Ese gesto hacia el PNV lo era también hacia Junts. Aunque en el Gobierno lo que menos se entiende es la postura de Podemos. La secretaria general morada, Ione Belarra, publicó ayer un duro mensaje en la red social X, sin conocer en detalle los decretos que aprobó el Consejo de Ministros, en el que catalogó como «un asco» el pacto al que llegó el Gobierno con el PNV.
Para los morados, es intolerable desde el punto de vista ideológico, admitir a quienes tienen al menos dos viviendas –una de ellas en régimen de alquiler–, como personas que salvaguardar del impago. Pero en Moncloa insisten en que no queda más remedio que «transaccionar». «No tenemos una mayoría para hacer el decreto que queremos. Nos lo tienen que aprobar partidos que están en las antípodas entre ellos, así que toca pelear para que acepten y esperar que lo hagan. No creemos que Podemos, que se ha metido en un callejón sin salida, se atreva a votar en contra y tumbar el decreto para que se sigan desahuciando al 90% de las personas vulnerables», zanja una fuente al tanto de las negociaciones dentro del Ejecutivo.
Estas mismas fuentes reuerdan que Moncloa tiene capacidad de repartir entre sus socios para que todos «ganen sus particulares batallas». Cabe recordar que Podemos logró la semana pasada colgarse la medalla del decreto de regularización de inmigrantes, una de las grandes banderas del partido. El Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dio al partido morado el mérito del acuerdo.
Y todo con el objetivo de darle aire en pleno ciclo electoral autonómico y en plena competencia con Sumar. Moncloa espera, además, que ese gesto a Podemos desbloquee otro compromiso socialista a los independentistas catalanes: el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Precisamente, esa promesa fue lo que permitió hace un año que Junts no tumbara el mismo decreto «ómnibus» del Gobierno.
Lo cierto es que por mucho que fuentes oficiales del Ejecutivo reiteren que la relación con Junts «está rota», los cauces no están del todo cerrados. Es más, las fuentes consultadas creen que, llegado el momento, pueden facilitar la aprobación del decreto del escudo social aunque ayer dijeran que lo tumbarán. Bolaños ya trabaja para ello. Cabe recordar que la renuncia al acta de diputado del exministro socialista José Luis Ábalos dio al PSOE un voto más en la Cámara y abarató el coste para el Gobierno de pactar con Junts.
Ahora, los socialistas no necesitan el voto afirmativo de los siete diputados comandados por Miriam Nogueras, sino su abstención. No cambia mucho, pero sí modifica lo suficiente en marco de negociación como para que el PSOE tenga unos gramos más de fuerza. El ministro Bolaños lleva tiempo hilvanando un marco de confianza con los socios del Ejecutivo para abrir un escenario que permita, al menos, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Tanto él como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, están empeñados en lograr ese debate y presentar las cuentas. Ambos, además, con fines personales. La propia Montero, candidata en Andalucía, necesita al menos presentar la ley más importante de su departamento. Y Bolaños, que lleva tiempo construyendo un perfil dialogante, necesita ganar relevancia en el PSOE, donde carece del control orgánico de una federación.
El presidente del Gobierno, que ha dado orden de estirar la legislatura hasta 2027 sea como sea, prosigue su estrategia de intentar poner de acuerdo a una mayoría imposible. Las elecciones de Aragón, el próximo domingo, y las de Castilla y León, el 15 de marzo, son dos campos en los que el Gobierno intentará jugar su particular partida contra sus propios aliados. Todo sea por lograr un éxito con el que disimular las crisis