El Gobierno da por hecho el apoyo del Congreso al plan anticrisis a la espera del PP de Feijóo

La fecha estaba marcada en rojo en el calendario desde hace más de dos semanas: el Gobierno aguardaba al 29 de marzo para aprobar el plan de choque contra los efectos económicos de la guerra, a pesar de la presión en la calle y en el Congreso. Pedro Sánchez quiso solemnizar la presentación de esas medidas un día antes, tras llegar victorioso de Bruselas, donde consiguió que la UE acepte una excepcionalidad en España y Portugal para que se establezca un tope al precio del gas que está lastrando el de la electricidad. A eso esperaba para completar el resto de medidas y ahora necesita recabar los apoyos para el decreto ley al que este martes da luz verde el Consejo de Ministros. En la coalición dan por hecho que el Parlamento aprobará el plan, a pesar de que los aliados de la investidura lo ven poco ambicioso y que el PP critica que no incluye la bajada de impuestos a la que se había comprometido Sánchez.

Sánchez no escatimó en calificativos para la crisis que se avecina como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones económicas al régimen de Vladímir Putin, al que acusó de haber realizado una “acción premeditada” en el mercado energético antes del ataque bélico. El presidente habló de que las “dificultades serán extraordinarias”. Por eso en Moncloa quieren tener el mayor respaldo posible al paquete de medidas focalizado en aliviar los bolsillos de los consumidores –con la bonificación de 20 céntimos por litro de carburantes, por ejemplo– y proteger los sectores productivos y el empleo. El riego de perder 6.000 millones de euros en ayudas públicas está ahí, así que el Gobierno considera que es complicado oponerse a este plan de choque. “Es muy difícil decirle que no a este plan”, verbalizó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al acabar la presentación de Sánchez. 

La táctica opera tanto para los socios habituales de la coalición –de quienes ya se han recogido algunas ideas para el plan– como para el PP. En Moncloa están expectantes sobre los movimientos del líder in péctore de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas creen que ha llegado el momento de que el sucesor de Pablo Casado demuestre un cambio de rumbo tras haberse opuesto a prácticamente todo en los dos años de pandemia. “Pedimos al PP que actúe con responsabilidad y sentido de Estado. Le pedimos que deje de usar los problemas derivados de esta crisis para utilizarlos en su beneficio partidista, que arrime el hombro”, expresó el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que reclamó también que “abandone las campañas tramposas que intentan hacer ver que los impuestos benefician al Gobierno”.

El PP, por ahora, mantiene la incógnita sobre cuál será el sentido de su voto en el Congreso. De hecho, hay diferentes posturas en su seno. El vacío de poder que hay en el partido desde la dimisión forzada de Pablo Casado no facilita que haya una línea clara y cada dirigente expresa su opinión. Y no todas coinciden.

Este lunes tanto la dirección provisional que encabeza Cuca Gamarra como el virtual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, han arremetido contra el plan esbozado por el presidente por carecer de una medida que exigen desde hace meses: una rebaja fiscal.

Feijóo, desde Ourense y en calidad de presidente de la Xunta, aseguró que del esbozo del plan que ha hecho público el Gobierno, y que el domingo por la noche fue anticipado por Félix Bolaños a Gamarra, “la bajada de impuestos es el primer compromiso incumplido”, en referencia a la declaración firmada con los presidentes autonómicos en la conferencia de La Palma. 

El futuro rival de Sánchez en las elecciones generales arremetió también contra el acuerdo que alcanzó el presidente del Gobierno en Bruselas para poder intervenir la factura eléctrica. “A la propuesta del presidente del Gobierno que llevó al Consejo Europeo de desconectar el precio del gas del mix energético, Europa dijo no. Ahora tiene España un mes para presentar otra propuesta. Las propuestas del Gobierno no han sido apoyadas por la UE”, dijo sobre el plan inicial del presidente de que los 27 desvincularan el gas del precio de la electricidad y que fue sustituido por la propuesta de una excepcionalidad temporal en la Península Ibérica a través de la fijación de un precio tope al gas, que sí fue aceptada en Bruselas tras un intenso debate.

En la dirección interina del PP hacían malabares este lunes para no anticipar el sentido del voto en el Congreso, a la espera de que el Gobierno publique el texto del real decreto ley. Fuentes de Génova aseguraron a elDiario.es que el PP es “un partido de Gobierno, de Estado” que está “a la altura de las circunstancias”. Las mismas fuentes señalan que existe la “máxima predisposición” para apoyar “medidas concretas, inmediatas y suficientes”. 

