Viaje a una España del PP y Vox: pereza legislativa, propaganda e inseguridad jurídica en la senda de Castilla y León
Desde Castilla y León, piso piloto de los gobiernos de Vox –tal y como lo definió su líder, Santiago Abascal cuando se firmó el primer pacto autonómico de la extrema derecha–, se puede viajar a lo que, según la mayoría de las encuestas, sería el futuro de la España posterior al 23J. Después de más de un año de gobierno de la derecha y la ultraderecha no es difícil augurar qué haría Vox si gobernase el país, como pretende, bien en solitario, bien de la mano de un PP que ha dejado de hacer ascos a un partido que ha llegado a intentar saltarse normativa europea, como sus aliados en Hungría o Polonia.
La Junta de Castilla y León tiene un Gobierno bicéfalo. Por un lado está el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y por otro el vicepresidente, Juan García-Gallardo. Ni en los peores momentos Mañueco ha querido desautorizar a García-Gallardo porque de ello depende la continuidad de la coalición, así, ni uno ni otro se molestan públicamente aunque entren en conflicto. Este primer año de legislatura se ha caracterizado por el ruido y los desafíos al gobierno central, pero no por un trabajo intenso en materia legislativa.
El ejemplo más claro es que el verano pasado se empezaron a tramitar dos leyes básicas para Vox, la de Violencia Intrafamiliar y la de 'Concordia' que pretende derogar el decreto de Memoria Histórica. Y hasta hoy. Siguen en trámites, algo que desde el partido de extrema derecha se atribuye a una orden de Génova. Más sonada ha sido la presentación de la futura Ley de Patrimonio Cultural, de la que llegó a presumir el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y que tal y como reveló elDiario.es, resultó ser una copia literal de la que había estado elaborando Ciudadanos hasta que Mañueco rompió el pacto. Por contarlo todo, sí que se han aprobado leyes: la de Presupuestos, cuya aprobación se retrasó porque PP y Vox se equivocaron de botón al votar la ley que la acompañaba, y la Ley de Medidas Tributarias.
Quizás porque son lentos tramitando leyes y normativas, a veces, se las saltan. En noviembre el Gobierno de España tuvo que hacer un requerimiento para aclarar cómo se permitían alterar el protocolo de atención a embarazadas. El vicepresidente García-Gallardo había comparecido en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para presentar una medida que no había pasado por ese cónclave: el protocolo antiaborto. Aunque Vox no tiene competencias en Sanidad, una consejería que se quedó el PP, insistió en implantar unas medidas provida y en presentarlas a bombo y platillo. Según García-Gallardo, los médicos, obligatoriamente iban a ofrecer escuchar el latido fetal a mujeres que quisieran abortar, no sólo eso, también ecografías 4D. Poco después, con algunos sectores alertando de que esas medidas podían ser consideradas coactivas, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia añadía que nunca fue consultada y precisaba que, por un lado, el latido fetal no siempre es perceptible en fases muy tempranas del embarazo y que por otro, las ecografías 4D no pueden tener un fin recreativo ya que se usan para confirmar malformaciones en el feto, implican riesgos y además sólo son aconsejables en el último trimestre del embarazo.
El Gobierno de España, tras varias declaraciones confusas de García-Gallardo asegurando que se aplicarían las medidas, y del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, asegurando que se enviaría una Instrucción a los médicos, acabó requiriendo información. Lo que García-Gallardo había anunciado con la anuencia del PP era un cambio en el protocolo que es común y obligatorio en toda España. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, reaccionó recriminando que Castilla y León sufría una "política de acoso" por parte del Gobierno central, pero acabó admitiendo que no se pondrían en marcha medidas distintas de las que marcaban el protocolo, más allá de algunas "mejoras en la atención a embarazadas". Meses después, García-Gallardo sigue insistiendo en que sus medidas antiaborto se acordaron con el PP y que se pondrán en marcha.
