Moncloa sortea la crisis ferroviaria
No se sabe cuánto, pero se intuye que queda poco, o muy poco, para que finalice la inusitada tregua política que el principal partido de España –que también lo es de la oposición– ha brindado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la tragedia de Adamuz, donde el descarrilamiento de un Iryo y el posterior choque con un Alvia dejan ya la insoportable cifra de 42 víctimas mortales. Se trata de la peor catástrofe de la historia de la Alta Velocidad en nuestro país y coincide con el peor momento del servicio. El deterioro en los últimos años ha sido flagrante a ojos de todos los usuarios y los que no son usuarios.
Para muestra, el caos del pasado verano, con escenas difíciles de olvidar: múltiples incidencias, innumerables retrasos, una política de devolución de precios mucho más laxa, trenes varados en las vías de madrugada. Una consecución de hechos a los que ahora hay que añadir el accidente. En un tramo que, sin embargo, acababa de ser renovado con una inversión de 700 millones de euros.
De momento, se desconoce una versión oficial y final sobre los hechos. Y los expertos coinciden en reclamar paciencia para dar con una causa concreta, pero el Partido Popular asegura que hay una primera hipótesis muy realista de lo que pudo haber sucedido que el Gobierno no quiere airear. Porque le dejaría en evidencia. En última instancia, apuntan a un ahorro de costes en la soldadura de la vía, que se habría llevado a cabo de forma manual porque era más barato. Una especulación que tampoco el PP quiere compartir con la opinión pública a viva voz.
Lo que sí tienen claro en el equipo de Alberto Núñez Feijóo es que «si no falló el maquinista, que ya está claro que no falló; si no falló el tren, que también está claro que no falló; si no hubo un sabotaje, que está claro que no lo hubo», el único fallo posible fue la vía del tren. Y el mantenimiento de la vía corresponde, en última instancia, al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente. Un perfil político que no ha hecho precisamente grandes esfuerzos por ganarse, ya no el cariño, sino al menos el respeto de la oposición.
Sobre lo que está por venir, nadie quiere anticipar ningún acontecimiento.
Aunque, este martes, cuando por la tarde saltó la noticia de que Adif, en atención de los reiterados requerimientos de los maquinistas, decidía rebajar el límite de velocidad en el tramo Madrid-Barcelona, distintos mandos populares comenzaron a señalar a Puente.
De manera implícita, sin citar al ministro, lo hizo el vicesecretario Juan Bravo, que recordaba el anuncio previo de que se iba a duplicar la velocidad. «Una decisión de este calado y en el contexto actual exige una aclaración de inmediato. Los ciudadanos deben tener explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses. Esto no puede esperar», escribía en su perfil de X.