Imputan a la cúpula policial del Gobierno de Rajoy por frenar una investigación a Villarejo
El asunto nace de una querella interpuesta en septiembre de 2018 por el inspector Rubén Eladio López, que ahora integra la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis en el Ministerio de Transportes, contra altos mandos de la cúpula policial cuando Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido estaban al frente del Ministerio del Interior.
Entre los querellados se encuentran los respectivos números dos de la Policía con ambos ministros, Eugenio Pino y Florentino Villabona, el excomisario José Villarejo -en prisión desde hace tres años por orden de la Audiencia Nacional-, el inspector Jefe José Angel Fuentes Gago, que fue asesor de la DAO; Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás; y varios periodistas, entre otros.
El inspector López formó parte en 2014 de la Unidad de Asuntos Internos y de la comisión judicial designada para investigar al pequeño Nicolás; equipo que después disolvió e investigó una jueza, aunque el caso acabó en archivo.
A raíz de la investigación a Gómez Iglesias, López dio con los supuestos negocios de José Villarejo incompatibles con su condición de policía e informó a sus superiores de las sociedades con las que el excomisario ofrecía servicios supuestamente vinculados con las fuerzas de seguridad. Un asunto que ahora investiga la Audiencia Nacional y por el que el excomisario está en prisión preventiva.
López, cuyo informe fue archivado en 2015, presentó en 2018 la querella, que fue adelantada por el diario El País, donde relataba que altos mandos policiales le recriminaron haber involucrado a Villarejo en la investigación sobre el pequeño Nicolás.
López apuntó a posibles delitos de acoso laboral, organización criminal y ocultación de pruebas, entre otros, supuestamente cometidos durante la época de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido en Interior.
La Audiencia de Madrid, en un auto del 1 de febrero, ha estimado el recurso de apelación presentado por López y ha ordenado al Juzgado de Instrucción Número 49 "dar traslado de la querella a los querellados, dando así cumplimiento a la exigencia legal de que los investigados conozcan la existencia de un procedimiento contra los mismos y oírles en declaración".
El juzgado, en una decisión del pasado 12 de noviembre, se limitó a dar por presentado un escrito en el que López pedía que diera traslado efectivo de la imputación a los querellados, señalando que debido a la "complejidad" de la misma y a "la existencia de numerosos procedimientos judiciales a los que se hace referencia, se requiere una minuciosa delimitación de los hechos que son o han sido conocidos por otros juzgados" para evitar una "doble instrucción".
Así, acordó, "una vez recibidos los distintos testimonios de los varios juzgados", citar a López para "prestar declaración en calidad de perjudicado y para que concrete determinados extremos de la querella, haciéndosele el correspondiente ofrecimiento de acciones", y pidió dar traslado de su decisión al Ministerio Fiscal y las demás partes.
Para la Audiencia de Madrid, "no puede entenderse justificado en ningún caso que no se haya dado traslado de la querella a los querellados, pues no parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan transcurrido más de dos años desde que se dictó por este tribunal el auto por el que se acordaba admitir a trámite la querella".
El juzgado de instrucción aludió en el auto recurrido, y ahora anulado, a "la paralización en la tramitación ocasionada por la especial situación sanitaria que dio lugar a la declaración del estado de alarma".
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