¿Dónde están los patriotas?

Mientras dure la guerra, todos los españoles tendrán una rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible.

Mientras dure la guerra, un empresario víctima de la espiral inflacionista que haya visto incrementados sus costes de producción y reducidos sus beneficios, podrá recurrir a medidas de flexibilidad interna, como los ERTE, para evitar el despido de sus empleados.

Mientras dure la guerra, los inquilinos cuyo contrato de alquiler tenga que ser revisado no tendrán que hacer frente a subidas desorbitadas, ya que el alza de los alquileres tendrá un límite del 2%.

Mientras dure la guerra, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (800.000 personas) verán aumentada su cuantía en un 15%.

Mientras dure la guerra, 600.000 familias más podrán acogerse al bono social eléctrico, que llegará a 1.9 millones de hogares.

Mientras dure la guerra, se mantendrá el tipo del IVA al 10% -y no al 21%- para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la Electricidad, al 0,5%, y seguirá en suspenso el impuesto a la Generación Eléctrica. 

Mientras dure la guerra, las empresas con problemas de liquidez por el aumento del coste de la energía y los combustibles, podrán recurrir a una nueva línea de avales de créditos ICO por importe de 10.000 millones.

Mientras dure la guerra, agricultores y ganaderos recibirán ayudas por importe de 362 millones de euros mientras que los pescadores tendrán subvenciones por un montante de 68 millones.

Mientras dure la guerra, la industria gran consumidora de energía recibirá 500 millones de euros para compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y se reforzarán las ayudas directas al sector.

Y mientras dure la guerra, los transportistas se beneficiarán de la rebaja mínima de 20 céntimos de euros por litro de combustible, recibirán más de 1.000 millones de euros en ayudas, además de otros 450 millones en subvenciones directas en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia.

Las medidas forman parte del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra anunciado por el presidente Sánchez, serán aprobadas este martes en Consejo de Ministros, entrarán en vigor esta misma semana y supondrán un desembolso de 16.000 millones de euros. Al Gobierno se le podrá reprochar que haya sido el último entre los países de la UE en atajar la subida de los precios; que el marco elegido para desvelar las iniciativas -eligió un desayuno organizado por una agencia de comunicación con una nutrida representación de empresarios entre los asistentes en lugar del Parlamento o La Moncloa-, que haya minusvalorado las protestas de la calle e incluso que no haya hecho suficiente pedagogía sobre el coste que la guerra tendrá para todos los europeos. Lo que no se le puede imputar  es que no esté dispuesto a tomar decisiones para paliar las consecuencias. 

¿Son suficientes? ¿Harán falta más? Seguro ¿Son las adecuadas? El debate está servido. Pero de lo que no hay duda es que sobran los motivos para apoyar todas y cada una de ellas. La derecha tendrá difícil votar en contra de las ayudas para el transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca, de las rebajas impositivas, de la subida del IMV, contra la subvención de la gasolina, contra el tope para el alza de los alquileres…  Y mucho menos contra la fórmula que Sánchez envíe finalmente a Bruselas para imponer precios máximos al gas y que enviará a la Comisión Europea esta misma semana. 

Si de la pandemia, pese a los falsos augurios, no salimos mejores, de esta guerra, digan lo que digan, saldremos mucho más pobres. Y por eso el presidente debería empezar a decir aquello de que lo peor está aún por llegar, que los tiempos de bonanza que esperaba para la segunda parte de la legislatura no llegarán y dejarse de revestir de retórica esta lucha incierta, por muy abrumadoras que sean las perspectivas y los informes que le llegan. No se trata de alarmar a la población, pero tampoco de transmitir una tranquilidad que conduzca a la relajación o a pensar que su llamamiento a la unidad política es pura retórica, y no una necesidad  imperiosa. 

Vienen curvas, y muy cerradas. Y al presidente del Gobierno le corresponde tomar la iniciativa en España, como hizo en el Consejo Europeo del pasado fin de semana hasta conseguir su objetivo de que la UE permita la “excepción ibérica” para frenar los precios de la energía y poner topes temporales a los precios del gas para bajar rápidamente la factura de la luz. Y al resto de formaciones políticas, aceptar que hay momentos en los que la ciudadanía no entiende el no por el no como respuesta. Este es uno de ellos.

Alberto Núñez Feijóo tendrá que retratarse más pronto que tarde. Su primera decisión, tras su coronación como presidente del PP, será precisamente si votar a favor o en contra de la convalidación del decreto por el que se aprobarán las medidas del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Hasta ahora, de sus señales y sus palabras, como siempre, se puede deducir una cosa y la contraria. Si lo apoya, efectivamente demostrará que es un líder dispuesto a recuperar el sentido de estado que se le atribuye a un partido que aspira a ser alternativa de gobierno, que no se deja influir ni por el populismo de Vox ni por las boutades de Ayuso y que está dispuesto a arrimar el hombro cuando el país lo necesita. Si se opone, Pedro Sánchez, pero también ganaderos, agricultores, transportistas, empresarios y consumidores en general, tendrán motivos para preguntarse dónde están los patriotas ahora que se necesita más que nunca una respuesta de país. 

De algún modo, el presidente ya dejó botando este lunes la pregunta: “¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos, dejar de lado las rencillas  y los sectarismos y sumar fuerzas?”.  

La respuesta no debería esperar mucho más ni Feijóo seguir surfeando la ola de la ultraderecha.