Cartera Digital Beta: De la utopía anunciada por el Gobierno a una realidad parcial y con riesgos
El Gobierno lo anunció en enero de 2024. A finales del verano de ese mismo año estaría operativa la aplicación Cartera Digital Beta, una herramienta para establecer un método de verificación de edad que impidiese el acceso de menores de edad a contenido pornográfico por Internet. Dos años después, sigue sin conocerse ni la fecha concreta de entrada en funcionamiento ni cómo se implementará realmente la herramienta. Las asociaciones que trabajan por la promoción y la defensa de los derechos de los niños y adolescentes lamentan esta tardanza; sin embargo, este retraso no es lo que inquieta a los expertos en salud digital, derecho digital y ciberseguridad. A ellos les preocupa las deficiencias con las que, “irremediablemente”, contará la aplicación.
En enero de 2024, el proyecto se planteó como un mecanismo que, en la práctica, obligaría a los usuarios, incluidos los adultos, a enseñar su DNI, pasaporte, certificado digital o carné de conducir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para poder acceder a las páginas etiquetadas como inadecuadas para menores. El hecho de tener que identificarse fue el detonante de numerosos debates sobre la necesidad de salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, pero, a la vez, sobre el derecho al anonimato y a la privacidad de los adultos en internet. También hubo avisos sobre la posible exposición de los datos de millones de personas a la ciberdelincuencia por las posibles vulnerabilidades en seguridad que pudiera presentar la aplicación.
El siguiente hito en su implementación fue en julio de 2024, con la publicación de las especificaciones técnicas. De este modo, culminaba la fase de diseño de la herramienta. Según explicó en ese momento el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, la puesta a disposición de las especificaciones técnicas permitía a todos los operadores implicados en impedir a los menores de edad el acceso a contenidos para adultos realizar los trabajos preparatorios necesarios para que sus usuarios puedan utilizar este sistema en cuanto estuviera disponible. Comenzaba la fase de desarrollo. Esta, según el ministro, duraría “algo más de dos meses”.
Nada se supo hasta octubre de 2025. Según fuentes del Ministerio de Transformación Digital, cuya cartera había sido traspasada a Óscar López en septiembre de 2024, la herramienta había recibido la última verificación de seguridad, por lo que su construcción se daba por finalizada. Sin embargo, esto no significó su puesta en marcha. De hecho, su despliegue quedaba congelado por el Ejecutivo a la espera de que la Unión Europea defina un sistema único de verificación de edad. ¿El motivo? Evitar la creación de una herramienta nacional que quede obsoleta en pocos meses o que no sea compatible con el modelo comunitario que se prevé implantar de forma generalizada a partir de 2026.
Así, mientras Bruselas define su marco definitivo, la aplicación española permanece técnicamente terminada, pero políticamente congelada pese a ser la herramienta de verificación de mayoría de edad “más avanzada de Europa y acorde a los estándares europeos actuales”, como aseguran desde Transformación Digital.
Esta decisión prolonga un escenario de desprotección que las asociaciones y fundaciones dedicadas a los derechos de la infancia consideran especialmente preocupante. Y es que, la edad media de primer contacto con la pornografía continúa descendiendo y la exposición temprana a este tipo de contenidos se vincula a problemas de salud mental, distorsión de la educación afectivo-sexual y normalización de la violencia sexual.
Cada día de retraso es un día de desprotección
“Lo estamos reclamando desde 2018, cuando dimos a conocer los resultados del Estudio que comprendía desde 2009 hasta 2016”, recuerda Sonsoles Bartolomé, directora del Departamento Jurídico de las Líneas de Ayuda de la Fundación de Ayuda a Niños/as y Adolescentes en Riesgo (ANAR). “En sus recomendaciones figuraba, específicamente, la necesidad de regular el acceso y uso por menores de edad de Internet y medios digitales y sí pedíamos el bloqueo, a través del medio técnico que fuera necesario”, indica.
Desde entonces, han pasado ocho años, un periodo durante el cual la Fundación ANAR ha reiterado su demanda a través de informes, recomendaciones y propuestas normativas posteriores. Bartolomé subraya que cada día de retraso es un día perdido en protección, “un día en el que los menores siguen accediendo de forma fácil, sencilla y regular a contenidos pornográficos y violentos”.
