Insisto, ¿dónde estarán los militares?
Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara
Los hechos de los últimos días en torno al plantón de algunas personas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son un botón de muestra de lo que aparece en el horizonte. Por un lado, el enfrentamiento entre quienes “resguardaban” el plantón en la puerta principal de la Corte y los miles de manifestantes que, en su defensa, salieron a las calles el domingo pasado. Estos hechos ocurrieron días después que el partido Morena y algunos de sus instrumentos más radicales hicieron una manifestación con amenazas a los ministros de la Corte, en la que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, llevó féretros simbólicos de la ministra presidenta, Norma Piña, y hubo “advertencias” directas. Esto siguió, a su vez, a la quema de una efigie de Norma Piña el 18 de marzo en la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera encabezada por el presidente López Obrador en el Zócalo.
Esta serie de hechos y manifestaciones, alentadas desde el Poder Ejecutivo, han recrudecido el ánimo de linchamiento de los miembros de la Corte por esas facciones del partido del gobierno. Afortunadamente, el enfrentamiento del domingo pasado no llegó a mayores, en buena parte por la desproporción de las fuerzas y porque la policía se puso enfrente de los plantistas para protegerlos. Prudentemente, los plantistas se marcharon ante un grupo mucho más amplio que los rechazaba. Por otro lado, la reacción de la autoridad que debe guardar el orden, si bien contribuyó a impedir el enfrentamiento directo entre ambos grupos, nada ha hecho para defender la integridad de quienes trabajan en la Corte ni evitar las amenazas y vituperios públicos que van más allá de la libertad de expresión, y pueden catalogarse más como mensajes de odio que de diferencias políticas. Esa, evidentemente, no es una decisión de quien lleva el operativo de vigilancia, sino de las autoridades superiores de los cuerpos policíacos. En este caso, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch.
Independientemente de si los plantones son financiados o motivados desde el gobierno capitalino o el federal, la institucionalidad que deben guardar las fuerzas del orden debiera ir más allá de diferencias políticas, lo que no ha ocurrido.
Queda claro que quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden público estuvieron sesgados hacia un bando político, y han dejado y siguen sin garantizar la integridad de los miembros del Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes del Estado.
Todo hace prever que este tipo de confrontación política se recrudecerá en los meses inmediatos y hasta que lleguen los resultados de las próximas elecciones. Y cuando ello ocurra, insisto, ¿de qué lado estarán los militares, que tienen el mandato de resguardar nuestras instituciones, la paz pública y la Constitución, por encima del gobierno en turno? No hay claridad sobre cuál será la respuesta a esta pregunta.
Pongamos el símil de lo ocurrido en el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021 cuando perdió Trump la elección. En una circunstancia semejante, ¿la fuerza pública (y en nuestro caso, las policías y las Fuerzas Armadas) hubieran defendido a los legisladores que quedaron atrapados en el Capitolio? ¿Hubieran detenido a quienes habían flagrantemente violado la ley al incursionar por la fuerza y vandalizar las instalaciones de un Poder del Estado? Esta es una pregunta directa a García Harfuch, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y al almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina ¿Actuarán para salvaguardar la integridad de un poder del Estado Mexicano, como lo es el Poder Judicial de la Federación, o un órgano constitucional autónomo, como es el INE? ¿O simplemente se quedarán mirando si una muchedumbre ataca y toma el INE o el Tribunal Electoral, por ejemplo? De hecho, ya se han quedado mirando en muchas ocasiones, como en la tragedia de Tlahuelilpan, cuando “vigilaban” cómo la gente ordeñó por horas los ductos petroleros.
Además, las Fuerzas Armadas han cometido desacatos judiciales en repetidas ocasiones bajo el mando del general Sandoval y del almirante Ojeda. Sin ir más lejos, existen órdenes judiciales sobre la inmediata suspensión de la tala de árboles y otras actividades en la construcción del Tren Maya, y las Fuerzas Armadas, a cargo de su construcción, hasta ahora han desacatado la orden.
¿Qué nos garantiza a los mexicanos que los militares guardarán la Constitución, si no están dispuestos a cumplir la ley y una orden judicial expresa? ¿Qué nos garantiza que llegado el momento, la Guardia Nacional defienda nuestras instituciones como el INE o la Corte de ataques vandálicos de una chusma enardecida, y no se quede simplemente mirando? Me parece que, a estas alturas, los mexicanos requerimos una demostración clara de los secretarios de la Defensa y de la Marina que son institucionales y que salvaguardarán la Constitución y las instituciones antes que el gobierno en turno. No es necesario esperar hasta que ocurra una crisis que ponga en riesgo la vida de la República. Nuestros representantes en el Poder Legislativo están obligados a demandar esta fidelidad de las Fuerzas Armadas a la Constitución y a nuestro Estado de derecho. Es hora que lo hagan.