Empresarios privados cuestionan feriado largo de Año Nuevo
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno de ampliar el feriado de Año Nuevo hasta el viernes 2 de enero, al considerar que la medida afecta la dinámica productiva y genera inestabilidad en el sector industrial del país.
El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, reconoció que la ampliación del descanso beneficia al turismo interno, pero sostuvo que su impacto en la industria es negativo, debido a la paralización parcial de actividades en una época clave para la producción.
“El miércoles ya en ambas fechas es un día a medias, jueves feriado, viernes feriado se mata el sábado también y en el tema industrial, eso complica mucho”, sostuvo, en declaraciones con Unitel.
Feriado
Desde el sector privado se observa con preocupación que, tanto en Navidad como en Año Nuevo, se aplicaron feriados extendidos en semanas consecutivas, lo que, a criterio de la FEPC, termina por generar una suerte de vacación colectiva que muchas industrias no pueden asumir debido a compromisos productivos y contractuales.
Demeure señaló que en diciembre se registraron dos feriados y que en enero se prevén tres, el 22 de enero, por la fundación del Estado Plurinacional, una situación que, si bien favorece a un sector específico, no incide de manera determinante en las decisiones de descanso de las familias, pero sí golpea con fuerza a la industria, que mantiene operaciones incluso los fines de semana.
Ante este escenario, el dirigente empresarial recomendó al Gobierno evaluar con mayor detenimiento este tipo de medidas en el futuro, tomando en cuenta que una parte importante de la población y del aparato productivo requiere continuidad laboral para sostener la economía.
El lunes, el Gobierno determinó declarar feriado nacional el viernes 2 de enero de 2026, ampliando el descanso por Año Nuevo en todo el país. El ministro de Trabajo, Édgar Morales, explicó que la decisión busca impulsar el turismo interno, con una proyección de movimiento económico de aproximadamente Bs 246 millones.
Sin embargo, desde algunos sectores consideran que la medida busca frenar las medidas de presión que impulsa la Central Obrera Boliviana (COB).
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