Desde la Coordinadora de Mujeres de Valladolid (integrada por IU, Foro Feminista, Amnistía Internacional, Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, Mujeres Rondilla, Adavasymt, Dialogasex, Fundación Triángulo, el Consejo Local de la Juventud, Mujeres Castellanas y sindicatos (Stecyl, CCOO y UGT) consideran que "tener a la extrema derecha en puestos de poder supone siempre un retroceso en derechos de la ciudadanía en general" pero en el caso concreto de las mujeres se asiste a la apertura de debates que ya estaban cerrados como el de aborto. "No era tanto para llevar a cabo determinadas prácticas o para poner en peligro el derecho al aborto porque hay una ley que está por encima sino para reabrirlo, esa es un poco la lucha de la extrema derecha, abrir debates culturales y crear ruido en torno a asuntos que ya deberían estar superados". Así, recuerdan que utilizan el término "violencia intrafamiliar" para sacar una ley y no hacer nunca referencia a la violencia machista.
"Tenemos un vicepresidente de la Junta que asegura que la ley de violencia de género la utilizan las mujeres desalmadas –lo dijo en esos términos en un Pleno de las Cortes– para quedarse con la custodia de los hijos. Bueno, pues a partir de ahí nos podemos hacer una idea de qué es para esta gente la igualdad. Se han perdido inversiones para agentes de igualdad en los ayuntamientos, se han eliminado concejalías de igualdad con todo lo que ello supone, no sólo que se elimine una concejalía sino que la perspectiva de género en el gobierno se pierde", alertan.
Pero la Coordinadora no apunta sólo a Vox: "Consideramos también muy importante que más allá de que Vox haga cosas de extrema derecha, que es lo que se espera, lo verdaderamente preocupante es asistir a la rendición casi absoluta de un Partido Popular que hasta ahora pensábamos que estaba dentro de determinados acuerdos sociales como la violencia de género y ahora se ponen de perfil para que esos temas no les toquen o directamente se unen a Vox en esa lucha cultural ¿Cuánto más está dispuesto a entregar el PP a cambio de tener poder? esa es la verdadera pregunta. En el caso de Castilla y León estamos viendo esos retrocesos en los derechos de las mujeres, ataques directos hacia ellas, ataques a los derechos de los trabajadores, ataques a los derechos de los inmigrantes... ¿Qué va a ser lo siguiente, qué es lo que nos vamos a encontrar? Si llegara Vox al Gobierno de España el panorama sería aún peor porque aquí en Castilla y León al menos hemos tenido al gobierno central de parapeto, les ha parado los pies en varios momentos, pero si ese dique de contención se viene abajo nos podemos imaginar una sucesión de decisiones encaminadas a aplicar la agenda de la extrema derecha, que no es ni más ni menos que arrebatar los derechos conquistados que tanto han costado conseguir, y es fácil, no hay que olvidar eso, cuesta más lograrlos que anularlos".
Efectivamente, desde la Junta, en boca de su vicepresidente se ha atacado a las mujeres y también a los sindicatos. Con el anuncio de que se iban a suprimir 20 millones de euros "de subvenciones directas" a los sindicatos, comenzó García-Gallardo, con el consejero de Empleo, Mariano Veganzones como ariete, un ataque sin cuartel con quienes llaman "comegambas", "ultrasubvencionados" o "vendeobreros". Es más, García-Gallardo pone como ejemplo los recortes sufridos por CCOO y UGT -que les ha obligado a aplicar un ERE- y para "que se preparen para lo que les espera en el resto de España".
En realidad, y aunque García-Gallardo habló de ese recorte de 20 millones, la Junta de Castilla y León nunca ha dado esa subvención directa a los sindicatos, sino una nominativa de 1,2 millones a cada uno de los dos mayoritarios (CCOO y UGT) y otra cercana a los 3 a la CEOE, el resto del dinero va en concurrencia competitiva, o lo que es lo mismo, se convocan las subvenciones en materia de empleo y formación y se concursa por ellas. Lo que han hecho PP y Vox es apuntar a los sindicatos como perceptores de grandes subvenciones "a dedo" sin ser cierto y eliminar de los Presupuestos de Castilla y León la partida presupuestaria que corresponde a la denominación 'Nominativa a los Agentes Sociales y Económicos más representativos', como en años anteriores. El papel de los sindicatos está reconocido en la Constitución Española y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en la Ley 8/2008 de creación del Consejo de Diálogo Social y de la regulación Participación Institucional de Castilla y León. De hecho, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se regula de forma concreta el objeto y la forma de proceder en esa subvención nominativa.
Precisamente por ese incumplimiento CCOO y UGT han llevado a los tribunales a la Junta. En solitario, CCOO también ha interpuesto una querella contra el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, por injurias y calumnias y ha denunciado además en la Fiscalía el intento de concederles una subvención "trampa".
