Congreso aprueba presupuesto 2027 de S/ 266 506 millones con 107 votos a favor, 46 en contra y 15 abstenciones
El Pleno del Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, por un monto total de S/266 506 316 735, con 107 votos a favor, 46 en contra y 15 abstenciones entre ambas cámaras.
En Diputados obtuvo 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones; y en el Senado, 36 a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Junto con el presupuesto se aprobaron las leyes de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público.
El gobierno nacional se queda con S/165 604 millones, más del 60% del total, para gasto corriente, gasto de capital y pago de la deuda. A los gobiernos regionales les tocan S/58 832 millones y a los locales, S/42 069 millones.
El texto mantiene la prohibición de pagar horas extras en el Estado, un tope de S/120 mensuales por equipo de telefonía móvil y límites a las contrataciones CAS.
PUEDES VER: Ministro Dyer evitó responder por su hijo y su equipo de prensa desvió las preguntas de periodistas en Cusco
Los aumentos para los trabajadores del Estado quedan en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que podrá aprobarlos desde el 1 de enero de 2027 para nombrados, contratados CAS, guardaparques y personal penitenciario.
La ley ratifica los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/300 cada uno y la bonificación por escolaridad de hasta S/400. Además, el Estado podrá comprar vehículos para intervenciones específicas o para reemplazar unidades de más de diez años.
El presupuesto reserva hasta S/3 657 millones para el programa de desarrollo infantil temprano. Para reducir la violencia contra la mujer destina más de S/578,9 millones, alrededor del 0,2 % del total, de los cuales S/291,5 millones irán al sistema de justicia especializado en estos casos.
El presidente del Congreso, Miguel Torres, presentó como un logro que sea el primer presupuesto aprobado por el Congreso bicameral. “Lo hicimos diez días antes del plazo máximo establecido por nuestra Constitución”, dijo. Sin embargo, más de uno de cada cuatro parlamentarios que votó rechazó el texto.
Durante el debate, la diputada de Ahora Nación Indira Huilca pidió que se apruebe una nueva escala de ingresos para el personal del Ministerio de Cultura, la Reniec, el Serfor y la Sunat contratado bajo el Decreto Legislativo 728, además de habilitar presupuesto para pagar sentencias y laudos arbitrales en el caso de la Reniec.
También planteó que se autorice a la Contraloría, a través del MEF, a hacer un estudio y aprobar una nueva escala salarial, y que se la excluya del límite de trabajadores CAS solo para cumplir mandatos judiciales de reincorporación de personal cesado.
Mirtha Vásquez denuncia que el Congreso se exceptuó de las reglas de austeridad
La senadora de Ahora Nación Mirtha Vásquez, quien votó en contra del presupuesto, afirmó en redes sociales que el texto sustitutorio duplicó las disposiciones finales para incorporar excepciones al control fiscal y administrativo. Según su denuncia, el dictamen aprobado permite que el Congreso se excluya de las reglas de austeridad para subir sueldos y retener saldos presupuestales.
Vásquez también sostuvo que se suspende la exigencia de experiencia específica de la Ley de Idoneidad para los cargos de confianza en el Ejecutivo. “Se utiliza la Reserva de Contingencia, destinada a emergencias, para financiar obras con nombre propio y transferencias directas sin el filtro regular de inversión pública”, escribió.
La senadora afirmó además que el presupuesto se reduce en sectores como salud, agua y saneamiento, y que niega recursos para las ollas comunes y para poblaciones vulnerables como los pensionistas y los contaminados con metales pesados.
Ruth Luque cuestiona excepciones para obras en Lima
La también senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, se sumó a votar en contra del dictamen porque, según escribió en sus redes, las prioridades del presupuesto "no responden a las necesidades urgentes del país".
Luque advirtió que el texto debilita la protección del patrimonio arqueológico con cambios en el CIRAS, afloja los requisitos de idoneidad para ciertos funcionarios y no asegura el dinero necesario para mejorar las pensiones de los maestros jubilados.
El dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, tiene una regla para las obras viales y de transporte urbano que apruebe la Municipalidad de Lima.
El certificado que asegura que no hay restos arqueológicos en la superficie (CIRAS) debe salir en diez días hábiles como máximo. Si pasa ese plazo y nadie responde, el certificado se da por otorgado. Para esas mismas obras, el plan de monitoreo arqueológico se aprueba automáticamente y recién después se fiscaliza. Y si la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao no da su opinión en diez días hábiles, se entiende que está de acuerdo, aunque esa opinión no es obligatoria.
