El caso Plus Ultra, pendiente del desprecinto de los registros de la UDEF
La causa abierta en los juzgados de Plaza de Castilla contra Plus Ultra está pendiente de analizar todo el material incautado en los registros del pasado 11 de diciembre. Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que la UDEF de la Policía Nacional se prepara para llevar a cabo el desprecinto de todos los documentos requisados en la sede de la compañía aérea y en el domicilio del empresario Julio Martínez Martínez. Se trata de documental determinante para impulsar estas diligencias abiertas por un presunto delito de blanqueo de capitales con el rescate de la mercantil.
La operación policial se llevó a cabo en el marco de unas diligencias que se siguen el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Se trata del mismo órgano que indagó en 2021 las condiciones de la inyección de 53 millones de euros públicos tras ser considerada empresa estratégica afectada por la pandemia. Dichas pesquisas se terminaron archivando porque no se prorrogaron en el plazo que marca la ley, pero cuatro años después, la misma juez asume esta causa que investiga a un presunta organización criminal dedicada al presunto blanqueo de fondos de Venezuela.
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción interpuso denuncia en la Audiencia Nacional en octubre de 2024 por estos hechos, pero tanto el juez instructor como la Sala consideraron que no eran competente para investigarlos. En dicha denuncia expuso que la red estaba integrada por extranjeros nacionalizados españoles y un abogado español que operaban en Francia, Suiza y España.
Tras el rastro del blanqueo
Anticorrupción se apoyó en las solicitudes de cooperación internacional que recibió de Francia y de la Fiscalía de Ginebra. Ambos países tenían ya en el foco a esta presunta trama criminal y pidieron auxilio a España para proceder a los registros de domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Dicha red se habría dedicado a blanquear fondos malversados por parte de funcionarios bolivarianos que procederían, por un lado, de la venta de oro del Banco de Venezuela y, por otro, de fondos del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) para abastecer a familias vulnerables.
La investigación a esta red llevó a la Fiscalía a Plus Ultra toda vez que la mercantil vinculada a Venezuela firmó unos préstamos con tres sociedades de la organización criminal implicadas en la venta de oro. Según la Fiscalía estos contratos daban cobertura a devoluciones por parte de Plus Ultra en fechas coincidentes con la recepción del polémico rescate que ya se investigó en los tribunales por malversación o delitos contra la Hacienda Pública, entre otros. Además, se constató que parte de este dinero público se desvió a cuentas en el extranjero de sociedades también vinculadas a la organización criminal.
Las fuentes consultadas por este medio explican que la Fiscalía acudió al juzgado de instrucción que investigó las condiciones de la ayuda después de que la Audiencia Nacional negara su competencia en el asunto. El órgano de Esperanza Collazos vio indicios de delito y abrió causa en el marco de la cual se produjo el operativo del pasado 11 de diciembre. Los agentes de la UDEF entraron a primera hora de la mañana en las oficinas de Plus Ultra donde permanecieron prácticamente todo el día. En paralelo, se procedió a la detención del presidente de la compañía, Julio Martínez Sola,y también de su consejero delegado Roberto Roselli. El operativo incluyó la detención del empresario Julio Martínez Martínez y de un abogado implicado en la red.
El peritaje del juzgado
Tras 48 horas detenidos, pasaron a disposición judicial. El juzgado de guardia les dejó en libertad provisional aunque acordó para todos ellos retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias en el juzgado. Los investigados se acogieron a su derecho a no declarar excepto Martínez Martínez, que ratificó en sede judicial lo confesado en dependencias policiales. Ahora la causa pone el foco en el análisis de todo lo requisado en los registros del 11 de diciembre que abarcaron, además, los domicilios de los detenidos. Este medio ha podido saber que los agentes se hicieron con abundante material y documentos de toda clase, que se estudiarán en las próximas semanas. La juez ha decidido mantener las diligencias secretas, al menos hasta que se analice todo lo requisado.
El objetivo es aclarar los verdaderos vínculos de la compañía aérea con esta presunta trama criminal y si, como apuntó Anticorrupción, se hizo un "uso indebido de ayudas públicas españolas" ya que ello sería constitutivo de una defraudación al Estado. Cabe recordar que las diligencias que impulsaron las acusaciones populares por el rescate de la compañía ya evidenciaron que la misma estaba en causa de disolución cuando el Gobierno de Pedro Sánchez le inyectó el millonario rescate.
A estas conclusiones llegó el peritaje independiente que encargó la juez Collazos para averiguar si cumplía o no los requisitos exigidos por la SEPI. La pericial detectó tres deficiencias: la primera fue la incorrecta calificación del arrendamiento de un avión que se tradujo en un beneficio en las cuentas de 2019 de 6,3 millones de euros. La segunda la no cuantificación de las provisiones de 1,8 millones de euros para pleitos judiciales y, la tercera, lo relativo al préstamo de 6,3 millones que les salvó de la quiebra en 2017 y que canalizaron del banco panameño Panacorp; entidad que tenía bonos en Venezuela. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado (que representaba a los miembros del Consejo Gestor de la SEPI) se opusieron a esta investigación y pidieron reiteradamente el archivo de la causa.