Desde esa Consejería que dirige Vox se han llegado a eliminar 12 millones de euros en subvenciones para políticas de orientación laboral. El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, recuerda que es un dinero del Estado y que no sólo perjudica a los sindicatos sino a los colectivos vulnerables que no pueden acceder a esos servicios.
"Están incumpliendo acuerdos firmados y vigentes del Diálogo Social Tripartito Autonómico, sobre todo en los ámbitos laborales, y que conducen a la desaparición de políticas y programas públicos muy importantes, en favor de la igualdad de oportunidades de colectivos determinados e igualdad entre hombres y mujeres, en favor de personas desempleadas y ocupadas en formación para el empleo y orientación laboral, en prevención de riesgos laborales para trabajadores, autónomos y empresas; políticas que afectan a colectivos muy importantes, inmigrantes, etcétera". A la vez, acusan el golpe entidades e instituciones como Ayuntamientos y Diputaciones (en especial los programas de fomento del empleo local), las cuatro Universidades Públicas (en el caso de las cátedras desde el ámbito laboral), e incluso a múltiples empresas colaboradoras de la Administración Autonómica en estas materias.
Además, en la guerra que Vox mantiene contra los sindicatos y en la que el PP no se pronuncia, se incluye el intento de finiquitar el órgano de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales” (SERLA). Andrés, matiza que "se lo han intentado cargar" y que no han podido y ahora el gobierno autonómico está dando marcha atrás. "No se cuestionan ya la mediación en conflictos colectivos ni individuales. Han querido quitar competencias, tomando decisiones por mayorías y no por unanimidad, era misión imposible y no lo han conseguido", explica.
Pero el sindicato también lo ha llevado a los tribunales: la financiación, que la Junta pretendía eliminar totalmente, se ha reducido un 60% con una orden que también establece que desde el 1 de julio, quedan excluidos de los gastos objeto de subvención los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros; los de arrendamiento, y los intereses deudores de las cuentas bancarias. "En este momento, la Junta está en plena desescalada", añade Andrés. El líder de CCOO en Castilla y León considera que las decisiones que ha tomado el consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox) y las denuncias que penden sobre la Junta han puesto en alerta a la dirección nacional del PP. "En los pactos en otras comunidades no se ha dado la Consejería de Empleo a Vox y es porque saben que puede generar muchos problemas y que los sindicatos estamos ahí", advierte. Tanto es así que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, tiene un informe elaborado por CCOO sobre la actuación del partido de Abascal en Castilla y León.
Andrés advierte que si el nuevo gobierno pasase por un pacto del PP con Vox, el país se instalará "en el conflicto permanente" si lo que quieren es hacer "una política de no reconocimiento a los sindicatos dejándolos fuera del marco institucional", pero advierte que tendrán fuerza en un país "convulso" si se pactan recortes como en Castilla y León.
Mientras Vox ataca a los sindicatos y trata de estrangularlos económicamente, presume de un recorte del "gasto político superfluo" que no es tal. De entrada, cuando se formó el gobierno PP-Vox se nombraron más cargos eventuales que nunca y se disparó el gasto. Entre esos cargos figuraban amigos, familiares y hasta políticos de ambas formaciones políticas que se habían quedado descolgados. En el Instituto Tecnológico Agrario, Itacyl, dependiente de la Consejería de Agricultura y que Vox definía como "chiringuito" se llegó a despedir al subdirector de Calidad y Promoción Alimentaria para colocar a una periodista deportiva que apenas aguantó seis meses en el cargo. Recientemente, y tras la salida de una asesora de vicepresidencia, Vox ha tirado del 'think tank' que el partido ha montado con la nieta de Le Pen para dar un puesto a uno de sus alumnos.
También es especialmente llamativa esa insistencia de García-Gallardo en acabar con el gasto superfluo cuando él mismo, que no ha querido dirigir ninguna consejería, algo poco habitual, cobra 79.570,96 euros anuales. De hecho Vicepresidencia, con un presupuesto en inversión de 112.000 euros gasta más de un millón en personal. García-Gallardo dedica el tiempo fundamentalmente a las visitas, en una especie campaña electoral personal permanente. Desde ferias gastronómicas, salir en Masterchef y entregar trofeos, pasando por zonas arrasadas por el fuego en las que promete conciertos benéficos que acaban suspendiendo porque renuncian todos los artistas, a la concentración motera más importante de Europa, la de Pingüinos en Valladolid, a donde llegó el pasado mes de enero en coche oficial, pero ataviado con un casco para las fotos.
