Maza, un juez que tuvo que hacer frente desde la Fiscalía al órdago independentista
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha fallecido en la clínica de Buenos Aires en la que permanecía ingresado desde este viernes por un proceso de infección. Juez de carrera, procedente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tomó posesión al frente de Ministerio Público hace menos de un año, el 29 de noviembre de 2016, y desde su puesto le correspondió hace sólo unas semanas hacer frente desde al órdago independentista en Cataluña con interposición de sendas querellas contra el exgovern de la Generalitat y los diputados del Parlamento que propiciaron la declaración unilateral.
Maza fue nombrado por el Gobierno el pasado 25 de noviembre tras ser avalada su idoneidad por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --donde obtuvo el voto de todos los vocales menos una, la designada a propuesta de IU--, y también de la Comisión de Justicia del Congreso pese a las dudas iniciales manifestadas por el Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos, que durante su comparecencia parlamentaria le pidieron que defendiera su autonomía frente a presiones externas.
Nacido en Madrid en 1951, ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, donde fue el primero de su promoción, si bien comenzó ejerciendo como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles.
De sensibilidad conservadora aunque con posicionamientos muy independientes en algunos de los asuntos que le ha tocado deliberar, durante su etapa como juez Maza se opuso en su día a la denominada 'doctrina Botín', propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela' e Irak y expresó sus dudas sobre la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Durante su comparecencia para pedir la confianza de las Cortes, Maza expresó la necesidad de que el Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, aunque ha recordado que hasta el más perverso de los delincuentes merece el respeto de sus garantías, por lo que la Fiscalía debe ser sensible a los derechos de los ciudadanos sometidos a una investigación penal.
Dicha confianza se vio empañada sin embargo unos meses más tarde, el pasado mes de mayo, cuando el Pleno del Congreso apoyó por amplia mayoría la moción del PSOE por la que se reprobaba al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y exigió tanto su destitución como la del exfiscal Anticorrupción, Manuel Moix.
Este último, elección y apuesta personal de Maza para el puesto. Fue muy cuestionado durante todo su breve mandato. Dimitió el 1 de junio tras conocerse que poseía parte de una sociedad 'offshore' en Panamá, bajo la que se camufla la propiedad de un chalé en Collado-Villalba,
El Congreso reprochó entonces Catalá su responsabilidad "directa" en los nombramientos de los fiscales e instó al Gobierno a remover de su puesto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones".
Pese a estas críticas y a recurrentes peticiones de dimisión Maza continuó trabajando al frente de la Fiscalía General del Estado en un momento de intensa labor tanto en la lucha contra la corrupción -en la que su departamento ha pedido condenas muy importantes en juicios contra tramas como la 'Gürtel'- como contra la deriva independentista de Cataluña, presentando sendas querellas por rebelión contra sus principales responsables e instando su ingreso en prisión.
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