No obstante, también traslada matices. El primero es que, el retraso en la puesta en marcha de Cartera Digital Beta es razonable dada la trascendencia y sensibilidad del proyecto. “La implantación debe hacerse con todas las garantías y de forma efectiva”, subraya. Esta valoración la comparte el presidente del Consejo Asesor de la Asociación de Salud Digital (ASD), Jaime del Barrio, quien considera que España necesita esta herramienta “para garantizar un control uniforme, seguro y respetuoso con la privacidad, alineado con la normativa europea”, y recalca que los principios de prudencia y seguridad “deben imperar sobre los demás”.
Del Barrio reconoce: “Estamos acostumbrados a que haya una cierta anticipación entre la promesa pública/política y la formalización legal y administrativa, ya que el calendario real acaba consolidándose con una tramitación compleja y a diferentes niveles”. En su opinión, en esa evolución, “sería de interés público una mayor transparencia en comunicar hitos intermedios (pilotos, beta pública, casos de uso habilitados, …) ya que esto ayudaría a gestionar expectativas”.
Y recuerda que nos movemos en un contexto marcado por la complejidad técnica y legal, la certificación de seguridad del Centro Criptológico Nacional, la interoperabilidad con sistemas nacionales y europeos y la necesidad de blindarse frente a filtraciones de datos y vulneraciones de derechos. “Mejor tardar, dentro de lo previsible, y hacerlo bien que improvisar y comprometer datos sensibles, evitando a toda costa una lex ab initio nulla”, sostiene. Se refiere a que esta solución no solo debe buscar la protección de los menores, sino también preservar la privacidad y la libertad digital de los adultos. “El reto es evitar que la verificación se convierta en un mecanismo de vigilancia o en una base de datos sensible”, apunta.
Una herramienta de alto valor para redes criminales
Precisamente, expertos en ciberseguridad siguen alertando de que la centralización de credenciales oficiales vinculadas al consumo de contenidos especialmente sensibles convertiría esta herramienta en un objetivo de alto valor para hackers y redes criminales, con riesgos que van desde la suplantación de identidad y el fraude hasta la extorsión, las coacciones y el daño reputacional.
Estos expertos en ciberseguridad, junto a especialistas en derecho digital, coinciden en señalar que a esta herramienta le será imposible cumplir su auténtico cometido: controlar al 100% el acceso al contenido pornográfico. “Hoy por hoy, no existe ninguna tecnología capaz de garantizar el control total del acceso a este tipo de contenidos. Y es que, hablamos de una industria global, extremadamente sofisticada, que se mueve constantemente por vías que van por delante de la regulación. Así, en el mejor de los casos, esta aplicación podrá reducir una parte del problema, pero nunca erradicarlo al cien por cien”, advierten los expertos en derecho digital.
En este macro, Cartera Digital Beta se perfila más como una herramienta de reducción de daño que como una solución definitiva, y su eficacia real dependerá tanto de su blindaje técnico como de su integración en un marco europeo aún pendiente de culminarse. “La industria pornográfica tiene una enorme capacidad de evasión, una capacidad tecnológica muy superior a la de la regulación para esquivar cualquier sistema de control”, insisten. En esta línea, Jaime del Barrio comenta: “Las plataformas afectadas han mostrado resistencia porque la verificación reduce tráfico y, por tanto, ingresos. Su potencial económico es alto y está en riesgo”.
Más allá de la verificación
Una de las consideraciones que traslada la directora del Departamento Jurídico de Fundación ANAR es que los sistemas de verificación de edad son una medida muy importante, pero no son la única solución a un problema que es global y complejo. “La verificación de edad es necesaria, pero insuficiente por sí sola. Solo funciona si se integra en un ecosistema de corresponsabilidad donde familias, escuela, industria y Estado actúan de forma coordinada para garantizar los derechos de la infancia también en el mundo digital”, sostiene.
De la misma opinión es el presidente del consejo asesor de la ASD. “La tecnología por sí sola no basta: debe ir acompañada de campañas educativas o formativas para familias, tutores, educadores y menores sobre riesgos, consentimiento y uso responsable de Internet”, sostiene.