La abogada que no se podía jubilar

Imagine que ha trabajado a lo largo de 40 años. Que ha madrugado, que ha renunciado a domingos y vacaciones, que ha pagado religiosamente, mes a mes, lo que le tocaba para tener una pensión en la vejez. Y que, al cumplir los 67, alguien le dice que su pensión rondará los 450 euros al mes. Esa es hoy la vida de miles de abogados y procuradores de este país. No es una hipótesis: es lo que está pasando, y ya se ha cobrado vidas.

Durante décadas, a quienes ejercíamos estas profesiones el Estado no nos dejó entrar en la Seguridad Social como al resto de los trabajadores: nos remitió a una mutualidad privada, sin tener acceso a la sanidad pública, debiendo costear nuestra propia sanidad con recursos propios.

Escuchará decir que los abogados eligieron la mutualidad para pagar menos. No es verdad. Cuando muchos empezaron a ejercer no existía la opción de elegir el sistema público. La mutualidad era obligatoria, y cuando después se abrió una teórica opción, ya estaban dentro, con años de aportaciones económicas que no podían mover. Reprochar hoy a un jubilado que «eligió mal» es reprocharle haber caminado por el único sendero que le dejaron abierto. La prueba de que no hubo ni cálculo ni ventaja está en el resultado: tras toda una vida de ejercicio, cobran una pensión de miseria.

Tras años de movilizaciones en las calles, el 23 de julio se aprobó por fin una ley que abre una pasarela hacia el sistema público. Es un avance, y lo reconocemos con honestidad. Pero nace con dos heridas que no podemos callar.

La primera, la más grave, son los pasivos, los que ya están jubilados, los que ya cobran esa pensión de miseria. A pesar de que fueron ellos, precisamente, quienes dieron la voz de alarma, advirtiendo de que este sistema conducía a la pobreza, la reforma que ellos ayudaron a arrancar llega tarde para ellos: se quedan fuera. Los que más alertaron son los grandes olvidados del texto. Por ellos seguiremos peleando.

Y no hablamos de cifras frías. Detrás de cada uno de esos jubilados hay una casa, una pareja, una dignidad que se sostiene con esfuerzo. Ya existe algún caso de compañeros que se han quitado la vida al comprobar que toda una vida de trabajo no les alcanzaba para vivir. Cuando un sistema empuja a eso a quien lo dio todo, es que ha fracasado.

La segunda herida es una discriminación por edad difícil de justificar. La ley trata mejor a quien haya cumplido 52 años y peor a quien no llegue a esa cifra. Dos compañeros que han ejercido lo mismo, aportado lo mismo y soportado el mismo riesgo verán reconocidos sus años de forma distinta por el simple hecho de haber nacido antes o después de una fecha.

No obstante, a diferencia de nuestros mayores, a los menores de 52 años les quedan 15 años por delante para corregirlo, y no vamos a soltar esa batalla.

Hay, además, una paradoja que subleva. La única que no informó, la que dejó crecer este problema durante décadas –la propia mutualidad–, es la única que sale indemne. No responde de nada ni pierde nada: su única obligación se reduce a entregar el fondo del mutualista que decida marcharse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), es decir, el dinero que ya era de ese profesional. Quien causó el daño se limita a devolver lo que no era suyo, mientras los perjudicados cargan con las consecuencias de por vida. Eso no es en ningún caso llevar a cabo una rendición de cuentas.

Y conviene ser prudentes, porque esta historia no ha terminado de escribirse. La ley remite lo esencial a un reglamento que aún no existe; quien quiera acogerse a la pasarela dispondrá de un solo año para solicitarlo desde que entre en vigor.

Todavía no sabemos qué dirá ese reglamento ni qué callará, y de su letra pequeña dependerá que la ley sea un avance real o una promesa a medias. Estaremos vigilantes en cada línea.

Todo esto no es un pleito interno de togas: le afecta a usted más de lo que cree. Detrás de cada abogado de guardia que asiste a un detenido de madrugada, y de cada procurador que sostiene la maquinaria de los juzgados, hay una persona que un día se jubilará con lo mínimo. Y a esto se suma un turno de oficio mal pagado: el retrato de un servicio esencial para la Justicia al que se le exige todo y se le reconoce nada.

No pedimos privilegios. Pedimos lo que a cualquier trabajador le parecería evidente: que un año de trabajo valga como un año de trabajo, que quien cotizó tenga una pensión de jubilación digna, que nadie quede fuera por su edad ni por el año en que nació.

Y que a quienes ya están jubilados en la pobreza –los mismos que nos avisaron al resto– no se les diga, simplemente, que llegaron tarde. Seguiremos en ello: por los que vienen, por los que están y, sobre todo, por los que ya no pueden esperar.

Mª Belén García García es secretaria general del único sindicato de abogados, Venia Advocatorum Unio