Una de las primeras decisiones que tomó García-Gallardo al llegar a la vicepresidencia fue la de "indultar" a las vacas de una explotación ganadera donde se había detectado un positivo en tuberculosis. Un año después, la Consejería de Agricultura y Ganadería (Vox) fue más allá y relajó la normativa de saneamiento ganadero. La orden se puso en marcha poco antes del 28M y el Gobierno de España esperó a que pasase esa fecha para tomar cartas en el asunto. No sólo se estaba vulnerando normativa nacional, también europea, por lo que el Ministerio de Agricultura prohibió desplazar ganado de Castilla y León.
La inmovilización y las pérdidas millonarias que provocó hizo que un grupo de ganaderos convocase una concentración ante la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca. En el llamamiento se señalaba con nombres y apellidos a funcionarios de Sanidad Animal y acabó con un ganadero y 11 policías heridos cuando los manifestantes intentaron entrar por la fuerza en la Delegación. El asunto acabó con la Junta suspendiendo la orden, atendiendo a las medidas cautelares que solicitó el Ministerio al Tribunal Superior de Justicia para que decayese la nueva normativa de la Junta, pero el Gobierno autonómico insiste en que pretende que esa relajación de medidas acabe siendo efectiva.
La tercera consejería que controla Vox, Cultura, de la mano de Gonzalo Santonja, un escritor que pasó del comunismo a la extrema derecha y que llegó a cobrar dos sueldos como director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ha hecho desaparecer el Festival internacional de Literatura en Español pero patrocina novilladas y subvenciona fundaciones como la del Toro de Lidia. Además, recientemente, tal y como publicó elDiario.es, va a patrocinar un curso de verano del instituto de Vox y Le Pen, si bien aun no se conoce con qué cantidad. El Instituto de la Lengua que dirigió Santonja y cuya utilidad se pone en entredicho en círculos de lingüistas, sigue recibiendo dinero público, aunque desde la salida de Santonja ni siquiera tiene director. En los pasados premios de Castilla y León, Santonja propuso el premio de las Letras para Sánchez Dragó, fundador de la Fundación Disenso y colaborador del partido que había celebrado la llegada de Vox a la Junta. El escritor falleció días antes de la entrega del galardón.
El pacto entre PP y Vox en Castilla y León incluyó ceder a la extrema derecha la presidencia del Parlamento autonómico. Entre las primeras medidas ambos partidos acordaron suprimir las comisiones de investigación y suprimir una portavocía en el Grupo Mixto, integrado por Ciudadanos, Podemos y Por Ávila. El presidente, Carlos Pollán, ha sido cuestionado en varias ocasiones por su falta de neutralidad cuando no ha censurado los insultos del vicepresidente de la Junta a la oposición. De la boca de García-Gallardo han salido insultos como "imbécil" hacia su antecesor en el cargo, Francisco Igea, o "banda criminal" para definir al PSOE. Igea llegó a pedir la dimisión de Pollán cuando retuiteó a un procurador de Vox que le llamaba "macarra". Las Cortes de Castilla y León han dejado de iluminarse en violeta por el Día Internacional de la Violencia de Género pero no por el día de Santiago. Recientemente, Pollán amenazó al PSOE con enviar al equipo de seguridad a sus despachos por colgar una bandera LGTBI.
Tampoco es fácil el trato con los medios: el mismo día en que se constituía el Parlamento, tanto elDiario.es como El País perdieron el derecho a usar las cabinas que tuvieron asignadas en la anterior legislatura, mientras que el resto de medios las mantienen. La explicación es que se prioriza a medios audiovisuales, si bien se asignan entre otros a medios afines a Vox que no acuden a cubrir ni los Plenos ni la actualidad parlamentaria. El Grupo Parlamentario Vox se niega además a convocar a sus ruedas de prensa a algunos medios. También se ha optado por recortar en "gasto superfluo" y han pasado de tener los servicios de tres agencias a quedarse sólo con una "por ser de Castilla y León", una senda que también sigue la Junta contratando en todas sus consejerías a la más cara de las tres.