Un paso más allá dio el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que dijo ver “bien” las medidas anunciadas por el Gobierno a la espera de conocer los detalles. “Me parecen bien las ayudas, pero que todos sepamos la letra pequeña, cómo son esas ayudas, qué condiciones ponen esas ayudas, de dónde sale el dinero y qué calendario hay para que lleguen a los que las necesitan”, dijo en declaraciones a los periodistas en Málaga recogidas por Europa Press. 

Pero desde Madrid no conceden ni un milímetro al Gobierno de coalición. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dijo en un acto en Madrid Fusión que "si no se bajan impuestos, si no se reduce el IVA (...) no habrá nada que hacer".

“El compromiso está cumplido”, respondió el PSOE sobre el acuerdo de Sánchez con los presidentes del PP de hace dos semanas. En el Gobierno se remiten a la prórroga de la reducción del IVA, a la suspensión del impuesto de producción eléctrica y la limitación del impuesto especial de la electricidad, que ya estaba anunciada. “Es curioso ver que el PP sigue exigiendo bajadas de impuestos sin decir cuáles y cómo esa bajada va a afectar al mantenimiento de los servicios públicos”, insistió Sicilia. En el Gobierno recuerdan, además, que las reducciones fiscales no han servido para frenar la escalada de los precios. 

En el Gobierno están, en todo caso, satisfechos con el paquete esbozado por Sánchez y confían en el apoyo de los aliados parlamentarios de la coalición, dado que recoge algunas de sus propuestas. En ese sentido se pronuncian en ERC y EH Bildu, pero ambas formaciones consideran que es “insuficiente”. "Llegan tarde y se quedan cortas", ha afirmado la portavoz republicana, Marta Vilalta, que ha defendido que las cuestiones coyunturales deberían ir acompañadas de “cambios estructurales" que impliquen "un nuevo modelo energético”. Así, fuentes del grupo de Gabriel Rufián ven positiva la bonificación a los carburantes o el aumento del 15% del ingreso mínimo, “pero de aquí al 30 de junio esto no habrá pasado”.

“Son medidas coyunturales y temporales, que aunque puedan ir en la dirección correcta, son insuficientes y se quedan cortas”, señalan desde EH BIldu: “No abordan de manera estructural el problema de fondo ni transforman el sistema energético que nos ha traído hasta aquí y ha provocado esta situación de emergencia”. Ambas formaciones, que suman 18 escaños, echan en falta algunas de las propuestas que hicieron llegar al Gobierno, como acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas –una ley que está congelada en el Congreso–, un impuesto especial a esas empresas, un impuesto a los bancos que no hayan devuelto el rescate bancario concedido o un impuesto a las grandes fortunas que grave los patrimonios superiores al millón de euros.

El PNV no ha criticado las propuestas como tal, pero ha dejado entrever que mantiene el malestar hacia el Gobierno que se disparó la semana pasada con el viraje en la posición respecto al Sáhara. "Hemos tenido una conversación telefónica de cinco minutos hoy lunes a la mañana. Ahora estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente en su conferencia”, expresó el portavoz, Aitor Esteban, sobre la llamada del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que sí se puso en contacto con el PP, Ciudadanos y Más País a última hora del domingo. La desconfianza de los socios de la investidura se arrastra en buena medida desde la negociación de la reforma laboral. 

Tampoco el partido de Inés Arrimadas, a pesar de que fue de los primeros con los que contactó Bolaños, ha sido benevolente con el Gobierno al señalar que son "medidas inconcretas, indeterminadas e insuficientes", aunque alguna en concreto, como la ampliación del bono social eléctrico, la habían solicitado. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha defendido que se deberían "tocar" los impuestos directos, deflactar el IRPF o mantener el IVA reducido de la electricidad hasta final de año. Su intención es que el decreto se tramite posteriormente para poder incluir cambios. 

A pesar del clima con los socios y de no tener ningún ‘sí’ asegurado, en el Gobierno dan por hecho que no tendrán problemas en la convalidación del decreto. “La predisposición es buena”, señalan fuentes gubernamentales. “¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Esa es la política que va a desplegar el Gobierno: la política de la unidad, de la determinación y de la justicia”, fue el mensaje que envió Sánchez en presencia del Ibex-35.