Ley contra financiamiento al terrorismo avanza en el Senado y prevén votarla en comisiones
La prohibición de financiamiento al terrorismo avanza en el Senado; las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos prevén votar el dictamen que modifica la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, refirió que “la reforma amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quién realmente controla o se beneficia de las operaciones”.
Además, se agregan actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos.
Incluso precisa obligaciones para corredores públicos y notarios, para colaborar en el combate al lavado.
Rechazó que sea una ley motivada por las presiones del presidente Donald Trump, ya que fue una iniciativa que se presentó desde 2023.
“Nos adelantamos incluso a Estados Unidos, ellos tienen una legislación laxa”, acotó en conferencia posterior a la sesión.
Aunque el dictamen original incluía a organizaciones sin fines de lucro, el senador morenista Manuel Huerta presentó una reserva para eliminarlo debido a las distintas formas jurídicas que estas pueden tener. Sin embargo, sí se vigilarán sindicatos y partidos políticos.
Durante la sesión de las comisiones, la senadora Carolina Viggiano adelantó que el PRI no acompañará el dictamen, ya que forma parte de un conjunto de leyes que implican un “sistema de vigilancia para el ciudadano”.
Explicó que, en esta iniciativa, se propone el uso de la Guardia Nacional para investigar el lavado de dinero, pero sin acompañamiento ministerial, lo que implica que militares observen cuentas sospechosas sin carpeta de investigación.
Criticó que al gobierno no se “le quita la tentación de controlar, del autoritarismo”.
Mientras, la panista Guadalupe Murguía criticó que se permita que un ente administrativo, como la Secretaría de Hacienda, pueda solicitar información a cualquier dependencia de gobierno, de cualquier orden, bancos, sindicatos, etc.