¿Alianza legítima o pacto con sombras?

Este 31 de enero, los 340 alcaldes del país elegirán al nuevo presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), una entidad que administra cientos de millones de quetzales en fondos públicos; además, representa el pulso territorial del país. Esta elección no es un mero trámite administrativo; es un espejo de las alianzas políticas que definen el futuro de la gobernabilidad local.

En esta ocasión, Bernardo Arévalo ha virado su apoyo hacia Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, un municipio enclavado en un departamento donde el narcotráfico ha ganado terreno con fuerza en los últimos dos años y donde varias alcaldías mantienen estrechos vínculos con el crimen organizado.

Arredondo pertenece al partido Cabal, liderado por el diputado Luis Aguirre, un operador de la familia Mendoza de Izabal, señalada como uno de los cárteles más poderosos del país; ha sido señalada por narcotráfico, despojo de tierras y asociaciones delictivas, con miembros extraditados a EE. UU. por tráfico de drogas.

Las relaciones de Cabal con el crimen organizado no se limitan al entorno de los Mendoza: figuras visibles del partido mantienen vínculos directos con el cártel de Los Ipala y con el de Los Caradura.

Cabal, ha sido el principal aliado del gobierno de Movimiento Semilla, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, y la disputa por la presidencia de la ANAM vuelve a alinearlos.

La alianza entre Arévalo y Aguirre representa un matrimonio entre el poder legítimo, encarnado en el gobierno de “la nueva primavera”, y el poder real pero ilegítimo del crimen organizado. No es secreto que muchos alcaldes, particularmente en zonas fronterizas como Izabal o costeras, mantienen lazos cercanos con el narco o forman parte directa de sus redes. Estos jefes ediles controlan rutas de tráfico, lavado de dinero y corrupción local, convirtiendo municipalidades en engranajes del hampa.

En este contexto, elegir a Arredondo pondría en bandeja de plata no solo los recursos millonarios de la ANAM, sino también acceso privilegiado a círculos de poder nacional. La entidad influye en presupuestos municipales y control territorial, lo que podría facilitar operaciones ilícitas a gran escala.

Esa alianza, para Arévalo, ofrece sustento territorial vital, ya que Semilla solo ganó una alcaldía en las elecciones generales. Sin embargo, ¿beneficia más al gobierno o a las redes criminales que buscan legitimidad? Esa movida podría fortalecer al Gobierno de Arévalo en el corto plazo, pero a costa de erosionar la integridad institucional.

Además, considerando la agenda de EE. UU. en la región —donde cárteles como los Mendoza son catalogados como organizaciones terroristas y sujetos a sanciones—, esta elección sentaría un precedente nefasto. Washington ha extraditado a guatemaltecos por narcotráfico y revocado visas por corrupción; un triunfo de Arredondo podría tensar relaciones diplomáticas y cuestionar el compromiso anticorrupción de Arévalo.

El país merece una ANAM independiente, no un puente al crimen. Los alcaldes deben elegir con visión de país, no de conveniencia. El 31 de enero no solo define un cargo; define el rumbo ético de nuestra república.