Gobierno peruano enfrenta con miles de policías la “Tercera toma de Lima”
En los primeros meses de este 2023, miles de personas se han tomado las calles en el Perú para protestar por el retorno a la democracia. A ello, las actuales autoridades han respondido con un uso excesivo de la fuerza, en particular contra las comunidades indígenas y campesinas, en un intento por silenciar y castigar a las personas que se manifiestan en su contra. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas.
Ahora, nuevamente se teme igual respuesta. De acuerdo a las últimas instrucciones de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, se informó que en la “Tercera toma de Lima” marcharán 30 mil ronderos, cuya participación se concretará a través de delegaciones que llegarán desde todos los puntos del país a la capital y a las principales ciudades de regiones tales como Cajamarca, Piura, Puno, La Libertad, Arequipa, Cuzco, Apurímac, Lambayeque e Ica, entre varias otras. Los gremios sociales exigen cárcel para los responsables directos y mediatos de la muerte de más de 70 personas en protestas anteriores y asimismo exigen justicia y reparación para las familias de las víctimas, según la declaración entregada a la prensa por los frentes sociales.
Por su parte, en lo que parece un intento disuasivo dirigido a los marchantes, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció a través de los medios de comunicación que desarrollará un plan de control y vigilancia en las regiones mencionadas, tras la convocatoria del Comando Nacional Unitario de Lucha. A modo de ejemplo, el coronel Javier Méndez, jefe de la División de Investigación Policial de la región de La Libertad, aseveró al diario La República que se finiquitaron detalles ante el anuncio de movilización en esta región, principalmente en el punto neurálgico que une la zona norte y sur del país, en el distrito de Chao, provincia de Virú. Esta vigilancia también se extremará para la seguridad del aeropuerto local Carlos Martínez de Pinillos. “Se cuenta con 472 policías, de los cuales 200 son de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y de la Unidad de Servicios Especiales (USE). La PNP tiene el apoyo del Ejército y respaldo de logística, contando con seis vehículos blindados de la Región Militar de Tumbes y 10 camiones porta-tropas”, explicó Méndez al citado medio.
A su vez, el jefe de la Región Policial de Lambayeque, coronel PNP Luis Pérez Rentería, enfatizó que se dispuso de 2 mil 500 efectivos para mantener el orden ante las marchas en esta región norteña. Para ello, se destinarán contingentes policiales en los puntos de acceso a Chiclayo y Lambayeque, como la Panamericana Norte, Panamericana Sur, puente Reque al igual que otros organismos e infraestructuras, como el aeropuerto José Quiñones, que atiende las necesidades de ambas localidades.
Asimismo, el jefe del Frente Policial de Cajamarca, general PNP Fidel Pisfil, remarcó que, por ahora, no se tiene previsto solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero anotó que 3 mil 200 encargados del orden se desplegarán en zonas que podrían ser bloqueadas, por ejemplo, el puente Chilete, la carretera San Pablo-Cajamarca-Bambamarca y la vía en el sector Gavilán. También en este caso se cuidará el aeropuerto Armando Revoredo Iglesias, así como las sedes del Ministerio Público y Poder Judicial.
En el sur, en tanto, concretamente en Arequipa habrá control con la PNP y las Fuerzas Armadas previendo bloqueos en Ica. Y 263 kilómetros antes de llegar a Lima por la Panamericana, en el sector conocido como el Barrio Chico se colocará una barrera de unos mil policías a fin de evitar bloqueos. Sin embargo, en Cuzco y Puno, donde a inicios de 2023 se registraron hechos trágicos que dejaron varios fallecidos, la Policía aseguró que “no se levantará la mano contra el pueblo”. En ambas regiones había comenzado la tarde de este martes el despliegue de las tropas policiales en los lugares de mayor riesgo de manifestaciones.
Como se calcula que podrían producirse fuertes enfrentamientos y, probablemente, víctimas y heridos, Amnistía Internacional ha dirigido un mensaje directamente a la presidenta peruana. En ella, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado: “Amnistía Internacional pide a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros y ministras que manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad en todo el país en el sentido de que su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta, y que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes”. Por su parte, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, manifestó este martes: “No debe haber más personas muertas ni heridas en el marco de las movilizaciones”, afirmó
En mayo, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba 25 de las muertes ocurridas en ese contexto, documento que concluyó que 20 de ellas habían sido ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra ningún funcionario público por los delitos cometidos.