Ciudadanos recurren a CIDH como víctimas de corrupción por caso Javier Duarte
La organización ciudadana Tojil AJ recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que, en calidad de víctima, sea reconocido su derecho a colaborar en la investigación penal por corrupción en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En un comunicado, la organización informó que presentó ante la CIDH una petición, en contra del Estado mexicano, por las violaciones a derechos humanos derivadas de la negativa de reconocer el papel de las víctimas de corrupción en el caso de Duarte de Ochoa.
La agrupación explicó que el caso inició en 2018 cuando las dos abogadas y defensoras de derechos humanos, Estefanía Medina y Adriana Greaves, presentaron una denuncia en contra de funcionarios de la hoy Fiscalía General de la República (FGR) para que fueran investigados por posibles sobornos en el procedimiento penal del ex gobernador de Veracruz, los cuales presuntamente derivaron en la negociación de una mínima pena, pese a que tenía graves acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con posibles actos de corrupción.
“En ese entonces, la FGR negó a Tojil su derecho a colaborar como víctimas en la investigación y pese a que un juez de amparo determinó reconocerles ese carácter, la fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado le fuera revocado, quien les concedió la razón”, detalló.
Ahora, explicó, la CIDH deberá resolver sobre su admisión que, de ser favorable, llevará este emblemático caso mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con ello, se abriría “un gran precedente en la defensa del Tribunal Interamericano sobre la defensa de violaciones a derechos humanos en casos asociados a gran corrupción”.
En el comunicado, Medina y Greaves, cofundadoras de Tojil, advirtieron que, de poder llevar este asunto a la máxima sede internacional y de generarse una sentencia favorable, se trataría del precedente internacional más importante en la lucha contra la corrupción en América Latina, acorde con los estándares de la propia comisión y el derecho internacional, y podría contribuir en el combate a la corrupción en todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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