El Gobierno "dopa" con aportaciones millonarias extras las aspiraciones de Díaz y Planas para dirigir la OIT y la FAO

La parálisis política que atenaza al Gobierno de Pedro Sánchez, incapaz de garantizar una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante su agenda legislativa, empieza a tener efectos más allá del bloqueo institucional. Con tan escaso margen para impulsar nuevas iniciativas y con el horizonte electoral cada vez más presente y más cerca, varios ministros han comenzado a explorar salidas profesionales de alto perfil en organismos internacionales y otras instituciones, con unas puertas giratorias con destino a puestos públicos de carácter supranacional y extraordinariamente bien remunerados.

Los dos casos más relevantes que se han conocido en los últimos días, con la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la de Luis Planas para hacerse con la dirección general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ambas impulsadas personalmente por Pedro Sánchez. Un proceso en línea con la proyección internacional de otros altos cargos, siguiendo una estrategia de sucesión de candidaturas, que refleja el agotamiento de la legislatura y el pistoletazo de salida para la carrera por asegurar un futuro político e institucional más allá de La Moncloa.

Y para apuntalar esos destinos o, al menos, asegurarse una buena posición, el Gobierno activó en el Consejo de Ministros de pasado 7 de julio una contribución económica voluntaria de España a organizaciones, programas, fondos y otras entidades de carácter internacional por importe de 72,3 millones de euros que, casualmente, ha coincidido con el lanzamiento de las dos candidaturas de Díaz y Planas. Sobre todo porque en el desglose contable aparecen aportaciones millonarias voluntarias precisamente a estos dos organismos. En el caso de la OIT, el Gobierno aprobó una aportación extra de 1,7 millones, mientras que para la FAO el montante fue de 3,64 millones.

En este último organismo hay incluso una letra pequeña que hay que tener en cuenta, ya que se aprobaron también fondos adicionales a organismos satélites de la FAO e instituciones relacionadas aunque no integradas en su organización, como los cuatro millones de euros aportados al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros 200.000 euros destinados al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con la intención de ir ganando «puntos» de cara a las votaciones por el puesto. En total, el dinero aportado a la FAO y otros satélites roza los ocho millones de euros. Pero, siguiendo la estela del dinero relacionado con las aspiraciones de Planas en la FAO, también se dio luz verde a una contribución 4,05 millones para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya jefa de misión en España es la propia mujer del ministro, María Jesús Herrera.

Por su parte, la contribución de España a la OIT se divide en dos vías principales: la cuota obligatoria o prorrateada del presupuesto y las aportaciones voluntarias a proyectos. Con la cuota obligatoria, España asume un porcentaje cercano al 2,135% del presupuesto total de la organización. Esto se traduce en una aportación anual media de en torno a 8,54 millones de francos suizos (9,14 millones de euros), que desde 2018 –año desde que gobierna Pedro Sánchez– han sumado más de 72 millones (77,4 millones de euros). Sin embargo, las contribuciones voluntarias se realizan para financiar programas específicos de cooperación técnica, asistencia al desarrollo y erradicación del trabajo infantil. Y la cifra más alta de los últimos años coincide unos días antes del anuncio de Yolanda Díaz como candidata.

España ha destinado partidas anuales millonarias –que han superado los 40 millones de dólares en determinados cuatrienios– para programas centrados en la lucha contra el trabajo infantil, la promoción del empleo juvenil y la protección de los derechos laborales en Iberoamérica, y el Consejo de Ministros ha aprobado periódicamente partidas específicas –hasta 1,5 millones– para financiar el Centro Internacional de Formación de la OIT. En el caso de la FAO, la aportación fija anual supera los 4,2 millones de media, pero las aportaciones voluntarias se han multiplicado, sobre todo tras la pandemia.

De este modo, el Gobierno ha multiplicado la lista de recolocaciones. Las embajadas se han convertido en un destino privilegiado para exministros y altos cargos cercanos a Pedro Sánchez. Héctor Gómez pasó del Ministerio de Industria a representar a España ante la ONU en Nueva York; Miquel Iceta, de Política Territorial a la Unesco en París; Carmen Montón, de Sanidad a la OEA en Washington; Teresa Ribera, de ministra de Transición Ecológica a vicepresidenta y comisaria de Competencia en la Comisión Europea; o Isabel Celaá, de Educación a embajadora ante la Santa Sede.

Unas puertas giratorias socialistas que no han dejado de crecer y que han multiplicado los ingresos de anuales de los beneficiarios. Beatriz Corredor, exministra con Zapatero, es presidenta de Red Eléctrica y está en el punto de mira por el gran apagón, o Pedro Duque, exministro de Ciencia, ahora en Hispasat, muestran cómo se han utilizado estas colocaciones. También destaca Raquel Sánchez, exministra de Transportes, ahora al frente de Paradores, una empresa pública envuelta en polémica por los escándalos vinculados a Koldo García y José Luis Ábalos. Y no se quedan atrás figuras como Juanma Serrano, su exjefe de gabinete, en Correos, entidad que acumula más de 1.000 millones de euros de deuda, o Maricha Ruiz, exjefa de Prensa de Ferraz, colocada en el Hipódromo de la Zarzuela. Unas colocaciones que contradicen el discurso del propio Sánchez, que aseguró cuando llegó a la Moncloa que «queremos acabar con las puertas giratorias».

A ellos se podrían sumar destinos como el de José Luis Escrivá, de Seguridad Social al Banco de España, o Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, al Tribunal Constitucional. Dolores Delgado, por su parte, fue nombrada fiscal general del Estado directamente por Sánchez. Carmen Calvo, su antigua mano derecha, fue designada presidenta del Consejo de Estado, siguiendo el camino de otras exministras como María Luisa Carcedo y Magdalena Valerio.