Gobierno busca acelerar proyectos mineros por hasta US$40.000 millones en los próximos cinco años
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) espera que unos US$40.000 millones de la cartera minera peruana, valorizada en US$64.075 millones, registren avances durante los próximos cinco años. El ministro Guillermo Shinno señaló que parte de estas iniciativas podría incluso llegar a iniciar operaciones durante el quinquenio, aunque remarcó que el objetivo no implica que todo ese monto vaya a ejecutarse en su totalidad.
Durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, Shinno explicó que el Gobierno ya revisó los proyectos que integran la cartera minera y que su despacho buscará establecer contacto con las empresas responsables para conocer la situación de cada iniciativa y determinar cuáles tienen condiciones para avanzar.
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“Personalmente conozco la cartera, he revisado cada uno de los proyectos, y vamos a llamar a distintas empresas sabiendo que varios de ellos pueden tener avances significativos e incluso podríamos inaugurar operaciones durante este quinquenio”, declaró.
El planteamiento del Minem apunta, por tanto, a identificar los proyectos que puedan avanzar en sus diferentes etapas durante los próximos cinco años.
Gobierno busca atender demandas de las comunidades antes de que escalen los conflictos
El ministro planteó que acelerar las inversiones no debería ser el único indicador para evaluar el desarrollo de la actividad extractiva. Durante su intervención, puso énfasis en la necesidad de que los beneficios de la minería puedan ser percibidos por las poblaciones de las zonas donde se encuentran los recursos.
“La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos”, afirmó Shinno.
En esa línea, el titular del Minem planteó modificar la manera en que el Estado aborda las tensiones sociales relacionadas con los proyectos mineros. La propuesta consiste en intervenir antes de que los conflictos lleguen a convertirse en protestas o paralizaciones, a partir de una identificación anticipada de las necesidades de cada territorio.
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El Gobierno busca que ese trabajo involucre a empresas, autoridades locales, comunidades y al propio Estado. La idea es que las decisiones sobre el desarrollo de una zona no se tomen únicamente desde el Gobierno central o en función de los intereses de una compañía, sino considerando también las demandas de las poblaciones directamente vinculadas con la actividad.
Este enfoque es denominado por el Minem como “gobernanza territorial”. Para Shinno, uno de los principales desafíos consiste en que la población pueda identificar de manera concreta qué beneficios genera la explotación de los recursos en su localidad.
“La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae la actividad extractiva”, sostuvo.
El avance de la minería ilegal preocupa al sector
El otro frente señalado por Shinno fue el avance de la minería ilegal, particularmente en zonas de la Amazonía y los Andes. El ministro advirtió que esta actividad genera impactos sobre los ecosistemas y afecta a comunidades nativas y campesinas, además de estar vinculada con economías criminales.
“Proteger la sostenibilidad del país implica obligatoriamente erradicar la ilegalidad”, afirmó.
La posición del Gobierno coloca así la lucha contra la minería ilegal como uno de los retos que deberá enfrentar el sector en los próximos años, junto con la búsqueda de condiciones que permitan reducir las tensiones alrededor de los proyectos formales.
Las declaraciones de Shinno se produjeron durante la apertura del GESS 2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que se desarrolla del 18 al 20 de agosto en el Centro de Convenciones de Lima.
El presidente del IIMP, Juan Carlos Ortiz, coincidió en que la viabilidad de nuevos proyectos dependerá de la capacidad de empresas, autoridades y comunidades para construir acuerdos en los territorios donde se desarrollará la actividad minera.
Por su parte, Tamiko Hasegawa, presidenta del GESS 2026, señaló que esta relación deberá mantenerse también con las nuevas autoridades que asumirán tras las próximas elecciones regionales y municipales.
El desafío para el Gobierno será conseguir que los proyectos que logren avanzar encuentren condiciones sociales y territoriales que permitan su desarrollo, mientras se atienden problemas como la minería ilegal y las demandas de las poblaciones de las zonas de influencia.