Condorcanqui: más de 800 casos de abuso sexual infantil en riesgo tras despidos en fiscalía especializada
A pesar de que en Condorcanqui se han registrado alrededor de 800 casos de abuso sexual contra menores, el Ministerio Público ha despedido a trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Río Santiago y El Cenepa, debido a la falta de presupuesto.
Esta fiscalía, con menos de un año de creación, fue implementada para investigar de manera especializada los delitos contra la libertad sexual en Condorcanqui, ante el incremento de casos. Sin embargo, hoy su desmantelamiento pone en riesgo las investigaciones, que podrían quedar impunes en una provincia con altos índices de violencia sexual.
Solo en 2025 se han registrado más de 300 nuevos casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y la mayoría de los presuntos agresores permanece en libertad.
No es todo, el desmantelamiento de estas unidades fiscales pone en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, la primera de la provincia, ya que dejaría a las víctimas sin profesionales especializados en el ámbito legal, psicológico y social.
De acuerdo con una fuente del Ministerio Público de Amazonas, alrededor de 26 trabajadores CAS han sido despedidos. Advirtió que ante esta situación las fiscalías penales provinciales quedarían sin el apoyo administrativo indispensable para avanzar con las investigaciones.
“Hay una vulneración de derechos indígenas. El Estado incumple su deber de protección hacia los pueblos Awajún y Wampís, permitiendo que la falta de recursos económicos se convierta en cómplice de la violencia sexual”, señaló la fuente.
Sin personal especializada
Ante esta situación, Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, informó que el 14 de enero celebraron la puesta en marcha del sistema especializado de justicia en Condorcanqui, un paso histórico para proteger a las víctimas de abuso sexual en las comunidades awajún y wampís. Sin embargo, advirtió que hoy ese esfuerzo corre el riesgo de quedar en nada.
Indicó que le resulta incomprensible que, pese a que las sedes del Ministerio Público en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa se encuentran totalmente equipadas, ahora el sistema de justicia sea desarticulado por falta de presupuesto.
“No se trata de un simple recorte; se trata de que han desmantelado la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT). Han despedido de manera arbitraria a 26 trabajadores CAS, quienes estaban enfocados en la tramitación de los casos de agresiones sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes awajún y wampís”, señaló.
Pioc expresó su preocupación por los cientos de casos que han quedado a la deriva, ya que estas sedes se han quedado sin psicólogos, abogados defensores ni trabajadores sociales para atender a las poblaciones más vulnerables.
“Señor presidente, desarticular la protección a las víctimas de abuso sexual es una negligencia que no podemos permitir. Exijo al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público que restablezcan de inmediato la operatividad de estas sedes y sus equipos multidisciplinarios. No permitamos que la impunidad gane esta batalla en Amazonas. La dignidad de nuestras niñas y mujeres debe ser una prioridad los 365 días del año”, enfatizó.
Se solicita que se reponga a personal
Por su parte, la congresista Flor Pablo indicó que, ante este panorama, ha solicitado mediante un oficio al Ministerio Público y a la Comisión de Fiscalización del Congreso que se reponga y fortalezca el trabajo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer.
Señaló que los casos de abuso sexual contra menores continúan incrementándose y que es necesario garantizar que las investigaciones no queden en la impunidad.
Explicó que, con mucho esfuerzo, se logró instalar la primera Cámara Gesell en Condorcanqui para sancionar con penas severas a los violadores; sin embargo, advirtió que ahora esta infraestructura se encuentra sin personal especializado.
“En diciembre se quiso retirar a los defensores del Ministerio de Justicia y ahora ocurre lo mismo con el personal del Ministerio Público. Yo he presentado un proyecto de ley para abordar este problema desde la prevención hasta la sanción, porque existe una falencia en nuestro marco jurídico”, afirmó.
Pablo precisó que este no es un tema menor, ya que los casos de abuso sexual en Condorcanqui representan solo la punta del iceberg de lo que ocurre a nivel nacional. Indicó que en el Instituto Nacional Materno Perinatal una gran parte de las madres son adolescentes, muchas de ellas producto de una violación, y que esta cifra sigue en aumento.
“No basta con atender solo la parte médica; también debemos trabajar el ámbito educativo. Por eso es tan importante la educación sexual integral, que lamentablemente es mal vista por este Congreso. En lugar de avanzar y proteger, se está retrocediendo. Este es un problema integral que exige que, como sociedad y como Estado, pongamos en primer lugar a nuestras niñas y adolescentes”.
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"Un golpe en la fiscalía especializada"
Para Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, esta situación “pinta de cuerpo entero a quienes hoy están dirigiendo la Fiscalía de la Nación”. Señaló que el actual titular del Ministerio Público no solo ha afectado investigaciones por corrupción de conocimiento público y nacional, sino que además tiene como objetivo desactivar los avances impulsados desde la sociedad civil para la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas.
Recordó que las fiscalías especializadas forman parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), creado al amparo de la Ley N.° 3364, y que en este sistema existe una responsabilidad directa del Ministerio de la Mujer. En ese marco, destacó la importancia de garantizar la continuidad del personal de los Centros de Emergencia Mujer en Amazonas.
Precisó que en esta región recién se había logrado implementar una Cámara Gesell, una de las pocas acciones concretas para proteger y garantizar los procesos judiciales y la vida de las niñas awajún víctimas de violación, un problema de conocimiento público.
“Cuando tienes un sistema y este recibe un golpe desde la Fiscalía, ese golpe es contra la población. Contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en toda su diversidad. Ya veníamos acumulando legislaciones que vulneran derechos desde este Congreso, y ahora se suma la actuación de un fiscal que no está defendiendo los derechos de la ciudadanía”, afirmó.
Miloslavich advirtió que estas decisiones dejan en situación de desamparo a niñas, adolescentes y mujeres, ante al aumento de casos.
“Somos un país de una región donde, cada cuarenta minutos, ocurre un feminicidio en América Latina. Estamos hablando de cifras altísimas, mientras desde la Fiscalía se anuncia la desactivación de estas fiscalías especializadas y el despido de quienes las han sostenido”, señaló.
Además, sostuvo que el mensaje que se está enviando es grave. “Tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia para que todas y todos tengamos acceso a él. Sin embargo, lo que hoy se nos dice es que el acceso a la justicia no es para la población amazónica, no es para las mujeres, no es para las niñas violadas. El mensaje que está dando la Fiscalía es extremadamente fuerte y preocupante”.