¿Por qué Costa Rica recibió un arancel mayor que Guatemala, El Salvador y Honduras? Explicamos las razones detrás de la decisión de Trump

Las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos pagan un arancel del 12,5%, superior al 10% que enfrentan Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que coloca al país en una posición menos competitiva dentro de Centroamérica.

Las nuevas tarifas diferenciadas rigen desde el pasado 24 de julio para 60 economías, luego de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre los países que importan bienes de naciones que no penalizan el trabajo forzoso.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, Costa Rica ha recibido cuatro aranceles de Estados Unidos en 15 meses. El primero fue en abril del 2025, con una tarifa del 10%.

¿Por qué Costa Rica tuvo una mayor tarifa?

La pesquisa del USTR, que inició el pasado 12 de marzo para 60 países, incluido Costa Rica, estuvo relacionada con la falta de aplicación efectiva de una prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

Especialistas en comercio internacional consideraron varios escenarios al respecto.

Francisco Chacón, abogado especializado en inversión extranjera y comercio exterior, señaló que la determinación a la que llegó el USTR es que Costa Rica no tiene mecanismos para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajos forzados, aunque no se sabe si esas importaciones están ocurriendo ni cuál sería la magnitud del problema.

Ante este resultado, el jurista consideró que el gobierno estaría en la necesidad de adoptar esas regulaciones —como ya lo han hecho Guatemala, El Salvador y Honduras—, con el fin de conseguir reducir la tasa del arancel del 12,5% al 10%.

“Mi presunción es que el gobierno no lo ha hecho porque están todavía discutiendo cuál es la mejor manera de hacerlo y el fundamento jurídico que los faculte”, opinó Chacón, también exviceministro del Comex.

Por su parte, Marco Vinicio Ruiz, exjerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), explicó que Costa Rica prohíbe constitucionalmente el trabajo forzoso y cuenta con una legislación laboral sólida.

Sin embargo, el país no tiene una prohibición aduanera específica para impedir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso en otro país.

Ruiz consideró que el Comex debe aclarar este tema y sugirió que, posiblemente, pueda abordarse otorgando a la Dirección General de Aduanas la capacidad de identificar países o proveedores que provengan de lugares donde no se cumpla esta normativa.

La Nación consultó a Comex sobre la normativa que tiene Costa Rica en este ámbito y las razones de la falta de aplicación. Al cierre de edición, se esperaba una respuesta.

Tras la oficialización del arancel, el Comex reaccionó señalando que Estados Unidos mantiene las exclusiones vigentes en el arancel previo y se amplió la lista a otros productos como semillas de vegetales y frutas.

La jerarca del Comex, Indiana Trejos, aseguró que trabajarán de manera coordinada con el sector productivo y las autoridades de EEUU para mejorar el acceso de los productos costarricense y promover el libre comercio entre ambos países

Un tema complejo

La creación y aplicación de esta normativa no son tareas sencillas, indicó John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior.

Lo anterior se debe a que la ausencia de este régimen no responde a un único proyecto de ley, sino a que históricamente Costa Rica ha abordado el trabajo forzoso desde la legislación laboral, penal y de trata de personas, pero no desde la política comercial y aduanera.

“Además, diseñar una normativa de este tipo es técnicamente complejo, porque requiere definir mecanismos de trazabilidad, estándares de prueba, competencias para Aduanas y garantías de debido proceso”, apuntó Fonseca.

Además, debe procurarse que las medidas sean compatibles con las obligaciones internacionales en materia de comercio. “Si no se puede demostrar, podríamos caer en incumplimiento nosotros”, advirtió.

Por otro lado, para el Gobierno de Estados Unidos, tener esta normativa parece que no es suficiente. “Muchos países las tenían y aún así les aplicaron el 10%”, indicó Juan Luis Zúñiga, especialista en comercio exterior.

“No se trata solo de tener normas, eso no garantiza per se la aplicación. No es una obligación legal derivada de normas internacionales, es una imposición política motivada por el efecto China para Estados Unidos”, sostuvo el experto.

