Abogados de las defensas creen que Puigdemont no podrá ser enviado a España antes de enero
La decisión de Puigdemont y algunos miembros de su Govern de desplazarse a Bélgica está teniendo los efectos deseados por sus estrategas: la justicia belga no podrá enviarlos a España antes del mes de enero, según el calendario sobre el que trabajan las defensas.
Los letrados han considerado los plazos que ofrece la justicia de aquel país para un proceso que ofrece la posibilidad de recurrir ante una corte de apelaciones o en casación una eventual decisión de entrega a España.
El cronograma que barajan las defensas de los exmiembros del Govern en Bélgica señala a este viernes como el inicio de un periplo que no debería finalizar como pronto hasta el próximo mes de enero.
Ese punto de inicio está marcado por la citación que deben responder los políticos reclamados por España ante el juez que debe decidir sobre su traslado a nuestro país, en cumplimiento de la Orden Europea de detención, dictada por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Tras la declaración de este viernes, la magistrada se tomará un plazo de varios días para dictar una resolución. En caso de que esa decisión sea conforme a los intereses de la Audiencia Nacional, las defensas aún tendrán margen para dilatar el proceso.
A la primera decisión, podrán interponer recurso ante la Corte de Apelaciones. Si en ese escalón también pierden, les queda otra posibilidad: recurrir en casación ante el tribunal supremo belga.
Mientras todo el procedimiento agota sus plazos, Puigdemont y sus exconsellers continúan en Bruselas en régimen de libertad pero con algunas obligaciones para garantizar su voluntad de colaborar con la justicia.
Cada mañana deben comunicar a la policía federal belga los movimientos que tiene previstos para ese día y se les obliga a responder sin dilación a cada requerimiento judicial que se les comunique.
Esa situación de libertad se mantendrá para todos ellos hasta que la justicia belga tome una decisión definitiva sobre su entrega a España. Así consta en los autos dictados por el juez de primera instancia que lleva su causa en aquel país.
Con este panorama, la presencia de los políticos catalanes en la capital comunitaria va a dificultar su presencia física en la campaña electoral catalana. Todos ellos están obligados a permanecer en territorio belga y no pueden abandonar ese país sin una autorización expresa del juez que lleva el caso.