Función Pública multa a empresas del sector salud por incurrir en actos de colusión
Entre 2021 y lo que va de 2023, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha identificado a 19 empresas proveedoras de bienes y servicios del sector Salud que incurrieron en actos de colusión durante el sexenio pasado para repartirse las partidas de licitaciones. Por tal motivo, se impusieron diversas sanciones a 13 proveedores de quienes se pudo confirmar los actos ilegales, mientras que en las seis empresas restantes hay 23 expedientes de investigación en curso.Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que las sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en contrataciones públicas. Las multas suman un monto de mil 953 millones de pesos.Aquino detalló que, del total de sanciones por inhabilitación y multa, ocho se encuentran firmes y 16 están en revisión por parte de los juzgadores, debido a que las empresas han interpuesto diversos medios de defensa. Entre ellos, amparos y recursos para impedir que las sanciones se efectúen, lo que les permite continuar participando en los procedimientos de contratación.Sobre los procesos de contratación general, el funcionario detalló que para los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre han participado 158 empresas, de las que 121 resultaron contratadas; 89 para el primero y 32 para el segundo.El funcionario señaló que la SFP revisa la situación de los licitantes para prevenir alguna simulación, debido a que se tienen dudas sobre algunas empresas que, presuntamente, para eludir las sanciones, utilizan filiales y/o el cambio de su razón social para poder seguir participando en contrataciones públicas.Al respecto, señaló que está en estudio un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas, a fin de evaluar y evitar la elusión de las sanciones.Salcedo Aquino refirió que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la SFP debe orientar y promover en las empresas la instrumentación de controles internos y programas de integridad para asegurar el desarrollo de una cultura ética.Con este fin se puso en operación el Padrón de Integridad Empresarial, que es un mecanismo en el que se registran las empresas que cuentan con una política de integridad conforme al artículo 25 de dicha ley.ABR