La Paz, retos de gobernabilidad y planificación
El pueblo boliviano, mediante el voto, ha expresado con claridad su voluntad de un cambio en la conducción del Estado, otorgando al actual gobierno el mandato de impulsar transformaciones orientadas a la estabilidad económica y social. En este marco, el Decreto Supremo 5503 constituye un instrumento para atender desafíos estructurales acumulados. Este proceso debe comprenderse desde una perspectiva democrática e institucional, reconociendo que las decisiones adoptadas responden a la voluntad popular y a la necesidad de preservar la gobernabilidad y el interés general.
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La Paz, sede de gobierno de Bolivia, requiere autoridades municipales y nacionales comprometidas con la solución de sus problemas estructurales. El departamento enfrenta una creciente crisis derivada de constantes movilizaciones sociales, marchas y bloqueos de carreteras que afectan la producción, dificultan el transporte de bienes y servicios y perjudican al turismo. Informes empresariales y gubernamentales estiman que, a nivel nacional, los conflictos generan pérdidas de entre 120 y 200 millones de dólares diarios, mientras que a nivel departamental estas alcanzan entre 10 y 20 millones de dólares, considerando producción, comercio, exportaciones, servicios y turismo. Estas cifras reflejan el alto costo económico de la conflictividad social para La Paz y el país.
Resulta indispensable fortalecer la institucionalidad y el diálogo como mecanismos de resolución de conflictos, evitando que la protesta derive en bloqueos que paralizan la economía y afectan a la ciudadanía. La paz social y el respeto al Estado de derecho son condiciones esenciales para el desarrollo sostenible.
En poco más de dos meses, las elecciones subnacionales permitirán elegir alcaldes y gobernadores responsables de atender los problemas de municipios y departamentos. Los paceños aspiramos a que, hacia 2030, La Paz se consolide como una ciudad sostenible, con planes alineados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ello implica erradicar la pobreza, aplicar políticas inclusivas, gestionar eficientemente los recursos naturales —especialmente el agua—, reducir la contaminación, proteger los glaciares y enfrentar de manera integral el problema del transporte urbano.
El crecimiento urbano es otro desafío crítico. En los últimos 50 años, la mancha urbana se duplicó, pasando de 50 km² en 1996 a 114 km² en 2022, lo que exige una planificación más eficiente para garantizar servicios básicos, movilidad y calidad de vida.
Persisten además problemas como el congestionamiento vehicular, el deshielo de las cumbres que amenaza el abastecimiento de agua y la contaminación de los ríos Choqueyapu y Katari, que desembocan en el lago Titicaca. Estudios señalan que el 92% de las aguas residuales orgánicas se vierten sin tratamiento, generando riesgos sanitarios. A ello se suma el impacto del cambio climático y los incendios forestales, que reducen el aporte glaciar y obligan a depender cada vez más del agua almacenada en represas.
Asimismo, es fundamental fortalecer la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre autoridades y población. De no ser atendidos con planificación y urgencia, estos desafíos podrían ubicar a La Paz entre las ciudades con mayor insatisfacción hacia 2030. En las próximas elecciones, los paceños debemos optar por autoridades con propuestas serias y sostenibles que garanticen un futuro más seguro y eficiente para la ciudad.
(*) Rolando Kempff Bacigalupo es licenciado en economía y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP)
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