Begoña Gómez cambia de abogado para preparar su juicio ante un jurado popular
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha decidido cambiar de letrado para preparar una nueva línea de defensa de cara al juicio por jurado popular, que la Audiencia Provincial de Madrid avaló por delitos de tráfico de influencias y malversación. La mujer de Pedro Sánchez ha decidido así dejar atrás al que hasta ahora ha ejercido su defensa desde que fue imputada en 2024, el exministro socialista y letrado Antonio Camacho, y ha elegido al abogado Jaime Campaner, según han confirmado fuentes jurídicas.
Campaner es un conocido penalista, que ha llevado casos mediáticos como la defensa del futbolista Rafa Mir -condenado ya por agresión sexual- o del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Asimismo, ha gestionado la línea de defensa de Salvador Trinxet en el "caso Nóos", el asesor fiscal del entramado que fue acusado de ser el cerebro de la estructura societaria de Iñaki Urdangarin.
La decisión de Begoña Gómez llega después de que el tribunal avalara parcialmente la investigación del magistrado Juan Carlos Peinado de enviar a la esposa del presidente del Gobierno a juicio con jurado popular, aunque le quitó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid le había atribuido.
Además, este martes la Universidad Complutense de Madrid (UCM) entregó al instructor un nuevo escrito de conclusiones provisionales en que reclama a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también procesada, el pago de 113.509,32 euros, en concepto de responsabilidad civil dentro del marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa del presidente del Gobierno en dicha universidad pública.
En el caso de Gómez, por el delito de malversación pública en que habría incurrido con la indebida incorporación del software hacia sus propios fines privados. Y, en cuanto a su asistente en Presidencia del Gobierno, siguiendo lo establecido por la Audiencia Provincial de Madrid, el centro universitario enmarca su papel en el de "cooperadora necesaria" de la malversación "por su participación activa e indispensable en las gestiones dirigidas al desvío" de la plataforma.
Por otro lado, la decisión de Begoña Gómez llega también después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitiera este martes dos quejas contra el magistrado Peinado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que decida si impone una sanción o no al instructor. Una de esas quejas tiene relación, precisamente, con las afirmaciones que el magistrado efectuó en el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez al asegurar que los policías que ejercen de escolta de presidencia podrían ayudarla a fugarse para justificar la imposición de medidas cautelares.