Zúñiga señaló que los países que han establecido normas derivadas de esa presión política lo han hecho solo para tratar de escapar de los aranceles, pero que en este caso no lo han logrado. Tal es el caso de Guatemala y El Salvador, países que establecieron un acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Con respecto a Nicaragua, el USTR le aplicó la tarifa del 12,5%. De acuerdo con el informe preliminar de la investigación, los cinco países de Centroamérica, junto con otras 49 naciones (54 en total), no han logrado imponer ni hacer cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzado.

Otras seis economías, para totalizar las 60 afectadas por el arancel, no han logrado hacer cumplir de manera efectiva esta prohibición.

“Es un tema que se maneja desde una óptica puramente política. Panamá no tiene normativa y quedó fuera de los aranceles. Se deshizo de los chinos en el tema de puertos de acuerdo a la línea estadounidense”, añadió Zúñiga.

Mientras tanto, Costa Rica tendrá que determinar a nivel interno si decide crear legislación aduanera que regule o prohíba las importaciones producidas con trabajo forzoso, lo cual podría eventualmente añadir complejidad a los operadores de comercio exterior, sin garantía de que el arancel se reduzca o se elimine, aseguró Jaime Morales, senior manager de Global Trade EY.

¿Cuál país domina el comercio con EE. UU.?

De acuerdo con los datos de los bancos centrales de los países del Istmo, Costa Rica registró el mayor monto de exportaciones hacia Estados Unidos en 2025, con casi $11.000 millones.

La oferta exportadora nacional está compuesta por bienes de alto valor agregado, vinculada principalmente a la manufactura avanzada. Además, hay productos agrícolas como piña, banano y café, los cuales quedaron excluidos del nuevo arancel.

Sin embargo, no incluye el sector que genera casi la mitad de las colocaciones costarricenses hacia el país norteamericano: los dispositivos médicos.

En tanto, Guatemala registró casi $5.000 millones en exportaciones al mercado estadounidense, mientras que Honduras, El Salvador y Nicaragua superaron los $2.000 millones. Las ventas de estos países son especialmente de productos agropecuarios y textiles.

Cuatro aranceles en fila

Costa Rica se ha visto afectada por cuatro aranceles fijados por Estados Unidos en 15 meses:

⇒ Arancel de 10%: Vigente desde el 2 de abril del 2025. Washington impuso aranceles “recíprocos” a más de 160 países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) de 1977.

⇒ Arancel del 15%: A partir del 7 de agosto del 2025, Estados Unidos aumentó a Costa Rica la tarifa impuesta en abril.

⇒ Arancel del 10%: Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló los aranceles bajo la Ley Ieepa, el presidente Donald Trump impuso una nueva tarifa temporal del 10% por 150 días en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

⇒ Arancel del 12,5%: Un día antes de la fecha de vencimiento del arancel anterior, Trump anunció la tarifa actual que está vigente desde el pasado 24 de julio.

¿Cómo se determinaron las tarifas por trabajo forzoso?

La investigación de la USTR fue realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual tiene como objetivo abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense.

De acuerdo con la USTR, dicha disposición puede utilizarse para responder a actos, políticas o prácticas de gobiernos extranjeros que sean injustificables, irrazonables o discriminatorias y que perjudiquen o restrinjan el comercio estadounidense.

A finales de abril, se celebraron audiencias públicas sobre estas investigaciones y también se hicieron consultas con más de 45 gobiernos de las economías investigadas.

El 2 de junio del 2026, el Representante Comercial de EE. UU. determinó que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectivas de la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

Posteriormente, la USTR propuso medidas correctivas e inició la recepción de comentarios por escrito. Esta oficina recibió y analizó más de 1.600 comentarios. Acto seguido, se celebraron audiencias públicas en las que más de 100 testigos prestaron testimonio y respondieron preguntas.