El "plan Montero" de financiación autonómica disparará el agujero del Estado: "Los recursos no salen de la nada"
Las dudas sobre el "plan Montero" de financiación económica ya no se limitan a los gobiernos autonómicos, que han denunciado la ruptura del principio de solidaridad territorial, sino que se extienden al propio sistema y su modelo fiscal, ya que la reforma planteada por el Gobierno sin Presupuestos aprobados "reduciría las capacidades de financiación del Estado central al aumentarse las de las comunidades autónomas", lo que podría tener efectos negativos sobre el rating soberano español.
Así lo ha advertido la compañía de calificación S&P Global Ratings, que avisa de que el gasto de las 15 comunidades de régimen común, al manejar un presupuesto mayor, "condicionarían en mayor medida la salud financiera de España", además de que su "imprecisa configuración" dejaría más expuestas a las regiones en caso de desaceleración o recesión económica. "La reforma implica un aumento de transferencias del Estado a las autonomías, lo que supondrían nuevos ingresos que reducirían su endeudamiento y reduciría las diferencias de financiación entre comunidades", algo "comprensible y razonable". Sin embargo, advierte de que se "expone más a las comunidades al ciclo económico» y de la «alta complejidad en su aplicación, al obligar a las regiones a elegir qué tipo de ingresos quiere tener".
El informe de S&P cree que el impacto real va a depender del uso que hagan las comunidades con ese dinero adicional, además de que el Gobierno debe explicar de dónde van a salir esos recursos, porque "no salen de la nada", es decir, que "se retraen del Estado, que pierde margen de actuación". Por ello, S&P ha advertido de que esta reducción de recursos estatales elevará el déficit estatal, lo que podría traducirse en un "impacto presupuestario negativo si no se toman otras medidas".
La calificadora también ve dificultades "importantes obstáculos" debido a la fragmentación política y la aritmética parlamentaria, ya que la mayoría de comunidades se han opuesto ante una "percepción de injusticia" en el trato relativo derivado del diseño del nuevo sistema, al haberse antepuesto un acuerdo previo con una de las regiones, Cataluña, que desvirtúa el resto de la reforma. Igualmente, sobre un probable escenario en el que el aumento de las transferencias a las regiones se gaste, al menos en parte, "prevemos un impacto presupuestario negativo en el saldo de las Administraciones Públicas, salvo que se adopten medidas presupuestarias compensatorias".
La propuesta del gobierno implica 21.000 millones de euros adicionales a los que el modelo actual prevé proporcionar en 2027 un aumento de aproximadamente el 12%, en el que todas las comunidades autónomas recibirían más fondos -excepto Extremadura y Cantabria, que ya se benefician de los mayores niveles de financiación del sistema actual, señala S&P-, aunque "el impacto presupuestario relativo variaría según la región". Según recuerda el informe, los recursos adicionales provendrían de una mayor participación en las dos principales partidas de ingresos tributarios y de transferencias adicionales del gobierno central, por los las comunidades autónomas recibirían el 55% de la recaudación del IRPF y el 56,5% de la del IVA, frente al 50% actual para ambos.
Las transferencias adicionales del gobierno central incluirían fondos específicos para combatir el impacto del cambio climático, en particular para regiones mediterráneas como Valencia, Cataluña y Andalucía. Con el nuevo sistema, las regiones podrían optar por recibir parte de los ingresos del IVA de las pequeñas y medianas empresas de su territorio, en lugar de los ingresos del IVA basados en el consumo, o participar más directamente en la recaudación de impuestos.