González se desmarca de la contratación de Villarejo: “A mí me llegaban temas de más de 50 millones”
El ex presidente del BBVA Francisco González aseguró al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que investiga los encargos de espionaje que hizo el banco al comisario jubilado José Villarejo– que autorizó la contratación de una agencia de detectives pero que desconocía que pertenecía al entonces mando policial, a quien dijo no conocer «de nada». En su declaración ante el instructor del «caso BBVA» el pasado 17 de noviembre –incorporada a la causa sobre la que el juez acaba de levantar el secreto de sumario–, González señaló a Corrochano como la persona que propuso la contratación de una agencia de detectives en dos ocasiones: a finales de 2004 tras el fallido intento de la constructora Sacyr de hacerse con el control del banco y alrededor del año 2010, en plena crisis inmobiliaria, para investigar los activos ocultos de inmobiliarias morosas. En ambos casos, explicó, se autorizó al en esas fechas responsable de Seguridad del banco a efectuar la contratación, pero él no supo nada más del asunto porque se trataba de un tema «absolutamente menor».
«¿Corrochano tenía capacidad para contratar un servicio como el de Cenyt por un importe superior a los diez millones de euros sin que usted lo sepa?» –le preguntó entonces el juez. A lo que el investigado replicó que una vez se le dio el visto bueno suponía que se iban a seguir «los pasos procedimentales para poder hacer esa contratación».
La «doctrina FG»
«A mí no me llega nada de contratación –puntualizó–, nada de facturas, esas cosas no llegan al presidente. A mí me llegan temas que son más o menos de 50 millones de euros para arriba. Y tema estratégicos y de representación».
El ex presidente del BBVA llegó a asegurar que «si alguien tuviera esa información en el banco y me la hace llegar, al día siguiente está en la calle, porque sabe que es ilegal y no responde a mi código de conducta». En varias ocasiones, se refirió a la «doctrina FG» que implantó en la entidad, que «todas las cosas» que se hicieran en el banco tuvieran que ser «primero legales, que es obvio, y eso significa no buscar agujeros legales, no ir por caminos que a veces abogados muy brillantes te quieren llevar. Lo segundo, que fuera publicable y lo tercero, que fuera moralmente aceptable por la sociedad».
«¿Llegó a conocer o hablar con el señor Villarejo?», quiso saber el magistrado. «En absoluto», negó González. «No lo conozco de nada». Y contó que supo de su existencia a través de un programa de Salvado en La Sexta emitido en junio de 2017. «No lo vi, pero se habló mucho de él –recordó–. Apareció un señor extraño, raro, a mi juicio, y ahí empecé a saber un poco quién era este personaje. Y posteriormente, en julio o septiembre, hablando con Julio (Corrochano) le pregunté: “¿Quién es este señor?”. «Un agente encubierto». Punto». «¿O sea que nunca supo qué empresa de detectives hizo ese trabajo?», le insistió el instructor. «En absoluto», volvió a negar el ex banquero.
La primera contratación, contó, se produjo a raíz de que el Grupo Sacyr quisiese hacerse con el control del banco, una operación que tachó de «absolutamente ilegítima e ilegal», ante la necesidad de saber «quiénes estaban detrás de esa operación». Fue Corrochano, precisó, quien dijo en una reunión «que para obtener esa información puede contactar con una compañía de detectives», pero según González no precisó que se trataba de Cenyt, la empresa de Villarejo.
Respecto a Ausbanc y a su entonces presidente, Luis Pineda, Francisco González aseguró que en ningún momento ordenó que se contratar a ninguna agencia para que se le investigara y recopilara datos que pudiesen utilizar posteriormente. Sí admitió que hubo un momento en que el banco se negó a aceptar ya las cifras que Pineda les solicitaba en concepto de publicidad en sus revistas; rechazó que llevó, según González, a que Pineda emprendiera un ataque «brutal» contra el banco.
Fue entonces, añadió, cuando la entidad que presidía sentía que se le «chantajeaba», por lo que se empezó a «recopilar» información contra Pineda, que fue la que terminó en la denuncia presentada en Anticorrupción.