‘Caso Koldo’: las claves de la trama de las mascarillas vinculada al exasesor de Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dirige la investigación sobre una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario en los primeros meses de la pandemia que habría perjudicado a varias administraciones. Se investigan delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. Las intervenciones telefónicas, el rastreo del dinero y los seguimientos y escuchas de los encuentros de los implicados en la marisquería ‘La Chalana’ de Madrid han sido claves para destapar unos hechos que se han estado investigando durante casi dos años. 

En el centro de la trama está la empresa “instrumental” Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una compañía ajena al sector y que pasó de facturar cero millones de euros en 2019 a casi 54 en 2020 tras la adjudicación de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Transporte e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. Los investigadores cree que la empresa incluso habría sido seleccionada incluso antes de que se hicieran públicos los pliegos de las licitaciones. 

Son ocho los contratos de mascarillas bajo sospecha. El de mayor cuantía lo adjudicó Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020 por valor de 20 millones. Seis días después, el 27 de marzo, Adif firmó otro por valor de 12,5 millones. Ambos organismos dependen del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos (PSOE). Con apenas un mes de distancia, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior firmó otro por valor de 3,5 millones. Además, el Servicio Canario de Salud le adjudicó otros cuatro por un valor total de 12,3 millones y el de Baleares un último de 3,7 millones. 

En total, una empresa sin experiencia en el mercado sanitario ni contactos anteriores con los fabricantes chinos tuvo unas ganancias de más de 16 millones de euros en apenas dos meses suministrando material sanitario a diferentes administraciones. Fueron contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de urgencia, una modalidad que el Gobierno había aprobado ante la situación de extrema necesidad que imponía la pandemia. 

Las pesquisas se dirigen, por el momento, contra siete personas que tienen la condición de imputados, aunque fueron detenidas un total de veinte. Los investigadores otorgan un papel principal a Koldo García, asesor por entonces del ministro Ábalos y que habría recibido comisiones por ejercer como conseguidor. Fue él, sostienen, quien facilitó la información sobre las adjudicaciones de material sanitario que se iban a realizar y quien tenía la “relación directa” con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos. 

No obstante, el cerebro de la trama es el empresario Juan Carlos Cueto. A juicio de los investigadores era quien realmente controlaba Soluciones de Gestión como sociedad instrumental junto al también investigado Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora CF. Este último fue quien ejerció de "contacto" de la empresa instrumental con Koldo, pues ambos se conocían personalmente. Aldama era cónsul honorario en México cuando Ábalos fue de visita oficial al país en diciembre de 2018, adonde viajó acompañado por Koldo.

Además, Anticorrupción considera “pieza clave” a José Luis Rodríguez, un subteniente de la Guardia Civil que estuvo destinado en Transportes y que trabajaría de forma secreta para Cueto. También está imputado el empresario Iñigo Rotaeche, propietario de Soluciones de Gestión; la pareja de Koldo, Patricia Uriz; y su hermano Joseba, que desde 2019 trabaja en organismos vinculados al Ministerio de Transporte. 

El que fuera ministro y actual diputado no aparece como investigado en esta causa. Un auto del juez Moreno sí recoge el pinchazo de una conversación en la que los empresarios Cueto y Rotaeche conversan sobre las comisiones a raíz de una investigación que la Agencia Tributaria abrió a la empresa Soluciones de Gestión. En esa conversación, el primero le dice al segundo: “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo) ... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio”. Koldo García fue entre junio de 2018 y julio de 2021 asesor del titular del Ministerio, que entonces era Ábalos. 

Los investigadores creen que “un dato sumamente relevante y revelador” del papel que Koldo García pudo desempeñar en la adjudicación de los contratos es el “notable incremento patrimonial” del que disfrutó entre 2020 y 2022 y que “no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales”. En sólo dos años acumuló más de 1,5 millones de euros en bienes muebles e inmuebles y entre él y su mujer compraron tres pisos en Benidorm. Además, sus cuentas bancarias recogen más de 138.000 en ingresos en efectivo “sin justificación alguna”. Las cuentas de su hermano, que también vio “notoriamente incrementados” los ingresos en efectivo a partir de 2020, recogen otros 224.908 euros ingresados en efectivo sin justificar. 

No obstante, los mayores beneficios los habrían obtenido los empresarios implicados. Los informes aportados al sumario acreditan que Aldama obtuvo 6,7 millones de euros por las operaciones y que Cueto se embolsó 5,1 millones. Además, parte del dinero de las mordidas fue destinado a la compra de fincas en el municipio de Carballeda de Valdeorras (Ourense) o trasladado a cuentas bancarias en Brasil y Luxemburgo. 

El 10 de marzo de 2022, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano presentó una denuncia en Anticorrupción por presuntas irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la COVID-19 de la Administración General del Estado y el sector público institucional. Varias de ellas se archivaron pero ésta sí salió adelante. Fue una de las denuncias anunciadas por Isabel Díaz Ayuso en respuesta a la apertura de una investigación sobre las comisiones que cobró su hermano de un contrato público de compra de material sanitario, causa que fue archivada.