La piedra en el zapato de Francisco Camps: una única causa pendiente amenaza todavía al expresidente valenciano de la época de la corrupción
El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps amaga con volver a la primera línea política con el que siempre ha sido su partido, y se postula como candidato del PP al Ayuntamiento de Valencia siguiendo la estela de la que fue una de sus grandes referencias: la fallecida alcaldesa Rita Barberá. Lo ha dicho por activa y por pasiva para incomodidad, e incluso espanto, de los dirigentes populares valencianos, que proclaman que han pasado página de los tiempos de la corrupción.
Esta semana, Camps, que fue el dirigente más poderoso de esa época que el PP quiere olvidar, se ha librado de una de las causas en las que estaba investigado. La Audiencia Provincial ha avalado el sobreseimiento de la investigación por la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 debido a la naturaleza privada de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, pese a que el 75% de su capital era público y a que su deuda millonaria fue asumida por la Generalitat Valenciana.
El expresidente atribuye sus imputaciones judiciales a una suerte de conspiración socialista en su contra con la ayuda del "aparato mediático del socialcomunismo". Pero, aunque se ha librado de unas cuantas, todavía tiene alguna causa pendiente.
Doce años después del juicio por los trajes que recibió de la trama Gürtel, en el que fue declarado no culpable por un jurado, a Camps aún le quedan pendientes una causa en la Audiencia Nacional, también por el caso Gürtel, y la que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia por el aval a la empresa Valmor, promotora de los primeros premios de Fórmula 1.
En la Audiencia Nacional está imputado por supuestamente dar instrucciones a la entonces directora general de Promoción Institucional Dora Ibars para favorecer a Orange Market, empresa de la trama Gürtel en Valencia, en el montaje del expositor en Fitur, cuyo coste ascendió a 366.529 euros.
La causa nació tras la confesión de su antigua mano derecha, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, y de Álvaro Pérez El Bigotes, responsable de Orange Market. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y seis meses de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 10 años para el expresidente por delitos de prevaricación y fraude.
En la causa por los avales a Valmor en la Fórmula 1, el camino se presenta despejado. El Ministerio Fiscal ha solicitado su archivo y la Intervención de la Generalitat sostiene que no hubo delito en el aval. El interventor que ha exonerado a Camps, tal como publicó este diario, fue auditor delegado cuando se construyó el circuito. El próximo 25 de mayo declarará la directora general de la Abogacía de la Generalitat en el marco de esta causa, a petición de la defensa de Camps, que ejerce el abogado Pablo Delgado.
El expresidente ha salido airoso de otras investigaciones. Además de la absolución por un jurado popular en el juicio de los trajes de la trama Gürtel, se archivó la investigación de los contratos para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Valencia. A ello se suma, el carpetazo esta semana a la causa de la visita del Papa.
El peregrinaje judicial de Camps pudo ser aún más abultado en otros presuntos casos de corrupción por los que el juez instructor o la Fiscalía solicitaron en vano su imputación. Fue el caso de la contratación de las pantallas que retransmitieron en las calles de Valencia la visita del Papa; el caso Noós, en el que el TSJ valenciano se negó a acusar por unos hechos por los que sí hubo acusación en Baleares; la contratación del Centro de Convenciones de Castellón al arquitecto Santiago Calatrava o la investigación por delitos electorales del PP valenciano entre 2007 y 2011.
La supuesta conspiración socialista parece no haber culminado todavía.