Gobierno de José Jerí declara estado de emergencia en Pisco por 60 días para combatir la inseguridad
El Gobierno de José Jerí declaró estado de emergencia en la provincia de Pisco (Ica) por un plazo de 60 días como medida para enfrentar la inseguridad ciudadana. Durante ese tiempo la PNP continuará manteniendo el control del orden interno y contará con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Durante el período en que rige el estado de emergencia, se limita o suspende el ejercicio de los derechos relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales, previstos en el artículo 2 de la Constitución.
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Asimismo, los eventos religiosos, culturales, deportivos y en general cualquier actividad pública de gran afluencia deberán obtener autorización previa de las autoridades correspondientes, de acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. En cambio, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin requerir dicho permiso.
A su vez, el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, precisa que se conforma el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Jefe de la Región Policial Ica. El objetivo de este comando es liderar las acciones integradas a fin de "restablecer y mantener el orden interno, reduciendo significativamente los índices de criminalidad, y garantizando los derechos fundamentales de las personas en Pisco".
Contará con el apoyo del: Comité de Coordinación Distrital (CCD), Comité de Inteligencia (CI), Comité de Fiscalización (CF), Comité de Comunicación Estratégica (CCE), Fuerzas Integradas (PNP, FFAA, Serenazgo Municipal) de la provincia de Pisco.
Estado de emergencia en Pisco: ¿qué medidas incluye?
Las intervenciones se desarrollan principalmente en zonas consideradas críticas, definidas a partir del mapa del delito, información de inteligencia y registros estadísticos. Como parte de esta estrategia, se ha dispuesto el resguardo de instituciones públicas y la instalación de puestos de comando temporales que funcionan como centros de control operativo durante la vigencia del estado de emergencia. Estos puntos cuentan con presencia permanente de vehículos de las fuerzas del orden como medida disuasiva.
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El sostenimiento del control territorial incluye patrullajes permanentes y aleatorios a pie, así como patrullaje motorizado en áreas estratégicas como paraderos, mercados, centros comerciales y espacios vinculados a servicios públicos. Asimismo, se desarrollan operaciones policiales y controles de identidad tanto en la vía pública como en inmuebles y unidades de transporte, orientados a la ubicación y captura de requisitoriados.
De manera paralela, se realizan operativos continuos para el decomiso de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos ilegales, así como la fiscalización de su fabricación artesanal y comercialización. Estas acciones cuentan con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito.