Asociación de jueces critica proyecto de Marta Esquivel para cambiar elección del fiscal general: ‘Debilita la independencia del Ministerio Público’
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) expresó su rechazo al proyecto de ley que pretende modificar el mecanismo para elegir al fiscal general de la República, al considerar que la propuesta debilita la independencia del Ministerio Público y abre la puerta a decisiones de carácter político.
La iniciativa, expediente 25.634, es impulsada por la exmagistrada y diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, y pretende dar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar al fiscal general, una atribución que actualmente ejerce la Corte Suprema de Justicia.
Mediante un pronunciamiento, la organización sostuvo que el proyecto trasladaría un proceso que actualmente debe fundamentarse en criterios técnicos e idoneidad hacia un escenario de naturaleza política.
La presidenta de la asociación, Adriana Orocú, afirmó que el momento en que surge la propuesta resulta inconveniente, pues desvía la atención del proceso que deberá seguirse para la elección o eventual reelección de la persona que ocupe la jefatura del Ministerio Público.
“La iniciativa tiende no a fortalecer la independencia del Ministerio Público, sino más bien a debilitarla”, señaló Orocú.
El pasado 22 de junio, la Corte Plena conoció la actualización del perfil profesional que deberá cumplir la persona que ocupe la Fiscalía General; no obstante, el concurso para la elección o reelección del puesto aún no está abierto.
El actual fiscal, Carlo Díaz, concluye su período el 31 de octubre. Corresponderá al jerarca decidir si presenta su postulación para optar por la reelección.
En caso de que no sea reelegido o no opte por someterse a la reelección, se nombrará una persona interina mientras se realiza un nuevo concurso para la designación del titular del cargo.
Díaz tiene hasta el 30 de setiembre para comunicar la decisión.
Proceso pasaría a un órgano político
La propuesta de Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y el Control Democrático del Ministerio Público, también permitiría a los diputados remover al jerarca del Ministerio Público y evaluar anualmente su gestión mediante un informe que debería presentar ante el Plenario Legislativo.
El texto propone una reforma integral a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Según su exposición de motivos, el objetivo es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad democrática de la Fiscalía.
La propuesta reforma los artículos 23, 24, 25 y 48, relacionados con el nombramiento del fiscal general, las causales de destitución, la rendición de cuentas y el régimen de incompatibilidades.
Además, incorpora nuevos artículos para regular el procedimiento de remoción, el contenido del informe anual de labores, la evaluación legislativa y un período de dos años de restricción para ocupar cargos políticos tras dejar la Fiscalía General.
No obstante, la asociación de jueces señaló que concentrar la decisión en un órgano político podría afectar la independencia con la que debe actuar el Ministerio Público y, en consecuencia, comprometer la objetividad de la persecución penal.
También, advirtió que la experiencia internacional demuestra que, cuando esa independencia se debilita, el sistema de justicia puede convertirse en un instrumento de persecución política.
Principales críticas
Acojud identificó varios aspectos del proyecto que considera preocupantes:
- El nombramiento del fiscal general por dos terceras partes de los diputados presentes y no del total de la Asamblea Legislativa.
- La incorporación de mecanismos que, según la organización, podrían facilitar una remoción por motivos políticos.
- La obligación de que el fiscal general rinda informes a los diputados sobre el estado de investigaciones relacionadas con corrupción.
- La propuesta de evaluar el desempeño del fiscal con base en estadísticas de casos elevados a juicio frente a desestimaciones, criterio que consideran podría afectar la independencia de la función.
La asociación reiteró que cualquier reforma relacionada con la designación del fiscal general debe fortalecer la independencia judicial, garantizar procesos objetivos de selección y preservar la separación de poderes.