Inseguridad alimentaria en tiempos de COVID-19
La pandemia por COVID-19 no ha dejado ningún ámbito sin afectar. La alimentación y la nutrición de la población sin duda se están viendo perjudicadas por el confinamiento, por la depresión económica de los países y de las personas, por las dificultades de acceso y por la falta de disponibilidad de alimentos sanos y seguros, en especial en los grupos más vulnerables.
Estar en cuarentena posiblemente para algunos (los más privilegiados) significa disponer de más tiempo para hacer ejercicios y cocinar en casa en base a productos naturales, legumbres, pescados, frutas y verduras, de despacho a domicilio, y menor exposición a ambientes obesogénicos y puede constituirse en una oportunidad de aumentar el consumo de productos saludables. En cambio, para otros significa hacinamiento, violencia intrafamiliar, empobrecimiento y menor acceso a alimentos saludables. Esta “paradoja” probablemente exacerbe las desigualdades y aumente la inseguridad alimentaria en términos no solo de la cantidad de alimentos disponibles, sino de su calidad nutricional (más calóricos, con más azúcares, sodio y grasas saturadas), fomentando la doble carga de enfermedad: obesidad y desnutrición.
En palabras del Director General de FAO “Para reducir el riesgo de un costo aún mayor (escasez de alimentos para millones, incluso en países ricos), el mundo debe tomar medidas inmediatas para minimizar las alteraciones de las cadenas de suministro de alimentos. La incertidumbre sobre la disponibilidad de alimentos puede llevar a los encargados de formular políticas a implementar medidas comerciales restrictivas para salvaguardar la seguridad alimentaria nacional.”
En la declaración conjunta de QU Dongyu, Tedros Adhanom Ghebreyesus y Roberto Azevedo, Directores Generales de la FAO, la OMS y la OMC, han recalcado que millones de personas dependen del comercio internacional para su seguridad alimentaria por lo que la adopción de medidas destinadas a detener la expansión de la pandemia debe considerarse reducir al mínimo las posibles repercusiones en el suministro de alimentos y que los países deben garantizar que esto ocurra así.
Los países que cuentan con programas alimentarios estatales, como Chile con un programa de alimentación complementaria para niños/as, gestantes, adultos mayores y escolares, presentan una oportunidad de responder mejor a estas situaciones críticas, porque ya cuentan con la logística implementada para dar respuesta a las necesidades de su población beneficiaria, pero sin duda lo que es útil en condiciones normales, debe ser adecuado para que se cumple cabalmente en esta nueva condición.
Podríamos decir que estos son posibles riesgos en la situación actual:
- Disponibilidad: Escasez por acumulación por pánico, reducción de producción, la cual se ve acentuada por la escasez hídrica que hay en la zona central de Chile y restricciones comerciales.
- Accesibilidad: La restricción del movimiento reduce las opciones. Interrupción o dificultades para entrega de programas alimentarios estatales. Aumento de precios y disminución de ingresos.
- Doble carga de trabajo y estrés femenino: mujeres que deben cumplir con teletrabajo y hacerse cargo de tareas domésticas y alimentación familiar, así como el cuidado de niños/as y adultos mayores. La falta de habilidades en la cocina, la falta de variedad de alimentos frescos, la falta de espacio para guardar alimentos y las dificultades de tiempo y compra, incentivan el consumo de alimentos ultraprocesados de mayor duración y más fácil preparación, pero con alto contenido de nutrientes críticos.
En momentos de crisis, nos vemos obligados a repensar los sistemas alimentarios globales y a fortalecerlos de tal manera que sean más sostenibles y saludables, fomentando también la producción y el abastecimiento local. Se hace presente, además, la imperiosa necesidad de colaboración entre países y al interior de los países, entre sectores, para mitigar las consecuencias de cadenas alimentarias deficientes que afectan a corto plazo a las poblaciones más vulnerables, pero a más largo plazo a toda la población.
En gran parte de nuestros alimentos básicos (trigo, arroz, legumbres) no somos autosuficientes, así por ejemplo en trigo nos autoabastecemos en un porcentaje que fluctúa entre el 60% y 70%; en arroz ese valor es en promedio un 50%; en legumbres, en el caso de lenteja casi el 90% es producto de las importaciones, situación similar a la del garbanzo y en menor proporción en poroto. La pregunta que es necesario hacerse es, si hipotéticamente, producto de la crisis sanitaria, no se pudieran importar más estos alimentos ¿tiene Chile la capacidad para autoabastecerse? La respuesta es compleja, pues gran parte de los terrenos dedicados a estos cultivos (sobre todo las legumbres) han sido ocupados por cultivos más rentables (para exportación), disminuyendo fuertemente su superficie de siembra, si a esto se le suma, el problema de estrés hídrico, producto del cambio climático, el escenario es cada vez más complejo, sobre todo en cultivos cuya demanda hídrica es alta, tal como el arroz.
En tiempos de crisis se espera que el Estado vele por el derecho a la alimentación y por el acceso y disponibilidad de alimentos básicos, inocuos y saludables para toda la población, a través de la regulación estatal de precios y garantía de acceso físico y económico a frutas, verduras, legumbres y pescados, especialmente en poblaciones vulnerables.
Es importante también que los Estados entreguen un mensaje equitativo donde se incentive que el alimentar y cuidar es una responsabilidad de todos y todas y que no se transforme en una sobrecarga más para las mujeres en condiciones de confinamiento.
En este nuevo escenario, la discusión sobre el derecho constitucional a la alimentación inocua y saludable que renació durante el estallido social resurge con más fuerza relevando la necesidad de una legislación y regulación que permita mantener entornos alimentarios seguros y saludables, que resistan las condiciones de crisis.