Javier Ramírez, el azote vecinal de Almeida condenado tres veces por la justicia
"¡A ese concejal le invitan en el bar!", coreaban cientos de vecinos el pasado otoño en la plaza de Chamberí, frente a la Junta Municipal. Sus palabras iban para Javier Ramírez, el edil que más permisos de nuevas terrazas ha firmado en Madrid durante la pandemia. Mientras se desarrollaba la protesta, el político del PP presidía el Pleno de distrito. Cuando acabó y bajó a la calle, recibió una sonora pitada de los manifestantes, que le acompañó durante los 100 metros que le separaban de su coche.
Este episodio dejó ver los dos ejes sobre los que ha girado la política municipal de Ramírez durante sus casi tres años como concejal de Chamberí, uno de los distritos más castizos (y ricos) de Madrid. Por un lado, la preocupación por el bienestar de la hostelería, a la que ha ofrecido todas las ventajas que estaban en su mano primero para amortiguar el bache económico de la pandemia y después para facilitar sus beneficios durante la desescalada. Por el otro, el escaso aprecio que le profesa el tejido asociativo del distrito, al que lleva hostigando desde que tomó posesión de su cargo.
El concejal se estrenó en Chamberí desmantelando la zona peatonal de Despacio Galileo, retirando la pancarta contra la violencia de género de la Junta de distrito y mostrando gran fervor nacional, gastando más de 90.000 euros de dinero publico en banderas de España. Después intentó tomar el control del Foro Local sin conseguirlo, en su primer gran encontronazo con los vecinos. Hace un año arrebató a 17 asociaciones la Casa de Cultura de Chamberí para abrir en su lugar un centro tecnológico. Lo último, expulsar a tres organizaciones vecinales de las casetas de fiestas previstas para el verano, con la excusa de guardar distancias por la COVID-19.
Los continuos enfrentamientos con el tejido vecinal han convertido a Ramírez en uno de los concejales más discutidos del gobierno de José Luis Martínez-Almeida, para el que va sumando polémicas como la retirada a martillazos de la placa de Largo Caballero, o la de la pista polideportiva que quiere convertir en un gimnasio y dejar sin espacio para deportes de equipo a los colegios públicos cercanos. También vetó los espacios municipales para el homenaje chamberilero a la escritora Almudena Grandes por su fallecimiento, cuentan a este medio los organizadores. Las asociaciones acabaron alquilando un teatro de la Comunidad de Madrid para poder celebrarlo. El "acoso" es tal que Más Madrid ha pedido a alcalde y a vicealcaldesa que frenen a su concejal.
"Para nosotros lo importante son las personas, no los colectivos", decía el edil popular en la primera y única entrevista concedida al periódico Somos Chamberí, en la que esbozaba su filosofía política. En ella, citaba a Blas de Lezo para resumir su forma de ejercer el mandato: “Me gusta saber que dejo una parte de mí mismo en cada campo de batalla a cambio de un poco de gloria”.
Ramírez suele celebrar el día de la Constitución con una lectura pública bajo la enorme bandera de España que levantó junto a la calle Santa Engracia. Pero, en los últimos meses, los tribunales lo han condenado dos veces por vulnerar la Carta Magna: la primera sentencia fue por impedir un debate en el pleno del distrito sobre actuaciones contra la LGTBIfobia; la segunda, por el control de las licencias urbanísticas. En ambas ocasiones, vetó proposiciones del PSOE de Fuencarral-El Pardo, distrito del que también es concejal. Aunque la práctica de retirar iniciativas de la oposición en los plenos es habitual también en Chamberí.
La tercera condena se produjo después de que el concejal del PP ordenara multar a unos vecinos que recogían firmas en contra de sus políticas en plena calle Fuencarral. Les había impuesto una sanción urbanística, pese a que la concentración había sido autorizada. La jueza aseguró que la acción vecinal “venía amparada por el ejercicio de la libertad de expresión” e impuso una multa de 600 euros a la corporación de Ramírez.
La última actuación del edil que ha encendido al distrito es la que tiene prevista en Ponzano, la calle con más bares de Madrid. El Ayuntamiento le ha dado vía libre para que reduzca aparcamientos, amplíe sus aceras y dé cabida en ellas a las numerosas terrazas en calzada que tendrá que levantar esta semana debido a que el exceso de permisos han convertido el área en una zona saturada, según la normativa sobre veladores.