Mercedes González pidió datos comprometedores de la UCO tras verse con Leire Díez
La cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas –investigaciones internas– tras los encuentros que su directora, Mercedes González, mantuvo con la exmilitante del PSOE y considerada «fontanera» de Ferraz, Leire Díez. Tanto la propia jefa política como el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, decidieron incoar tres procesos para dilucidar si miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de la mayoría de investigaciones más sensibles para los socialistas, el Gobierno y el presidente del Ejecutivo, habían filtrado sus pesquisas a la prensa.
En una de esas investigaciones, González pidió datos «reservados» de la estructura de la UCO, como por ejemplo qué agentes estaban al frente de esas investigaciones, tal y como reclamó Díez durante sus trabajos para la «trama».
El uso de estos expedientes es lo que ha llevado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a citarlos como investigados el próximo 16 de julio en el marco de la causa «caso cloacas del PSOE», en el que se investiga si desde el seno de la organización política se impulsó y «financió» una «trama» para desarticular investigaciones judiciales y desacreditar a los investigadores de la unidad policial. El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
En el escrito conocido ayer, el Ministerio Público relata cómo las aperturas de expedientes se corresponden con las citas que González mantuvo con Díez cerca de la dirección general. Y, además, explica cómo el DAO ordenó abrir los dos primeros a pesar de tener conocimiento de sus subordinados de que era «imposible» que los agentes fueran los filtradores.
Según el sumario, las citas reconocidas por la directora de la Guardia Civil se produjeron el 30 de noviembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. Por su parte, las pesquisas se abrieron el 4 de diciembre de 2024, el 12 de mayo de 2025 y el 1 de septiembre de 2025. Las dos primeras se iniciaron por orden de Llamas y la última por indicaciones de González –ya que las informaciones periodísticas señalaban comportamientos del propio DAO–.
En su auto de imputación, Pedraz señala que ambos podrían haber constituido un «delito continuado de prevaricación administrativa y delito contra la Administración de Justicia». La tesis es que, con sus órdenes internas de investigar las supuestas filtraciones, habrían colaborado con las conocidas «cloacas» y que, además, lo habrían hecho a sabiendas de que las publicaciones en prensa no serían fruto de unas presuntas malas praxis de la UCO.
La primera información reservada, la del 4 de diciembre de hace dos años, estuvo relacionada con el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Un medio digital publicó la dirección de correo electrónico de la esposa del líder del PSOE, Begoña Gómez, y el hecho de que había intercambiado emails con su cuñado. Por orden del DAO, fue el general jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil el instructor de la misma, y quien acordó ese mes que se tomase declaración a una serie de agentes encargados de la causa del hermano de Sánchez.
«Pues bien, esas resoluciones se dictaron después de que el DAO conociera la naturaleza accidental del volcado de dicha información, explica Anticorrupción en su escrito. El general de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo –del que depende la UCO– informó «tan pronto como dicha noticia saltó en la prensa» de que ese mail se envió a la jueza responsable de la investigación de manera «accidental». Es decir, que el DAO conocía cómo el pantallazo terminó en el juzgado.
La segunda investigación interna se abrió el 12 de mayo de 2025, y se cerró «sin practicar diligencia alguna». Era relativa a la publicación en «El Mundo» de una serie de mensajes entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno. El citado medio, a las 23:58 del 10 de mayo. A la mañana siguiente, el día 11, a las 9:16, la directora González mantuvo una conversación por WhatsApp con Leire Díez que después eliminó. El día 12 de madrugada, horas antes de abrirse la segunda información reservada, ya se publicaron noticias que apuntaban a que era el propio Ábalos el que facilitó sus mensajes. «Lo reseñable a los efectos aquí examinados es que, pese a dichas informaciones» el DAO ordenó al jefe de Armas y Explosivos que investigase.
Para Anticorrupción deber «ser objeto de aclaración (...) si en ese momento la Directora General de la Guardia Civil había informado ya al DAO de que conocía a Leire Díez y había tenido con ella al menos tres encuentros, así como un contacto telefónico con ella esa misma mañana», después de que «Leire había conocido casi inmediatamente, a las 12:42 del 11 de mayo, a través del letrado de Ábalos, que la filtración no provenía de la UCO». Es decir, si la información se abrió a sabiendas de que no podía venir de la policía judicial.
La última de las investigaciones fue abierta por orden de la directora. Lo hizo tras publicarse en prensa una información que atacaba al DAO, hombre de su confianza, por, presuntamente, pedir de manera «insistente y reiterada» datos sobre las investigaciones sensibles, y que esas apreciaciones podrían venir de «mandos del Cuerpo y algún integrante de la UCO». Entre las diligencias, el instructor requirió a Policía Judicial un «“organigrama de la unidad en la que se haga constar aquella parte de la estructura de la misma que tenga relación directa con las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno». Para la Fiscalía esto es relevante porque uno de los objetivos de las «cloacas» era conseguir información comprometedora sobre los mandos de la UCO, y esta petición, por orden de Mercedes González, se hizo tras las reuniones con la conocida como «fontanera».