El desgobierno continúa, 100 días después
En política, la evaluación de los primeros cien días de un gobierno tiene normalmente una doble intención. Por un lado, permite a la ciudadanía dejar de mirar la coyuntura como piezas sueltas para empezar a ver cómo se desarrolla el proceso democrático en el país. Por otro lado, son balances que a un gobierno responsable siempre les viene bien porque debería incentivar correcciones a la gestión pública que ejercen.
Vale aclarar que este período ciertamente no basta para resolver los problemas estructurales de un país, que en el caso del Perú no son pocos.
Teniendo todo esto en consideración, el recuento de esta primera centena de días de la presidenta Keiko Fujimori, para pesar de los postergados peruanos, no habla de logros incompletos ni de reformas en tránsito, sino de un Estado que opera bajo los mismos parámetros en que fue recibido.
La seguridad, que fue el eje central de la oferta fujimorista sigue en condiciones parecidas a la gestión de Boluarte, Jerí y Balcazar. Al cabo de este primer trimestre, la tendencia delictiva se mantiene sin que emerja una política de seguridad articulada que justifique la expectativa sembrada durante la campaña.
Paralelamente, los mercados populares reflejan, con más fidelidad que cualquier estadística oficial, la presión que la canasta básica acumula sobre los hogares peruanos. En otras palabras, no es casualidad que los precios de los productos de primera necesidad hayan continuado su escalada sin que el partido gobernante haya exhibido una propuesta de estabilización, más allá de pronunciamientos que no han encontrado traslado en las finanzas públicas.
En este desgobierno destaca en los mismos términos la gestión del canciller Carlos Espá, quien además de exponer a la jefa de Estado al bochornoso viaje a El Salvador, ha marcado un giro que contrasta con la tradición diplomática peruana, cimentada durante décadas en el respeto al derecho internacional y en la independencia de criterio frente a los bloques de poder de turno.
Esa línea no es menor porque ha acelerado la precarización de lo que fuera una de las islas de eficiencia en el Estado peruano. Y esa pérdida de liderazgo es sentida en el sistema internacional. Lo único aprobado ha sido el Escudo de las Américas que hasta ahora no ha presentado al país una hoja de ruta que justifique su adhesión.
Sin embargo, el episodio más revelador de esa brecha entre el discurso y la ejecución es la delegación de facultades que el oficialismo obtuvo del Congreso, luego de desnaturalizar su reglamento para imponer puntos sin consenso. A cien días del inicio del mandato, ningún decreto ha sido publicado hasta el momento.
Pero este desgobierno corresponde a la continuidad de un régimen que carece de voluntad y capacidades reales para convertir compromisos en acción para luchar contra la criminalidad y gobernar para los peruanos. Y eso, por el bien del país, debe corregirse pronto.