Por qué han surgido las inquietudes sobre el espionaje de ciudadanos
Ignoro sus móviles, pero cuatro declaraciones y una decisión del Ejecutivo generan fundadas inquietudes sobre la posibilidad de que esté creándose, o llegue a crearse, una estructura gubernamental para espiar ilegalmente a ciudadanos. A continuación, las declaraciones:
El 24 de junio, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, dijo que su cartera incorporaría tecnología de la agencia de inteligencia israelí Mossad para combatir el contrabando. “No voy a compartir más detalles”, agregó. El 12 de agosto, Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, declaró tener identificados a “zurdos, algunos de clóset”, y saber dónde se reunían. Ese mismo día, la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo, mencionó en la Asamblea Legislativa una “operación Pegasus”. No la explicó, pero sin duda sabe que el nombre corresponde a un poderoso software de una empresa, también israelí, que convierte teléfonos celulares en agentes espías.
Para coronar, Freddy González, secretario general del PPSO, lanzó en la noche “un mensaje” por televisión a un grupo de simpatizantes del Frente Amplio. Dijo saber “dónde están, cuáles son sus gustos y hasta qué hacen”.
La decisión es el decreto que declara secreto de Estado el quehacer de los cuerpos decisorios en materia de seguridad, las contrataciones que realicen y otros ámbitos de sus funciones. Por su amplitud, opacidad y riesgos que abre, sus choques con la Constitución son evidentes.
Si añadimos las amplias posibilidades de rastrear redes sociales e indagar en los contactos, expresiones, ideas, gustos y preferencias de los usuarios, la posibilidad de invadir la vida privada se torna aún más inquietante. Y estas herramientas, de fácil acceso comercial, no demandan capacidades especiales.
No me atrevo a decir si las declaraciones responderán a pura jactancia, al deseo de crear temor y paralización entre adversarios, a la realidad de lo que está en marcha o a todo lo anterior. Tendería a descartar lo peor si no fuera porque el secreto de Estado firmado por la presidenta Laura Fernández crea condiciones que fomentarían la arbitrariedad.
Para tranquilizar, no basta con desmentir o “aclarar” lo que han dicho funcionarios y aliados. Lo que se impone es corregir las malas decisiones que dan fundamento a la inquietud.
Correo: radarcostarica@gmail.com
X: @eduardoulibarr1
Eduardo Ulibarri es periodista y analista.