La pesadilla de cualquier jefe: un empleado llevó a sus superiores a más de 50 juicios y perdió casi todos: “Soy la víctima”
Durante más de una década, Joseph Johnson, un trabajador del sector social que se presentaba como “especialista en desarrollo juvenil”, ha protagonizado uno de los historiales litigiosos más extensos del ámbito laboral británico.
Detrás de un currículum repleto de habilidades motivacionales y experiencia en proyectos comunitarios, se escondía un patrón que ha puesto en jaque a escuelas, organizaciones benéficas, ayuntamientos y centros deportivos: más de 50 demandas contra sus empleadores, casi todas por supuesta discriminación.
Un patrón repetido: acusaciones sin pruebas y un uso abusivo del sistema laboral
Johnson, de 45 años, ha denunciado a 16 organizaciones distintas, alegando en cada caso haber sido víctima de algún tipo de trato injusto: discriminación por raza, sexo, edad, discapacidad, represalias por denunciar irregularidades o despido improcedente.
En la mayoría de los procedimientos se representó a sí mismo, y aunque solo ganó uno, su estrategia generó un enorme desgaste económico y administrativo para quienes lo contrataron.
Los tribunales han descrito su comportamiento como “vexatorio” y orientado a utilizar el sistema laboral como herramienta de presión. En varias sentencias, los jueces señalaron que Johnson presentaba acusaciones sin pruebas, reinterpretaba cualquier conflicto como un ataque personal y utilizaba el proceso judicial para “disciplinar” a quienes consideraba responsables de sus despidos.
Las organizaciones afectadas relatan un patrón similar: ausencias constantes, bajo rendimiento, conflictos con compañeros y una reacción inmediata de hostilidad cuando se le pedía explicaciones. En algunos casos, antiguos supervisores aseguran que llegaron a sentirse intimidados por su actitud y por la amenaza permanente de una denuncia.
A pesar de que sus reclamaciones rara vez prosperaron, muchas entidades optaron por acuerdos extrajudiciales para evitar los costes legales de un proceso prolongado. Una pequeña organización juvenil llegó a gastar más de 8.000 libras en abogados para defenderse, una cifra que para entidades de ese tamaño supone un golpe directo a sus recursos.
El caso de Johnson no es aislado. Otros litigantes en serie, como Christian Mallon, han seguido estrategias similares, aprovechando vacíos legales y la dificultad de los empleadores para asumir largos procesos judiciales.
Expertos en derecho laboral advierten de que los cambios recientes en la legislación británica, que reducen el tiempo necesario para reclamar despido improcedente, podrían facilitar aún más este tipo de prácticas.
Mientras tanto, Johnson continúa defendiendo que es una víctima del sistema y que sus denuncias responden a un trato injusto. Sus antiguos empleadores, en cambio, lo describen como un riesgo laboral capaz de convertir cualquier desacuerdo en una batalla legal.
Su historial, ya conocido públicamente tras varias audiencias recientes, plantea una pregunta por el momento sin respuesta:: ¿cómo proteger a los trabajadores frente a la discriminación real sin abrir la puerta a quienes utilizan los tribunales como arma de presión?