La burocracia y los costes esquilman el bolsillo de los autónomos: 3.000 euros en papeleos y un 2,4% más de gastos al año
Ser autónomo se ha convertido en una carrera de obstáculos en la que la presión fiscal, los costes laborales y los continuos cambios legislativos han levantado unas trabas que han colocado a miles de trabajadores por cuenta propia al borde de la desaparición, pese al récord de afiliaciones al RETA. Según detalla la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la carga burocrática que soportan los más de 3,4 millones de autónomos en España obliga a invertir más de 200 horas al año por trabajador y dispara el coste económico para sus bolsillos en 10.000 millones de euros. Unos datos «contundentes» que reflejan que un trabajador por cuenta propia destina una media de casi cuatro horas a la semana exclusivamente para realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. «Esta dedicación no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo», denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Haciendo números con todos estos datos, el resultado que se obtiene es que teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, esas 200 horas representan un coste de 3.000 euros anuales por cada autónomo. Por tanto, en una actividad donde la jornada media de un trabajador por cuenta propia es de 47 horas semanales, el resultado de esas cuatro horas perdidas en atención a su negocio o a su descanso para cumplir con la administración significa que los 3,4 millones de autónomos pierden 650 millones de horas al año en resolver trabas burocráticas, que no solo se han disparado en los últimos cinco años, sino que suponen «un coste añadido que merma drásticamente la capacidad de conciliación de este colectivo», inciden desde ATA.
El pasado año en España se publicaron 719 nuevas leyes y normas, un 5% más que el año anterior
Una situación que se agrava para el casi millón de autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, el aumento de la carga administrativa es aún mayor, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes. «La burocracia está ahogando al colectivo, puesto que oímos hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo», se queja el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que insiste en que «no podemos permitir que la Administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador laboral».
De este modo, ATA recuerda que las horas dedicadas a la burocracia por el total de los autónomos suponen tanto como el trabajo semanal de 278.000 autónomos. «Llevamos años oyendo hablar de simplificación de cargas, pero es algo que nunca llega. La realidad es que cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo. España no puede seguir a este ritmo. Se necesita un cambio radical porque la burocracia está ahogando y asfixiando a los autónomos», ha vuelto a incidir, enfatizando que «cada día dedican más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza». Y la consecuencia directa es que este contexto provoca que tengan «menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico».
Las horas dedicadas a la burocracia suponen tanto como el trabajo semanal de 278.000 autónomos
Otra de las derivadas provocada por este aumento regulatorio y el incremento de costes es el aumento de la economía sumergida entre los autónomos por culpa del entramado de leyes y normas que no para de crecer, así como por el aumento de la presión fiscal y la puesta en marcha de impuestos de diseño. «La informalidad está volviendo a repuntar en nuestro país. El problema es que a la gran cantidad de trabas y trámites, la grasa administrativa que tenemos, se le suma el aumento de cotizaciones y de impuestos, que se hacen ya a la carta, lo que complica mucho el trabajo de autónomos y pymes», reitera Amor, que reconoce que tras la pandemia se registró una reducción de la economía sumergida en el ámbito empresarial, pero que «ahora están volviendo a resurgir este tipo de iniciativas por culpa de una presión fiscal incesante y una sobrerregulación que nos ahoga».
Un ejemplo evidente es el régimen de hogar, en el que Ministerio de Trabajo ha elevado tanto las exigencias laborales y fiscales que el número de empleadas ha caído drásticamente. «Eso solo tiene un sentido y es que cada día están más en la informalidad por el exceso regulatorio y las zancadillas que no paran».
Para muestra, un botón: el pasado año en España se publicaron 719 nuevas leyes y normas, un 5% más que el año anterior –que ya fue de récord–, unas 3.500 páginas diarias, lo que vendría a ser como como 811 biblias. «Cada día hay un nuevo trámite, un nuevo impuesto, un registro de jornada que ha costado trabajo que la gente se adapte y todavía no es suficiente. Ahora llegará el Verifactu y la facturación electrónica», señala.
