Cara y cruz de la lucha antidesahucios en Madrid
Que los desahucios continúan en España pese al decreto del Gobierno para limitarlos durante la pandemia es algo que se desgañitan repitiendo los movimientos en defensa de la vivienda y que ha constatado el Consejo General del Poder judicial, que en su último informe certificó un aumento en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo trecho del año pasado. A la espera del respiro que supondrán las vacaciones de agosto en los juzgados, en Madrid había pendientes este martes dos desalojos. Uno, en Arganzuela, se pudo detener, tras un acuerdo 'in extremis' con la Sareb. El otro, en Vallecas, siguió adelante. Una mujer con cuatro hijos ha tenido que abandonar, antidisturbios mediante, el que fue su hogar durante los últimos siete años.
Las esperanzas de parar el desahucio de Manuela, que vive en Portazgo, en el distrito de Puente de Vallecas, no eran muchas entre los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Era el cuarto intento, y esta vez iba a venir la Unidad de Intervención Policial a tirar la puerta abajo. La hora anunciada del desahucio eran las 9.30, pero una treintena de voluntarios se prestaron a pasar la noche en el bloque para evitar la expulsión. La policía llegó sobre las 6h y cerró los accesos a la calle con furgonetas. Cuando llegó la hora señalada, los agentes fueron sacando del piso uno por uno a los presentes. Después, el mobiliario: un colchón, un carrito de bebé, juguetes. Finalmente, Manuela y la niña. Tardaron apenas una hora.
Dentro del piso estuvo tratando de evitar el desalojo hasta el final Diego Sanz, de la PAH, que reflexionaba con cara apenada sobre la actuación de los agentes: "La violencia es la estructural, estos han sido hasta suavecitos". El piso en cuestión es hoy propiedad de Arguijo, una sociedad limitada que adquirió el inmueble de Bankia. La entidad, resultado de la privatización de Caja Madrid, previo rescate bancario, la acaba de absorber CaixaBank (también privatizada), lo que todavía se aprecia en la sucursal de la esquina, donde aún se están cambiando los últimos rótulos. Las ventanas de la oficina aparecieron empapeladas ayer con carteles clamando por "alquileres asequibles".
Los pisos vacíos ocupados por familias sin vivienda fueron un fenómeno recurrente durante los peores años de la crisis económica. Algunos se han ido regularizando a través de alquileres sociales. Manuela también lo intentó, pero los servicios sociales del Ayuntamiento determinaron que, como estaba cobrando el ingreso mínimo vital, no procedía tramitarlo, explica Sanz. En el exterior del piso, un taxista del barrio que iba y volvía a cada rato paro no perderse alguna carrera, se quejaba de la agenda mediática: "Están hablando de Cuba como si aquí no hubiera precariedad". Al final, salió Manuela, el rostro cansado: "No se ha podido hacer nada, muchas gracias por todo". De momento, su suegra los acogerá, unos días. "A ver qué nos pasa", se despidió.
Con algo más de pudor aborda los desahucios la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo que absorbió el ladrillo tóxico, cuya deuda de 35.000 millones de euros acaba de volver a engrosar las cuentas públicas, una vez deshechos los artificios contables que la mantenían aparte. En el edificio de la calle Cáceres, 7 había 17 familias pendientes de desahucio. Aquí sí se pudo acreditar el alquiler social, pero la Sareb había jugado al despiste, en opinión de Lucía Casado, portavoz de la PAH Centro-Arganzuela.
Las comunicaciones con el banco malo suelen ser erráticas, los mensajes contradictorios, según critica Casado, aunque la relación con los movimientos por la vivienda ha mejorado desde que está en marcha el llamado Plan Sareb, una iniciativa de las plataformas para centralizar las comunicaciones y presentar batalla conjunta por todos los inquilinos en riesgo de irse a la calle.
Todavía faltan muchos por incorporarse, pero ya hay en España 200 casos reunidos, la mayoría en Madrid, especialmente en Carabanchel y Vallecas. "Sareb sigue intentando ejecutar [lanzamientos], tiran balones fuera", advierte Casado, que critica también el supuesto desconocimiento que el banco malo tiene de la situación real de sus inmuebles en cartera. "No saben qué domicilios están habitados ni en dónde los tienen; incluso a una compañera de Carabanchel la sacaron de casa y luego la volvieron a meter con un alquiler social", indica.
"No existe descoordinación, nosotros llevamos una meticulosa gestión interna", defiende un portavoz de la entidad, que justifica que su catálogo varía porque "los préstamos impagados (todos de promotores y no procedentes de hipotecas de particulares) se suelen ir transformando en los inmuebles que figuraban como garantías precisamente por los propios impagos". "Siempre estamos abiertos a recibir propuestas de mejora", concede.
Lo que en Vallecas acabó mal, en Arganzuela se enmendó a última hora. La inquilina más veterana era la portera, Marcela Cuadro, en la garita desde 1980. Este año cumplió 70 años. "Con lo que he luchado por este bloque, el piso me lo tenían que regalar", retaba la semana pasada, cuando todavía no se había llegado a acuerdo. Anoche pudo dormir tranquila.