Despiden a un trabajador por dar positivo en esta sustancia pese a que su médico se la había recetado para tratar su enfermedad
Jean-Jacques Modeste, técnico de mantenimiento con casi 30 años, 27 más concretamente, de experiencia al servicio en la RATP, un operador de transporte público en la ciudad de París, se encuentra inmerso en una controversia laboral tras ser despedido por consumir CBD como parte de su tratamiento para la bipolaridad.
La empresa parisina de transporte público decidió ejecutar una drástica decisión que ha estado marcada por sancionar a un trabajador con intachable trayectoria profesional, todo ello ignorando el hecho de que la víctima disponía de una documentación médica que respaldaba su situación y su consumo terapéutico.
Este conflicto comenzó cuando se llevó a cabo una prueba de detección de sustancias, donde se identificó la presencia del cannabis. A pesar de que Modeste presentó recetas y certificados que avalaban su tratamiento, la RATP mantuvo una postura inflexible, suspendiéndole temporalmente y, posteriormente, despidiendo al trabajador.
Su abogado argumenta que el consumo de CBD es legal en Francia y que las funciones de Modeste no implicaban riesgos para terceros. La empresa, sin embargo, interpretó el resultado del test como motivo suficiente para una sanción definitiva.
El caso se encuentra pendiente de resolución judicial
A sus 47 años, el profesional ha iniciado acciones legales para impugnar su despido, buscando que la justicia reconozca la legitimidad de su tratamiento médico y revoque la decisión empresarial. La situación plantea interrogantes fundamentales sobre los límites de las pruebas de drogas en el ámbito laboral, especialmente cuando median diagnósticos médicos y tratamientos terapéuticos certificados.
Modeste denuncia un trato deshumanizado que reduce su extensa trayectoria profesional a un mero resultado analítico, sin considerar su contribución durante tantos años a la empresa. El caso se encuentra pendiente de resolución judicial, con la mirada puesta en cómo los tribunales franceses interpretarán los derechos del trabajador frente a las políticas corporativas de la RATP.