A. Nacional rechaza persecución política a Hinostroza y avala entregarle a Perú

La Audiencia Nacional ha avalado entregar a Perú al exjuez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza para ser juzgado por un caso de corrupción en su país después de rechazar que sufre persecución política, motivo que alegó para tratar de impedir ser extraditado

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostiene que desde que Hinostroza abandonó Perú en octubre de 2018 se han producido tres cambios en la presidencia del país de distinto signo político, que, sin embargo, "no ha supuesto una modificación en las solicitudes de extradición".

"Los datos objetivos y el contenido de las resoluciones judiciales aportadas a la causa no corroboran en absoluto la persecución política que afirma sufrir el reclamado y no justifican la denegación de la extradición", enfatiza la Audiencia Nacional, que avala la entrega después de que en enero se celebrara una vista.

En ella Hinostroza declaró había recibido amenazas de muerte, que se sentía perseguido por los "grupos de poder" del Estado de su país, que "controlaban" la Justicia y que iban a intentar enviarle a la peor prisión posible, motivos que la Audiencia Nacional rechaza.

De hecho, respecto a esta última queja, la sala responde que más allá del estado de las cárceles peruanas, su condición de juez será tenida en cuenta si debe ser encarcelado en su país y que el principio de confianza entre países determina que no es necesaria establecer ninguna condición y, por tanto, esta razón "tampoco es óbice para denegar la extradición solicitada".

Sobre Hinostroza pesa ya una primera entrega a Perú, acordada por la Audiencia Nacional y por el Gobierno español, por el caso conocido como "los cuellos blancos del puerto", donde se le imputa haber liderado una red de favores de la que habrían participado políticos y empresarios y de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la justicia.

En esta nueva petición de extradición cursada por Perú, el exjuez está reclamado por haber entregado presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones de la localidad peruana de Tombes para impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él cuando estaba investigado por el citado caso, y poder huir de Perú. EFE