Con todas estas premisas, la precariedad laboral y social se ha extendido entre los autónomos. Cuatro de cada 10 trabajadores por cuenta propia tiene ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), situado en 1.381 euros brutos en 12 pagas, y el 61% está en o por debajo del salario medio, situado en 2.368 euros brutos al mes. Así lo recoge Uatae en su último estudio, que constata que la media salarial de los trabajadores por cuenta propia se sitúo entre 1.700 y 1.850 euros netos mensuales. Sobre los salarios, el 77% de los autónomos encuestados asegura que el incremento del SMI le resulta indiferente, un 6% que le afecta de forma positiva y solamente el 17% dice que le impacta de manera negativa.
El informe también destaca otro de los puntos que golpean el bolsillo del colectivo: el alquiler e hipoteca de su local, oficina o vivienda profesional. De media pagan en torno a los 760 euros y, entre el año 2023 y 2024, los alquileres de los locales comerciales han subido de media 240 euros en dos años y, previsiblemente, seguirán creciendo. Así, el 43% dedicó entre un 25% y un 50% de sus ingresos mensuales al pago de su local de trabajo y para el 47% de los autónomos el pago del local se ha convertido en el principal gasto de su actividad. Además, para el 73% el pago del alquiler o de la hipoteca es un lastre para la continuidad de su actividad económica y el 51% ha tenido problemas a la hora de alquilar una vivienda de uso personal por ser autónomos.
Por otro lado, en torno al 60% considera que la última reforma del RETA, que introdujo un sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores por cuenta propia, ha sido buena, pero el responsable del área jurídica de Uatae, Antonio García, ha afirmado que este nuevo sistema tiene peor percepción entre las rentas más bajas, a pesar de que ha reducido la cuota de los autónomos que estaban por debajo del SMI, mientras que las rentas más altas no son contrarias al mismo. «¿Por qué lo valoran de forma más negativa? Porque ha sido insuficiente la bajada de la cuota. Sigue siendo un enorme esfuerzo de sobrecotización para esas rentas (las más bajas) y, además, los datos son muy claros. Mientras que una persona que gana en el entorno de 500 o 600 euros destina a la cuota el 40% de los ingresos, es decir, cotiza un 40% o más, una persona que ingresa 6.000 euros no llega ni al 10%».
Dentro de este maremágnum regulatorio, el Consejo de Ministros se ha visto obligado a aprobar un real decreto que incluye la prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva (módulos) del IRPF para los autónomos. Esta medida se aplicará igualmente en los ámbitos de la agricultura, la ganadería y la pesca, al prorrogarse los límites para la aplicación del régimen simplificado.
Más de un millón de autónomos no cobra ni el salario mínimo
Más de un millón de autónomos, correspondientes a más del 20% de los afiliados al Régimen de Autónomos (RETA), declaran rendimientos mensuales inferiores a 900 euros y, de ellos, casi 800.000 «apenas sobreviven» con ingresos iguales o inferiores a 670 euros mensuales. En concreto, quienes declaran menos de esos 670 euros suman 795.413 autónomos y entre 670 y 900 euros, otros 270.784, de un total de 3,7 millones de trabajadores autónomos. Estos datos oficiales de la Agencia Tributaria «confirman el deterioro profundo y estructural del trabajo por cuenta propia en España», denuncia el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que incide en que estas cifras reflejan «una realidad incontestable. La burbuja del emprendimiento ha estallado y está condenando a la precariedad y a la pobreza laboral a cientos de miles de autónomos, empujados al sistema sin un proyecto empresarial viable ni ingresos suficientes para vivir con dignidad».
También denuncia que 460.980 –integrados en los grupos de colaboradores, socios de sociedades o personas que no desarrollan una actividad económica real– no declaran rendimiento alguno a pesar de cotizar en el sistema. Para Abad, una parte significativa de estas personas «no debería estar integrada en el RETA», por lo que ve necesario articular fórmulas alternativas, como convenios especiales con la Seguridad Social, tal y como ya existe en otros colectivos. «El sistema no puede seguir funcionando como un cajón de sastre donde cabe todo».