Imputan al propietario de un hotel por la muerte de un obrero que cayó de las alturas
El accidente laboral ocurrió el 12 de marzo de 2020, próximo a las 16:45 horas, en la obra en construcción de la empresa Beauty Life S.A sita en Carlos Quijano (Quijano Aparts & Suites) propiedad de un comerciante argentino de 67 años de edad.
Un obrero de la construcción (oficial finalista de 62 años que se desempeñaba en la obra desde octubre de 2019) cayó de una altura superior a los tres metros por lo cual fue internado en CTI y falleció 14 días después.
No estaba inscripto en el BPS
Según surge del informe de la Fiscalía, la víctima “no estaba inscripta en el Banco de Previsión Social (BPS), ni contaba por tanto con el seguro obligatorio, ya que se encontraba en trámites jubilatorios”.
En el momento del accidente, “no contaba con casco ni medidas de protección, precipitándose de una altura de tres a cuatro metros lo que derivó en su ingreso a CTI, falleciendo 14 días después”, se expresa en el informe fiscal.
La Fiscalía asegura que el accidente “no fue denunciado por los empleadores a la Policía ni ante la Inspección General del Trabajo”.
De acuerdo a los resultados de la indagatoria surgió que: “El día del accidente, momentos después de sucedido el desafortunado y a la postre lamentable hecho, la empresa empleadora procedió a ingresar en el BPS al trabajador”.
“Es a partir de la inscripción en el BPS que adquiere vigencia el seguro por accidentes laborales del Banco de Seguros del Estado (BSE), habiéndose constatado que en ocasión de denunciar el siniestro al BSE, el imputado declaró que la fecha de ingreso de la víctima como empleado habría sido el 11 de marzo de 2020 y que el día del accidente se encontraba cumpliendo su segundo día de trabajo, siendo que el mismo desempeñaba tareas para el imputado desde hacía varios meses”, se asegura en el informe.
Luego, el ahora imputado reconoció ante la Fiscalía que el obrero trabajó por lo menos 20 días.
Caída de altura
Por otro lado, si bien el imputado declaró que “el accidente se debió a una caída del mismo nivel”, del certificado de la emergencia móvil, de la pericia forense y de la historia clínica, “se extrae fehacientemente que contrariamente a dicha afirmación, la causa de muerte fue una caída de altura”.
Asimismo, surge de la declaración ante el BSE que el imputado manifestó que el accidente habría ocurrido a las 17:20 cuando en realidad ocurrió antes de las 17:00 horas.
Tales hechos son configurativos de una “declaración falsa ante el BSE en virtud de que el trabajador no se encontraba registrado legalmente al momento del accidente siendo inscripto luego del mismo a efectos de intentar salvaguardar responsabilidades del imputado por dicha omisión y lograr así la cobertura de salud del trabajador”.
Estos hechos fueron reconocidos y admitidos por el propio imputado ante la Fiscalía, lo que determina la participación del mismo como “autor de un delito de falsificación ideológica en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa”.
El hombre deberá cumplir medidas cautelares al menos durante 90 días, mientras continúa la investigación. En tal sentido deberá fijar domicilio y no podrá modificarlo sin dar inmediato aviso a la Fiscalía. Tendrá prohibido salir del país y deberá entregar el pasaporte en la Sede oficializándose a la Dirección Nacional de Migraciones. Asimismo, deberá presentarse una vez por semana en la Seccional policial correspondiente a su domicilio.
Un poco de justicia
La investigación surgió a raíz de una denuncia que presentó la familia del fallecido, patrocinada por el abogado Oscar López Goldaracena.
En declaraciones a LARED21, López Goldaracena destacó el trabajo de los fiscales Diego Pérez y María José González.
Dijo que “se hizo un poco de justicia”, pero remarcó que “hay que continuar avanzando en la investigación de las circunstancia de la muerte”, porque aseguró que hay delito por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.
López Goldaracena había solicitado prisión preventiva o libertad vigilada y el embargo de las acciones del empresario, ya que el hotel en cuestión es propiedad de una sociedad anónima y el ahora imputado es propietario de una parte de las acciones del mismo. Sin embargo, no se hizo lugar a su petitorio por entender que no existe riesgo de fuga del imputado.