La alargada sombra de Juan Carlos I
La ambición desmedida del padre del rey está poniendo en jaque a su hijo. Y a lo que ambos representan. Y por mucho que el actual jefe del Estado intente desvincularse –y lo está intentado con ahínco y honestidad– el goteo de las miserias que arrastra su progenitor está empezando a minar, todavía es pronto para saber en qué medida, el camino de su reinado. El tiempo, y las decisiones que llegado el caso tome Felipe VI, nos dirá si se trata de una simple mala racha que puede ser superada o de algo infinitamente más grave. Es lo malo de las monarquías, que quieran o no los hijos tienen que cargar con los pecados de sus padres, toda vez que han sido éstos los que, sin más mérito que el de la sangre, les han encaramado al puesto que ocupan.
Cada día que pasa se escribe un nuevo capítulo en las tribulaciones económicas del todavía emérito. Y cada página de corrupción ennegrece aún más el perfil de un hombre que para muchos iba a pasar a la posteridad y que ahora, conforme vamos avistando su doble vida cuando ocupaba la Jefatura del Estado e incluso después, lleva camino de perderse en la letra pequeña de nuestra historia.
Doble vida a la que contribuyeron, por acción u omisión, los Gobiernos que coincidieron bajo su reinado, indistintamente del partido que los mantuviera, y no pocas empresas periodísticas que inclinaban la cerviz y callaban no sólo lo que se imaginaban sino también lo que sabían. No se vayan a creer que todo lo que estamos conociendo ahora los ciudadanos acaba de ocurrir. No. El pluriempleo real empezó hace muchos años, fue in crescendo y su campo de maniobra iba más allá de los países petroleros. Eran tiempos en los que el silencio informativo alrededor de la Casa Real era una razón de Estado, y los diferentes presidentes miraban para otro lado siempre que las andadas del rey dejaban huellas peligrosamente visibles.
Vuelven a salir a la palestra los 100 millones de dólares –65 millones de euros de la época o casi 11.000 millones de las antiguas pesetas– que en 2008 el rey Abdulá de Arabia Saudí le regaló al emérito cuando éste todavía era jefe del Estado. Estos días estamos sabiendo que la estructura ‘offshore’ para tratar de camuflar dicho dinero se organizó en el propio palacio de la Zarzuela, que la firma del rey Juan Carlos aparece en la cuenta del banco Mirabaud donde fue a parar tan suculento regalo y que la dirección que consta en la misma es la propia residencia oficial de la Familia Real. Este viernes, El Confidencial publicaba los movimientos de dicha cuenta. Entre los años 2008 y 2012 Juan Carlos I sacó un promedio de más de 100.000 euros al mes en billetes; este dinero lo habría utilizado, según señala el citado medio, para sufragar gastos no declarados de toda su familia. El escándalo que provocó el accidente de Botsuana en abril de 2012 obligó al emérito a cerrar dicha cuenta y a ‘donar’ los más de 60 millones que quedaban en ella a su entonces amante Corinna Larsen.
No parece muy gratificante que un jefe del Estado acepte con nocturnidad y alevosía un regalo de 65 millones de euros de un país como Arabia Saudí que tiene un concepto bastante laxo –por decirlo educadamente– sobre la democracia y los derechos humanos. Y tampoco es de recibo que éste jefe del Estado aproveche su cargo para enriquecerse, como parece demostrado, y que mantenga o haya mantenido en paraísos fiscales elevadas cantidades de dinero, como también parece demostrado. Por aquello de contextualizar, diremos que aquellos años fueron muy duros para los ciudadanos españoles. Entre 2008 y 2011 el número de parados pasó de 3.207.000 a 5.273.000; o lo que es igual: del 13,91 al 22,85% de la población activa, según datos de la EPA.
Unos meses antes de ‘donar’ los más de 60 millones a su amante, cuando el dinero estaba a buen recaudo en su cuenta suiza y ni Corinna ni su cadera ni los elefantes de Botsuana habían puesto todavía patas arriba su reinado, Juan Carlos I se dirigió a los españoles en su tradicional mensaje de Navidad para decirles, con la solvencia que da sentirse impune y a prueba de todo, que la justicia es igual para todos.
“Me preocupa enormemente –dijo ese 24 de diciembre de 2011– la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestra instituciones. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades publicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado y ejemplar”.
Y Juan Carlos I añadió entonces: “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.
Visto en perspectiva, el discurso parece más bien un alegato de la festividad de los Santos Inocentes. Llenarse la boca hablando de legalidad y ética, de ejemplaridad y credibilidad, de rigor y de comportamientos adecuados sabiendo lo que acarreaba a sus espaldas supone un insulto para una ciudadanía engañada e ignorante de lo que hacía su jefe del Estado en los ratos libres.
La sombra de Juan Carlos I resulta cada vez más alargada y tóxica y no sería de extrañar que Felipe VI, paulatinamente, se fuera alejando aún más de la podredumbre que desprende para no verse sepultado por ella. Unidas Podemos ya ha empezado la campaña de meter al padre y al hijo en el mismo saco. Era una estrategia previsible para tratar de parar el chapoteo de esa cloaca en la que se ha convertido el ‘caso Dina’ y que amenaza con dejar al descubierto la porqueriza que rodea a Pablo Iglesias.
Pedro Sánchez ya ha lanzado el mensaje de que las informaciones sobre el rey emérito “son perturbadoras para millones de españoles, yo incluido”. El presidente del Gobierno sobrevuela la cuestión, se presta a meter mínimamente el dedo en el ojo de la Monarquía y evita salir abiertamente en defensa de Felipe VI. En una entrevista conjunta con InfoLibre y elDiario.es ha señalado que “la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades”. Sánchez se muestra partidario de que una reforma de la Constitución revise los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos exclusivamente a su actividad parlamentaria, dejando entrever que la inviolabilidad del rey también debería afectar exclusivamente a sus actos como jefe del Estado.
Pero hablar de ello en una entrevista y jugar con hipótesis que quedan muy bien sobre el papel es mucho más sencillo que poner en marcha el proceso. Intentar establecer topes a la inviolabilidad del rey o modificar cualquier aspecto relativo al estatus de la Corona sólo puede hacerse a través de una reforma agravada de la Constitución. Y eso son palabras mayores: implica mayorías de dos tercios, disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones, que las nuevas Cortes quieran seguir adelante con la reforma, nuevas mayorías de dos tercios para aprobar el nuevo texto constitucional y, finalmente, un referéndum. Demasiada tela para un Gobierno cogido con alfileres.
Y mientras tanto, Felipe VI aguanta el tirón aunque sabe que las tropelías y los disgustos no han terminado y que la alargada sombra del emérito sigue estando ahí, amenazándole a él y a la Corona.
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