El terrorismo que no existió en el procés

¿Terrorismo? Por desgracia, en España lo conocemos muy bien. Este país cuenta en su historia reciente con cientos de muertos por esta cuestión. No solo de ETA, que fue quien más mató. También del yihadismo. También de los GRAPO. También de la ultraderecha. También de los GAL. 

La violencia política no fue anecdótica: ni en la democracia ni en la Transición. Descontado el yihadismo –que sigue siendo una amenaza porque tiene dinámicas internacionales y orígenes muy distintos al terrorismo anterior– España fue el último país de Europa en acabar con este tipo de crímenes. ETA tardó más tiempo en desaparecer que el IRA en Irlanda, que la RAF en Alemania o que la Brigadas Rojas en Italia. Probablemente este retraso tiene que ver con los demás que sufre este país: con que fuéramos el último entre los grandes estados europeos en llegar a la democracia. No hay otra explicación. 

Todos los ciudadanos españoles con una mínima edad saben muy bien qué es el terrorismo porque lo hemos sufrido. Porque todos los madrileños de más de 30 años recordamos dónde estábamos en los atentados del 11M en Atocha y qué pasó ese día en nuestra ciudad. Porque a todos los zaragozanos de más de 45 años les pasa lo mismo con el atentado de la casa cuartel. Porque no hay un solo barcelonés mayor de 15 años que no recuerde los atentados yihadistas del 17A en Las Ramblas y en Cambrils. 

Sabemos qué es terrorismo. También qué no lo es. Y por mucho que insista el juez Manuel García Castellón, no hubo terrorismo en el procés catalán. Un muerto por infarto durante las protestas en el aeropuerto de El Prat no es una víctima del terrorismo. Cortar una autopista tampoco lo es. Y menos aún hay argumentos racionales para explicar por qué los manifestantes de ultraderecha que en noviembre bloquearon la A-6 en Madrid no han recibido en los juzgados el mismo trato que los CDR que hicieron lo mismo en la AP-7 catalana. ¿Qué clase de justicia es aquella que, ante hechos casi idénticos, aplica de forma tan distinta el Código Penal?

Porque seamos sinceros. El escándalo no está en que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados decida amnistiar unos delitos de terrorismo que nunca ocurrieron. El verdadero escándalo es otro: que haya jueces en España que lleven su oposición a este Gobierno a unos extremos así. Retorciendo el derecho a su favor. Con una surrealista interpretación que solo tiene algún sentido si se analiza bajo la óptica política. No la judicial. 

¿O acaso alguien cree que es casualidad?

Las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat fueron en octubre de 2019. Han pasado más de cuatro años ya. ¡Cuatro años! ¿A alguien le parece medio normal que solo cuando la amnistía entra en el debate público español el juez que lleva el caso decida imputar por terrorismo a dos de los principales líderes de ERC y Junts? ¿De verdad son terroristas Marta Rovira y Carles Puigdemont? ¿Por qué ahora sí y durante cuatro años no?

Otro dato. La muerte de esa supuesta víctima del terrorismo fue investigada ya. Cuatro años atrás. Los informes forenses ya aclararon entonces que el fallecimiento fue por un infarto, no por un atentado terrorista. Que ese turista francés pudo ser tratado a tiempo, a pesar de las protestas. Y que su muerte nada tuvo que ver con esta manifestación en El Prat. 

También hubo un proceso judicial. Y la jueza que investigó aquel infarto lo archivó, porque no había materia para más: fue una muerte natural. 

La verdadera y única razón por la que el PSOE y los independentistas han pactado este martes incluir en la amnistía los delitos de terrorismo –con esa coletilla de que solo cuando no existan “violaciones graves de los derechos humanos”– es porque no les queda otra opción. Porque no tienen otra vía para frenar el intento de algunos jueces para dinamitar una amnistía que ya han declarado que no les gusta. 

El escándalo no está en que una vicepresidenta, Teresa Ribera, critique al juez Manuel García Castellón. Es que un juez que cobró 17 años de puestos nombrados por el PP instruya casos que afectan al PP. O que este mismo juez que ha cuestionado  públicamente la amnistía –en un acto público acompañado de un conocido militante de Vox– pretenda actuar después como un juez imparcial en sus decisiones sobre los políticos independentistas. O que haya jueces y fiscales, obligados al imperio de la ley, que se manifestaran contra una ley que aún ni siquiera conocían y que, cuando el Parlamento la apruebe, tendrán la obligación de cumplir. 

Y seamos claros: esto no va solo de Manuel García Castellón, aunque sus maniobras sean siempre las más burdas y visibles. Porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hace meses que tendría que haber resuelto sobre el recurso de la Fiscalía contra la calificación de terrorismo que hizo este juez. Y aún no ha respondido. Porque el Tribunal Supremo podría haber rechazado de plano investigar por terrorismo a Carles Puigdemont. Y tampoco lo ha hecho. Hablamos de esa misma Sala de lo Penal del Supremo que el PP presumía de controlar “desde detrás”. 

García Castellón es solo la punta de lanza de una ofensiva judicial mucho más amplia, que no acepta el resultado de las urnas, y que tiene poco que ver con la ley. Que se sustenta en una interpretación más que equivocada del Estado de derecho y la separación de poderes. Una visión autoritaria que pretende negar al Poder Legislativo su función.

La Justicia emana del pueblo, como dice la Constitución. No nace de haber aprobado una oposición.