La Junta ya tenía en cartera la creación de «dos nuevos órganos de asesoramiento»

Uno de los ejes del acuerdo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos es poner orden en la tupida administración paralela de la Junta de Andalucía. En concreto, el texto pactado entre ambas formaciones incluye la solicitud a la Cámara de Cuentas para que desarrolle una auditoría integral de la administración autonómica, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), de todo el gasto de la Junta, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental. Igualmente uno de los objetivos es la aprobación de un decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la citada administración paralela para «eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción». El actual Ejecutivo consideraba que esto no era necesario y lejos de ello, tenía prevista la creación de nuevos órganos que, sin llegar a conformarse como entes públicos autónomos sí conllevaban el aumento del gasto público.

Uno de estos nuevos organismos dependientes de la Administración previstos es el Consejo Andaluz de la Cultura. Su creación se considera «imprescindible» en la memoria del proyecto de Orden consultada por este periódico. En concreto se apunta necesario «contar con una visión de conjunto de la cultura en Andalucía y, para ello, se requiere articular los instrumentos más idóneos para canalizar las relaciones entre las Administraciones Públicas, el sector privado y los colectivos sociales directamente implicados en el desarrollo cultural de nuestra Comunidad Autónoma». Por ese motivo, «es indudable la conveniencia de que exista un órgano colegiado transversal que se configure como órgano superior de asesoramiento de la Consejería de Cultura y que, al mismo tiempo, se constituya como órgano consultivo, de encuentro y de participación, que permita fomentar el diálogo abierto de las diversas partes implicadas en la vida cultural andaluza».

Aunque las tareas organizativas las asume la propia Consejería de Cultura, este organismo «sin funciones decisorias o ejecutivas» contempla gastos por «las indemnizaciones correspondientes a las vocalías integrantes del mismo que no formen parte de la Junta de Andalucía, así como a aquellas personas que sean invitadas a participar en las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente o los Consejos Asesores que se creen en su caso».

En concreto, se fija una horquilla que va entre los 275 euros para asesores externos (14 en total) o de otras administraciones (1 persona), a los 20,41 para el personal propio de la Junta (15 previstas). En total, 8.860,50€ euros al año para abonar las dos reuniones anuales. La comisión permanente estaría compuesta por personal propio de la Junta y tendría un presupuesto al año de algo más de 400 euros.

Por su parte, la Consejería de Conocimiento, Innovación y Universidad tenía previsto desarrollar la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación en la Administración Pública de la Junta de Andalucía –acordada en el Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de 2018– para lo que tenía previsto impulsar un Comité Director de Compra Pública de Innovación. Según la documentación consultada por este periódico, este organismo, «con capacidad de decisión» sería el encargado de «implementar el conjunto de medidas que se acuerden a través de este programa en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. El Comité estaría «presidido por la persona titular de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, siendo su Vicepresidente el Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología; serán miembros en función del cargo concreto que desempeñan las personas titulares de la Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento, de la Dirección General de Fondos Europeos, de la Dirección General de Patrimonio, de la Dirección General de Planificación y Evaluación y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, junto con un representante designado por todas y cada una de las Consejerías, con rango como mínimo de Dirección General».

La memoria económica señala que «la creación y funcionamiento del Comité Director no va a suponer un mayor gasto, dado que no se contempla ningún tipo de indemnización para sus miembros», aunque «los costes derivados de su funcionamiento como órgano colegiado adscrito a la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad asumidos por su presupuesto ordinario de funcionamiento y los desplazamientos de sus miembros que, en su caso, tengan que producirse se asumirán por sus respectivas Consejerías, dado que todos forman parte de la Administración de la Junta de Andalucía».