Funcionarios exigen a la Junta que les devuelva todas «las cantidades sustraídas»
Achicar distancia entre teoría y práctica no siempre es fácil ni rápido. La Junta abonará en febrero a sus empleados la última parte de la paga extraordinaria de 2012 y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que ese esperado abono significa una «inyección económica» para el nutrido colectivo de trabajadores que «puede venir bien al aumento» de un «consumo» que «procure el desarrollo económico de la comunidad». Sus declaraciones no han convencido al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) desde donde las califican incluso de «alucinantes» y entienden que constituyen una muestra de la «cara dura» del Gobierno regional. Su presidente, Carlos Sánchez, recuerda a Montero que «muchas otras administraciones del Estado ya han devuelto íntegras» las extra pendientes a sus funcionarios, mientras en Andalucía el dinero sigue llegando con cuenta gotas, además de que las ayudas de acción social están «suspendidas». «Y lo más grave y que la consejera oculta de manera deliberada», anota Sánchez, «es que no nos van a reponer las cuatro pagas adicionales del complemento específico de las pagas extraordinarias de julio y diciembre que nos fueron sustraídas en 2013 y 2014». «Eso sí que supondría una reactivación de la economía de los funcionarios», ironiza.
El sindicato que comanda estimó conveniente plantear por escrito sus reclamaciones sobre los cuatro mencionados pagos, «que en algunos casos suponen miles de euros», más la acción social tanto al departamento de Hacienda como a la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz. Las respuestas no se corresponden, dicen, con el discurso de que «se van a restaurar absolutamente todos los derechos de los funcionarios andaluces». En la última de esas contestaciones, rubricada por la secretaria general para la Administración Pública, Lidia Sánchez, y consultada por LA RAZÓN, se asevera que con la percepción de «las pagas adicionales del complemento específico» de las extra de junio y diciembre desde 2015, se considera «satisfecho el derecho del personal empleado público al cobro en su totalidad de sus pagas extraordinarias». Esto es, «como en 2015 ya se nos abonó dicha paga adicional, se da por recuperado el derecho», condensa el presidente del SAF. Saca rápido y avisa de que seguirán reclamando «las cantidades sustraídas» ante la «falta de respeto sin límites que están demostrando hacia el colectivo funcionarial». En relación al apartado de la acción social, «que sólo se bloqueó en la comunidad», desde la Junta se les trasladó que prevén su recuperación para 2019 y el sindicato exige saber cuándo. «En enero o en diciembre», lanzan.