Diputados y supremos poderes definen orden de prioridad de proyectos de seguridad ciudadana
En reunión efectuada en el Congreso, los diputados y los poderes Ejecutivo y Judicial revisaron el avance de las reformas sobre seguridad.
Los jefes de las bancadas legislativas acordaron este miércoles, con los representantes de los supremos poderes, el orden de prioridad de los 10 proyectos de ley sobre seguridad ciudadana que se tramitarán en la Asamblea Legislativa.
El plan número uno, redactado en la mesa de trabajo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ampliaría el margen para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos graves, como homicidios, legitimación de capitales, narcotráfico o abusos sexuales contra menores de edad.
Según explicó el fiscal general, Carlo Díaz, el plan no busca una prisión preventiva automática, sino que amplía el concepto de víctima para incluir a toda la comunidad. Como ejemplo, mencionó el escenario de que personas realicen disparos al aire con armas de grueso calibre que puedan poner en peligro a los ciudadanos.
La legisladora Gloria Navas, coordinadora de la mesa de trabajo y presidenta de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, explicó que nadie podría recibir la medida cautelar sin un indicio comprobado, tal como lo establece el numeral 37 de la Constitución Política.
Navas agregó que la reforma no obstaculiza la presentación de recursos de apelación. Aclaró que el objetivo es ampliar las posibilidades de que un juez otorgue la medida cautelar en delitos más graves relacionados con el crimen organizado. Destacó que se eliminarían términos confusos como peligros para la ciudadanía y la nación.
El orden de prioridad para los demás proyectos es el siguiente:
- Ampliación de los delitos en los que el Poder Judicial puede efectuar escuchas telefónicas durante las pesquisas, así como el establecimiento de un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes de intervención.
- Prohibición de la naturalización a extranjeros condenados por delitos dolosos con pena de prisión superior a los tres años en los últimos diez años, tanto en Costa Rica como en el extranjero.
- Un proyecto sobre capitales emergentes que permitiría al Estado disponer de bienes que las personas no puedan justificar, mientras se espera una sentencia.
- Incremento de las penas para quienes se dedican a los préstamos gota a gota. Se impondrían sanciones de hasta 15 años si el delito es cometido por bandas del crimen organizado.
- Una reforma para limitar el otorgamiento de libertad condicional con tobilleras electrónicas.
- Endurecimiento de las penas por posesión y uso de armas ilegales.
- Una iniciativa para aumentar las penas para los adultos que usen a menores de edad en actividades delictivas.
- Ampliación a diez años o más del período durante el cual deben constar las condenas en el registro judicial, a partir del momento en que se cumple la sentencia. Este proyecto está listo para ser votado en segundo debate.
- Una reforma para ampliar los procesos judiciales contra los menores de edad.
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, destacó que la reunión tuvo como propósito principal escuchar las observaciones de las jefaturas de bancadas sobre los proyectos.
Ahora, señaló, queda por definir el procedimiento específico que se seguirá para cada uno de los textos, incluyendo la posibilidad de prescindir de algún trámite legislativo.
