Defender el comercio sin olvidar a los ganaderos y agricultores del territorio
El acuerdo que va a firmarse entre la Unión Europea y Mercosur, después de años de negociaciones e intentos frustrados, va a generar la mayor zona de libre comercio del mundo con un mercado que rondará los 740 millones de personas. En un contexto internacional donde las grandes potencias aspiran a aumentar sus redes comerciales las oportunidades que se abren son ingentes. Eso sí, no debemos obviar que no nace exento de polémica y temores por parte de agricultores y ganaderos europeos.
Este acuerdo va a permitir a los países firmantes eliminar el 90% de los aranceles entre ellos y el comercio de bienes y servicios en mejores condiciones. Refuerza la posición de Europa frente a China y EEUU pero no debe hacerlo obviando la realidad de nuestro sector agroalimentario. Al contrario, debe protegerlo. Debe cuidar a nuestros productores locales.
No fue pacífica la firma del Acuerdo Económico y Comercial (CETA), entre Canadá y EEUU en octubre de 2016 y que entró en vigor en 2017. El resultado, tras casi una década, ha sido francamente positivo. Han aumentado exponencialmente nuestras exportaciones, sobre todo en el sector agroalimentario, y el saldo de la balanza comercial de Europa frente a Canadá es positivo. El beneficio comercial de este Tratado es más que evidente.
Todo esto no es óbice para comprender que el agricultor o el ganadero sientan el temor en estos acuerdos de competir en desigualdad si las medidas de protección no son las adecuadas. Y ahí las instituciones tenemos una gran responsabilidad.
Cuando nuestros productores y las organizaciones agrarias llaman la atención de la UE no tiene por qué entenderse necesariamente como un rechazo ni un capricho frente a los acuerdos comerciales. Es la muestra de un temor generalizado de no querer sentirse como moneda de cambio de otros sectores que acaben poniendo en peligro su propia existencia.
Tras la posición de países que desnivelaban la balanza en este acuerdo, la Comisión Europea ha introducido más medidas de protección, pero nuestros productores las consideran difíciles de llevar a cabo.
La realidad y los motivos por los cuales distintos países han votado en contra del acuerdo como Francia, Irlanda, Polonia, Austria o Hungría, incluso la abstención de Bélgica, es diversa. Es conocida la presión que ejercen los chalecos amarillos en París y la capacidad de paralizar el país. Más aún si cabe en un momento donde se encuentra con un gobierno precario y una inestabilidad política que persiste. Pero no es menos cierto que este descontento de agricultores y ganaderos se está alimentando por partidos euroescépticos y populistas que han encontrado aquí un caldo de cultivo perfecto para sus intereses. Lo que sobrevuela en esta discrepancia es la división real a la que se enfrenta la propia Unión Europea en un tema estratégico para su futuro papel en el tablero internacional.
Es indiscutible la necesidad de recuperar el papel que le corresponde y urgente resulta que lo lleve a cabo, no solo en el ámbito económico sino más aún en materia de seguridad y defensa. Pero este papel debe ser compatible con la protección de sus ciudadanos y sus actividades económicas, sobre todo en lo referido a un sector que con orgullo denominamos la despensa de Europa. En un mundo donde la prioridad y la dificultad será alimentar a una población que no deja de crecer no resulta baladí el interés que suscita en determinados fondos de inversión que aumentan su presencia en nuestro sector primario.
La defensa del cumplimiento de las cláusulas espejo, el control fronterizo único son demandas justas y por las que debe velar la Comisión Europea. En el caso de los dos últimos elementos son aún más necesarios porque la normativa legal de los distintos países hace difícil un cumplimiento al 100% de esas cláusulas espejo. En cambio, aplicar con rigidez ese control fronterizo único evita en gran medida la introducción de productos en territorio europeo que no cumplan con las garantías exigidas a los productores locales. Y es clave que ese control fronterizo sea único. De nada sirve los controles en los puertos españoles si luego entran, por ejemplo, a través del puerto de Rotterdam.
No olvidemos nunca que nuestros agricultores y ganaderos no se manifiestan contra el comercio internacional sino contra la competencia desleal e injusta a la que se ven sometidos.
Para que los acuerdos que se firman por parte de Bruselas no tengan consecuencias nefastas en determinados sectores son fundamentales determinadas medidas que blinden su trabajo.
Europa debe garantizar que las mismas condiciones de excelencia que se exigen a nuestra agricultura y ganadería se cumpla por quienes introducen sus productos en nuestros países. Si se permite comprar fuera lo que se prohíbe producir dentro, además de injusto, resultará socialmente muy caro. La deslocalización de determinadas actividades productivas y la quiebra de la cohesión social y territorial serán inevitables. Para evitarlo solo hay un camino, ampliar nuestras redes comerciales protegiendo a quienes nos alimentan y mantienen vivo nuestro territorio. De no ser así, quienes no esconden su rechazo a las instituciones europeas y plantean soluciones populistas e imposibles para problemas complejos, usarán este descontento para seguir galopando a un futuro incierto, más injusto e inseguro.