Anticorrupción cierra filas con la UCO en la investigación por los sobres del PSOE
La Fiscalía Anticorrupción ha salido en defensa de la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el "caso Koldo". El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha frenado el paso a Santos Cerdán, en su intención por anular la actuación de los agentes en las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional por el metálico que entregó el PSOE a José Luis Ábalos y a Koldo García.
En la nueva documental incorporada a la causa, y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio Público responde al exdirigente socialista que el material del que se vale la Guardia Civil para investigar si estas entregas son constitutivas de un delito de blanqueo no ha aparecido de manera casual, sino que forma parte del procedimiento. Cabe recordar que el Tribunal Supremo remitió a la Audiencia Nacional esta parte de las pesquisas al sospechar presuntas irregularidades con los abonos.
En concreto, le derivó el informe de la UCO de octubre que desveló el cobro de sobres de metálico en Ferraz y otra documental relacionada con los abonos del PSOE, además de las declaraciones del exgerente del partido Mariano Moreno y de la empleada de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez. El magistrado Moreno entendió que había visos para investigar estos hechos y, a petición de la Fiscalía, requirió al partido todos los pagos efectuados en metálico en la última década. Se trata de un material incorporado ya a la causa y que analiza ya la Guardia Civil.
"Procedimiento inquisitorial
Sin embargo Cerdán denuncia en su recurso de apelación que la Guardia Civil está analizando material del Tribunal Supremo en las diligencias de la Audiencia Nacional sin las debidas garantías. En concreto recurrió una providencia del pasado 27 de noviembre y un auto del 12 diciembre, relacionados ambos con la investigación por el metálico del PSOE. La defensa de Cerdán desliza además que se estaría ante un "procedimiento inquisitorial" si los investigadores se estuvieran valiendo de pruebas secretas.
Además, vuelve a dejar caer que todas las evidencias digitales incautadas por la Guardia Civil tras el estallido del caso podrían haber sido manipuladas con inteligencia artificial. Se trata de pruebas telefónicas y audios (sobre todo los incautados a Koldo García) que son especialmente relevantes, toda vez que dieron paso a la elaboración de informes policiales que desvelaron el presunto amaño de obras públicas o el cobro de sobres por parte de Koldo García que contenía metálico de Ferraz.
La Fiscalía, sin embargo, ha impugnado dicho recurso asegurando que la UCO investiga el "caso Koldo" tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo y, que, además, consta la autorización expresa del juez Moreno a que la UCO accediera a todo el material relativo a la investigación del PSOE.
Aval al papel de la UCO
"No hay un hallazgo casual que exija su inmediata comunicación. Hay un proceso de elaboración policial con el tratamiento de información intervenida en distintas diligencias, por descontado autorizadas judicialmente, que da lugar tras meses de trabajo por parte de la UCO a la presentación de un nuevo informe policial ante esta Sala Segunda. Es parte de este informe, junto con la información facilitada por el PSOE al Tribunal Supremo en distintas comunicaciones y dos declaraciones testificales lo que el Magistrado Instructor de esta causa especial remite por Auto de 31 de octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción", responde la Fiscalía.
Cabe recordar que cuando el Supremo remitió la investigación de la caja del PSOE a la Audiencia Nacional por ser el órgano competente, Moreno dictó una serie de resoluciones en las que designó expresamente a la UCO como policía judicial de esta pieza secreta. La Fiscalía dice al respecto que ni tan siquiera era necesaria esta diligencia, toda vez que este mismo cuerpo investiga el caso Koldo desde su mismo inicio y que, por lo tanto, ya tenía acceso a todo el material incautado puesto que las diligencias de los registros las llevaron a cabo ellos mismos.
Además, avala el flujo de información del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional dado que se trata del mismo procedimiento. A su alegato se suman también las acusaciones populares, que litigan bajo el paraguas del Partido Popular, y que respaldan la actuación de la Guardia Civil y del juez en estas pesquisas secretas. Al respecto denuncian que no se ha incorporado "ninguna evidencia externa" al procedimiento como así lo expone Santos Cerdán.
"Lo que se pretende aquí es desdibujar un pronunciamiento de mero trámite sobre el acceso operativo a evidencias ya intervenidas judicialmente, convirtiéndolo prácticamente en un supuesto de nueva injerencia", reza el escrito que firma el abogado Alberto Durán. El Tribunal Supremo, por su parte, ha fijado el próximo 5 de febrero a las 10.00 horas para deliberar el recurso de Cerdán. Se ha designado ponente al magistrado Pablo Llarena.